•Urge reivindicar la labor social del periodista en la consolidación del Estado democrático y constitucional: CNDH
Cándido Ríos Vázquez fue asesinado la tarde del martes 22 de agosto pasado en el municipio de Hueyapan, al sur del estado de Veracruz. Fue el décimo periodista que de esta forma muere en lo que va de la actual administración. Sin embargo, el hecho ya poco sorprendió, pues durante este sexenio van 36 y sigue la impunidad.
Tal parece que en México no hay novedad y que, como dice una conocida canción, todo sigue igual. Más bien peor porque a los terremotos que han impactado el país, principalmente el centro y sur de la República, en septiembre de 2017 se han agregado los azotes de huracanes y tormentas tropicales. Pero nada remuerde la conciencia de los poderosos pues la violencia, corrupción y la endeble libertad de prensa imperan como nunca. De esto sabe la población en general y sufre, sobre todo, el gremio periodístico que ha padecido el asesinato de por lo menos 10 de sus integrantes en lo que va del año, lo que suma 36 en la actual administración. Este escenario ha llevado a concluir a través de encuestas entre la población, que prácticamente no hay libertad de prensa en el país.
Por eso es que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dice que en México urge reivindicar la labor social del periodismo en la consolidación del Estado democrático y constitucional, así como para la re-dignificación de su labor instrumental en favor de la sociedad. Aclara que la libertad de expresión es un derecho de todas las personas, aun cuando su ejercicio está estrechamente relacionado con los medios de comunicación.
Es así que no se trata simplemente de reconocer el derecho que tienen los medios y los periodistas a expresarse y de reconocer su libertad de prensa, sino que en un régimen democrático la discusión involucra también el tema del derecho de los individuos a estar informados de forma oportuna, veraz y confiable sobre lo que acontece en el espacio público. Como garante de las libertades, el Estado debe generar las condiciones que permitan ejercer el derecho a comunicar información en condiciones adecuadas y sin obstáculos. González Pérez reconoce que México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, como lo han documentado diversas organizaciones, entre ellas Freedom House. Por ello, acepta que aún hay mucho por hacer para que los periodistas ejerzan sin cortapisas y sin riesgo el derecho a informar.
En la realidad de los últimos años, esos estudios que menciona el titular de la CNDH permiten asegurar que en el país se desprecia a los periodistas. Javier Garza Ramos que es Knight Fellow en el International Center for Journalists, acusa de esto no sólo al crimen organizado, sino también a actores políticos relevantes o de cualquiera que se encuentre bajo el escrutinio de los medios de comunicación, incluso de parte de quienes deben salvaguardar el derecho de la libertad de expresión. Sostiene que las agresiones son legión: Homicidios y secuestros de periodistas, ataques armados contra instalaciones de medios, golpizas a reporteros que cubren manifestaciones callejeras, robo o destrucción del equipo que usan para consignar lo que sucede en las calles, amenazas para dejar de publicar información incómoda, intervenciones cibernéticas para acceder a datos privados de periodistas o lanzar campañas de desprestigio, acoso legal mediante detenciones arbitrarias, citatorios judiciales o demandas.
Sus investigaciones revelan que en 15 estados del sur del país, el mayor riesgo son policías locales o grupos sociales; mientras que en el norte el crimen organizado es el principal agresor de periodistas, para evitar que los hechos violentos que desatan en la pugna por territorios lleguen a los diarios, los noticieros o las redes sociales. Pero hay algunas entidades que registran una variedad de agresiones, como si fueran microcosmos de la nación entera. En Veracruz, por ejemplo, se han registrado homicidios, secuestros, golpizas, amenazas, robo de equipo, hackeo de páginas de Internet, detenciones arbitrarias y otras formas mientras que Tamaulipas, Chihuahua y el Estado de México viven una diversidad similar. La mayoría de las agresiones proviene de las fuerzas de seguridad pública, las policías municipales y estatales, así como la Policía Federal. Los actores políticos también figuran como agentes hostiles, lo que comprende a alcaldes, funcionarios de gobierno y legisladores.
En ocasiones, estos servidores públicos se valen de algún cuerpo policiaco para agredir a un periodista; en tanto grupos del crimen organizado son con frecuencia los responsables de los ataques más violentos al secuestrar o asesinar a los profesionales así como ataques armados contra instalaciones de medios. Pero de manera creciente otros grupos se han convertido en agresores de periodistas, particularmente activistas sociales que atacan a reporteros durante coberturas, así como empresarios o guardias de seguridad privados que buscan impedir que los ojos de la prensa se asomen a sus actividades. Javier Garza Ramos concluye que la diversidad de agentes hostiles a los medios sólo se explica a partir de la impunidad.
Esta es la visión de quienes han estudiado la situación de los trabajadores de medios de comunicación en México, un país en el que 9 de cada 10 ataques contra periodistas quedan sin castigo y con frecuencia sin ni siquiera una investigación, debido a esto resulta sencillo para cualquier persona agredir a un periodista o a un medio y salirse con la suya. Es fácil para un policía golpear a un reportero en una manifestación, como es fácil para un político amenazar a un periodista por hacerle una pregunta incómoda o para un empresario robarle la cámara a un fotógrafo que captaba imágenes de la clausura de su negocio, afirma Garza Ramos, quien agrega que en gran medida, la impunidad viene de la ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para impedir las agresiones a periodistas.
Una Fiscalía sin dinero
Sostiene que con el fin proteger el oficio periodístico en México, el país cuenta con una Fiscalía para delitos contra la libertad de expresión y con un mecanismo de protección de periodistas, mientras que algunos estados replican estas dependencias. No obstante, el problema es que su efectividad está en duda porque no tienen recursos. Por un lado, acceder a la protección de estas instituciones puede ser un calvario burocrático que sólo aumenta la vulnerabilidad de un comunicador. Prueba de esto es que si un agresor potencial sólo necesita unos minutos para materializar una amenaza, un periodista requiere varios días para que le respondan su solicitud de protección o le reciban una denuncia.
La mayoría de las agresiones contra periodistas se dan fuera de la Ciudad de México, pero cualquiera que pida protección debe solicitarla a un consejo radicado en la capital, donde con frecuencia desconocen las realidades locales. Por otra parte, las instituciones federales y locales encargadas de proteger a periodistas o perseguir a sus agresores han resultado ineficaces. Un dato basta: de los siete periodistas asesinados en 2014, cinco de ellos fueron secuestrados previamente y estuvieron desaparecidos durante varios días antes de morir. Esto significa que ante las denuncias de plagio las autoridades federales o locales (dos casos ocurrieron en Tamaulipas y el resto en Veracruz, Sinaloa y Guerrero) fueron incapaces de montar operativos para encontrarlos o presionar a los delincuentes para liberar a los comunicadores e impedir su muerte. La falta de castigo a los agresores de periodistas y de disuasión hacia atacantes potenciales alimenta la vulnerabilidad de la prensa mexicana.
Mariclaire Acosta es la directora de Freedom House. Señala que en México la libertad de expresión está protegida por el artículo 6° constitucional y que pese a ello las violaciones a la libertad de informar están a la orden del día.
Freedom House ha dedicado buena parte de sus esfuerzos como organización de derechos humanos a defender la libertad de expresión en donde sea que ésta se encuentre seriamente amenazada. Año con año, desde 1980 publica un informe anual sobre el estado que guarda la libertad de prensa en el mundo. Cubre a 199 países y territorios donde expertos nacionales y regionales, así como organizaciones de la sociedad civil, consultan documentos gubernamentales, de instituciones multilaterales y de los propios medios de comunicación. El informe asigna a cada uno de los países y territorios bajo estudio una puntuación de cero a cien puntos, el cero constituye la mejor en términos del disfrute de la libertad de prensa, y cien la peor. Según el puntaje obtenido, los países se clasifican en tres grandes categorías: países libres (puntaje menor a 30); países parcialmente libres (puntaje entre 31 y 60 puntos), y países no libres (con puntajes mayores a los 61 puntos).
México, un “país no libre”
Lamentablemente, México ha recibido la calificación de “país no libre” desde hace varios años. Su puntuación ha incrementado en forma continua desde los 60 puntos en 2010 a los 63 en 2015, quedando casi a la par de Irán y Turquía, y ligeramente por debajo de Ecuador. Mariclaire Acosta relata con ejemplos cómo el entorno jurídico que regula a la prensa en México inhibe su libertad, debido entre otros factores a la persistencia de leyes que penalizan la difamación en 12 de los 32 estados de la República. Considera que la imposición de altísimas multas a las estaciones de radio no autorizadas, frecuentemente comunitarias, se traduce en una forma de censura de facto para estos medios, que prestan un servicio invaluable en las zonas indígenas y las más alejadas en el país.
Asimismo, resalta que la alta concentración de la propiedad de los medios, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones, también inhibe la libertad de prensa en México, toda vez que atenta contra la pluralidad y la diversidad en la información. La dependencia de la publicidad oficial como medio de supervivencia de muchos medios, los obliga a mostrarse benévolos con los gobiernos y frecuentemente los somete a sus agendas e intereses.
Por otra parte, los altos niveles de violencia y agresión a periodistas y medios de comunicación en México, la impunidad de los múltiples ataques a éstos, y la corrupción en los aparatos de seguridad y justicia, representan en los informes de Freedom House, el motivo más grande de preocupación, porque la libertad de prensa simplemente no se puede producir en un clima político como el prevaleciente, marcado por una profunda crisis de derechos humanos, seguridad y legitimidad. Y es en este contexto de enorme precariedad donde los periodistas se vuelven un grupo sumamente vulnerable y blanco de ataques tanto por parte del crimen organizado como por las autoridades.
La directora de Freedom House va al fondo al indicar que la impunidad crónica tiene muchos efectos nocivos, pero uno de ellos, que vale la pena destacar es que estimula el miedo y la autocensura de los informadores, como el único medio al alcance para protegerse. En consecuencia, el silencio impuesto en amplias zonas del país afecta a la población en su conjunto y es un atentado al derecho a la información y a la convivencia democrática.
Así es como en las últimas cinco décadas la clase política hundió al Estado Mexicano en las profundas aguas fangosas de la corrupción e impunidad que en contubernio con el crimen organizado mantiene sometida y aterrorizada a su población; de la misma manera que, a través de la publicidad, controla a la mayoría de los medios de comunicación y a sus periodistas, la delincuencia hace lo propio con los comunicadores, a los que amenaza para que cubran y publiquen sus actividades delictivas o de no hacerlo, los “levantan”, torturan, asesinan o lo desaparecen.
De esa manera, gobernantes y clase política en general actúan con total cinismo e impunidad a sabiendas del control discrecional de la información que mantienen con los organismos oficiales como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de las empresas editoriales quienes a su vez tienen bajo control a sus reporteros y solamente uno que otro se lanza a la aventura de investigar.
Las empresas de comunicación se justifican al señalar a los reporteros como faltos de iniciativa, pocos profesionales, con deficiente preparación. Pero no los actualizan y sobre todo les niegan tiempo para investigar, además de que la mayoría sobrevive con el salario mínimo profesional que es de 4,546 pesos mensuales, sin prestaciones y solamente dos o tres medios ofrecen una remuneración suficiente a sus reporteros.
Cabe recordar que el entonces secretario General de la Organización Internacional de Periodistas (OIP), Jiri Kubka, en un artículo titulado ¿Profesión o misión? Publicado en El Periodista Demócrata, órgano oficial de la OIP del nueve de septiembre de 1986 dijo que “…el periodismo no solamente es una profesión que defiende sus propios intereses, sino que es una noble y responsable misión, cuyo incumplimiento arrastra a los pueblos a la perdición y con ellos se lleva a los periodistas.”
En un vuelco direccional de los medios que hoy día padecemos, asumió que durante los tiempos de la revolución burguesa los editores no buscaban tanto el beneficio como la posibilidad de influir en los pensamientos humanos. Sin embargo, la permanente divulgación de la palabra impresa empezó a ofrecer la posibilidad de sacar beneficio, sobre todo al convertirse en un poderoso medio para dar publicidad a todo tipo de mercancías. Así, el redactor se convirtió en productor de mercancías, las cuales podían ayudar a vender otras mercancías influyendo en el pensamiento de las personas.
Un fantasma en los escombros
Como muestra está el caso de la niña Frida Sofía que nunca salió de los escombros de la escuela Enrique Rébsamen ubicada al sur de la ciudad de México, en la calle Rancho Tamboreo y calzada de Las Brujas, colonia Nueva Oriental Coapa, delegación Tlalpan, uno de los 44 edificios colapsados por el sismo de 7.1 en la escala Richter del pasado 19 de septiembre.
Curiosamente, justo cuando en las redes sociales arreciaban las críticas en contra de toda la clase política y la administración encabezada por Enrique Peña Nieto se anunció el rescate de la niña de 12 años, aunque después de 24 horas, cuando el guion era ya insostenible igual que la manipulación, se acabó el teatro y se dio a conocer que la infante ¡nunca existió! Que todo se trató de un montaje de la Armada de México y Televisa, la empresa especializada en hacer telenovelas.
Cuando acabó esta farsa la indignación en las redes sociales fue mayúscula. Una anciana replicó la condena popular al suplicar a los medios de comunicación no andar haciendo este tipo de burlas. “A una vieja como yo la tuvieron sentada todo el día, nomás llorando y ahora salen que es falso. Esas son chingaderas. ¡Qué poca Madre tienen!”, expresó.
La libertad del periodista es proporcional a la libertad de los demás ciudadanos, decía Jiri Kubka. Lo malo es que este escenario se repite por diferentes medios con la finalidad de tapar un comportamiento que nubla la libertad de conocer la verdad.
Para el caso se recuerda que en noviembre de 2014 el noticiario MVS-Radio, con Carmen Aristegui al frente denunció en investigación de varios meses realizada por su equipo de periodistas, y con apoyo de la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas y el International Center For Journalists, pudo confirmar que una residencia ubicada en Sierra Gorda número 150, en una de las colonias más lujosas de la capital del país –con un valor aproximado de 86 millones de pesos, alrededor de 7 millones de dólares-- era propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que pertenece al Grupo Higa. Lo cierto es que resultó ser de Angélica Rivera -esposa del presidente de la República- quien más tarde, presionada por la opinión pública, a través de un video que difundieron las principales televisoras y medios de comunicación, trató infructuosamente de justificar su posesión al decir que la había adquirido con dinero ganado a lo largo de su vida como actriz.
Interminable lista de corruptelas e impunidad
La lista de casos como el anterior parece interminable. Pero son tantos que, como sucede con el asesinato descrito al inicio, no pasa nada. Recientemente un grupo de periodistas en conjunto con la organización civil, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) exhibieron otra de tantas redes de corruptelas en el Gobierno Federal en la que participaron 186 compañías quienes recibieron 7 mil 670 millones de pesos del erario federal, a través de contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014. Por lo menos 3 mil 433 millones de pesos se esfumaron por arte de magia, terminaron en empresas fantasmas.
En todo este entramado participaron once dependencias gubernamentales y ocho universidades cómplices quienes recibieron mil millones de pesos solamente por servir de intermediarias; se mencionan a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la gestión de Rosario Robles Berlanga; a BANOBRAS, con Alfredo del Mazo Maza al frente —hoy gobernador del Estado de México—; a la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada en ese momento por Emilio Chuayffet, amigo del presidente; al FOVISSSTE, organismo de vivienda del ISSSTE que dirige José Reyes Baeza Terrazas, exgobernador de Chihuahua. También la Secretaría de Agricultura en la época reciente de Enrique Martínez y Martínez; al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y a la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo. En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN) Presidente de la República.
Lo que sorprendió fue la participación en estas sucias maniobras corruptas de instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT); la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado. Un modus operandi que a decir del grupo de periodistas investigadores se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.
Otro hecho grave, que más que causar asombro provoca impotencia y desánimo entre la ciudadanía es la complicidad del crimen organizado con autoridades de cualquier índole, como el que se descubrió el 25 de agosto pasado cuando elementos de la Gendarmería de la Policía Federal y de la Policía Estatal detuvieron a siete personas que intentaban descargar combustible ilegal en la estación E 07181, ubicada en el kilómetro 2.4 de la carretera Mexicaltzingo-Santiago Tianguistenco, Municipio de Chapultepec, Estado de México.
El negocio resultó ser propiedad de Ricardo Víctor Mercado Galán, María del Carmen Miranda Nava y tres de sus hijos; cuñado, hermana y sobrinos del titular de la Sedesol, Luis Miranda Nava, uno de los políticos más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto. La investigación del diario Reforma reveló que la estación con razón social Super Servicio M y M, S.A. de C.V., opera bajo el nombre comercial del franquiciatario Easy Gas, igual que las gasolinerías Servicio Megal, S.A. de C.V., en Metepec, y Servicio Rimer, S.A. de C.V., en Santiago Tianguistenco. Mercado Galán, quien además es Rector de la Universidad Isidro Fabela de Toluca, fundada en 1970, funge como accionista mayoritario en Servicio Megal y Servicio Rimer, según las actas de esas razones sociales. El negocio fue clausurado, mientras los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, pero de la acción en contra de los propietarios nada se sabe.
Pero si de impunidad se trata hay que empezar por el esclarecimiento de los periodistas asesinados, secuestrados, desaparecidos y agredidos, cuyos resultados han sido más que infructuosos, desesperantes. Otro caso ilustrativo es el de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, entidad federativa ubicada al noroeste de México donde por negligencia, hace ocho años murieron 49 niños y niñas, ninguno mayor de cinco años. El suceso dejó una profunda herida en la sociedad ya que hasta el momento ninguna autoridad de alto nivel ha sido condenada.
Tampoco hay que olvidar a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 cuando unos 100 estudiantes llegaron a Iguala con el fin de tomar autobuses para dirigirse a la ciudad de México con el fin de participar en la manifestación del 2 de octubre para recordar los hechos de la matanza estudiantil de1968 en que elemento del Ejército y francotiradores masacraron a jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco.
Y los migrantes, la mayoría centroamericanos, no se salvan de morir en su tránsito por México hacia Estados Unidos. Fue el caso de 72 migrantes en un rancho ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas donde fueron masacrados. A siete años de esa agresión hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) tiene 15 personas consignadas, pero ni una sola condenada.
A Javier Valdés, un periodista sinaloense, comprometido con la causa y asesinado apenas el 15 de mayo último a plena luz del día en la ciudad de Culiacán, se le recuerda por sus reportajes y sus libros, casi todos sobre el narcotráfico, el tema que mejor cubrió. En una entrevista hecha casi al final de su vida, respondió: “Al gobierno federal le vale madre el tema de los periodistas, no le importa, la libertad de expresión… No le interesa. Lo que te puedo decir ahora es que no hay condiciones para una vida digna en México, y si no hay estas condiciones, tampoco hay condiciones para ejercer el periodismo. Al gobierno no le importa este aspecto, no le importa aplicar la ley. Por eso, creo que solo son dos casos en los que hay detenidos de cerca de un centenar de homicidios y desaparecidos, etcétera. Son como 250 periodistas que están pidiendo asilo político en Estados Unidos.
“Se sigue manejando el tema de la publicidad oficial con mucha discrecionalidad. Se privilegia mucho a las televisoras, a las estaciones de radio por la audiencia y porque es discrecional el asunto de las concesiones que se dan a estaciones de radio y televisión. Entonces, es un criterio de carácter político, no hay igualdad, no hay transparencia. A los medios críticos nos siguen castigando con publicidad. Entonces, no hay salvación. Tú no puedes acudir al gobierno si te amenaza el narco. Lo mejor si te amenaza el narco y es un narco poderoso… lo mejor es o te sales del periodismo o te vas del país, porque ya no hay donde acudir o a quien acudir”.
Para los organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros, México sigue siendo el tercer país del mundo más peligroso para ejercer el periodismo.
