Directorio

Directorio
Mostrando entradas con la etiqueta eduardo guerrero. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta eduardo guerrero. Mostrar todas las entradas

martes, 30 de junio de 2015

Homenaje a Manuel Camacho Solís


Por EDUARDO GUERRERO GUTIÉRREZ



Manuel Camacho Solís será recordado como uno de los políticos más influyentes de la transición mexicana a la democracia. Sin embargo, antes de incursionar en la política, Manuel fue también un académico riguroso y un observador crítico de las instituciones políticas del país. Esta faceta menos conocida de Camacho Solís, la del joven académico que desde El Colegio de México reflexionaba sobre la ruta para superar el desgaste de las instituciones del viejo sistema, tendría un profundo impacto sobre su carrera política. Manuel fue sobre todo un hombre de acción, que creía en la necesidad de reformar al sistema para que sirviera mejor a los intereses de los ciudadanos.

Nunca cedió, como era la norma en aquellos años, a la tentación de eludir los temas de fondo (como la encarnizada disputa por el poder y el autoritarismo del sistema), para hacer investigación académica desde la torre de marfil. Sin embargo, también estaba convencido del valor que la reflexión sosegada y el pensamiento estratégico tenían tanto para el entendimiento como para el ejercicio eficaz del poder.

En un penetrante artículo publicado en 1974, cuando apenas tenía 28 años, Camacho ya advertía sobre el “empirismo político”, la tendencia del Estado a concentrarse en intermediar los intereses entre distintos grupos de interés, que él llamaba “feudos”. Su propuesta ante esta tendencia contemplaba la formación de un grupo compacto y organizado, con vocación transformadora, que llegara a ocupar los centros neurálgicos del poder económico y político del Estado. Una clara premonición de lo que sería el grupo que más tarde integraría en la Secretaría de Programación y Presupuesto, junto con Carlos Salinas, y que impulsaría algunos de los cambios más dramáticos (todavía polémicos) en la vida económica y política del país.

En sus escritos tempranos, Camacho también identificó algunos de los grandes problemas que marcarían y trascenderían la transición mexicana a la democracia. Uno de carácter central fue la relación clientelar entre las cúpulas sindicales y el Estado. Camacho Solís veía en los sindicatos charros –y en la dependencia que el gobierno tenía de ellos como instrumentos para el mantenimiento del orden y la movilización política– un desafió de primera magnitud para la legitimidad del Estado. En su opinión, en el México de Echeverría ya era necesaria una nueva generación de líderes sindicales que gozaran de la confianza de los trabajadores y que pusieran freno a la erosión de la legitimidad del sistema (una generación que 40 años después sigue sin arribar).

La necesidad de transformar el sistema político para dotarlo de mayores capacidades para procesar y atender demandas sociales fue un tema recurrente en su producción académica. Camacho Solís promovió la consolidación de una democracia representativa como la mejor alternativa para la renovación del sistema (en un tiempo en el que la vía del exacerbamiento del autoritarismo no había sido, de ninguna manera, descartada). Sin embargo, Manuel también tenía muy presente que la “capacidad de atracción” de los partidos políticos sería un desafío central para la eficacia del sistema democrático en México. En un texto de 1977 alertaba que, sin esta capacidad de atracción “el sistema seguiría enfrentando un grave problema de falta de representación política”.

No obtener la candidatura del PRI en 1994, como muchos esperaban, fue un duro golpe (como ha sido para otros políticos que han tenido posibilidades reales de llegar a la Presidencia, y no han visto dichas posibilidades materializarse). Sin lugar a dudas, el rompimiento que siguió con Carlos Salinas y con el PRI fue un punto de inflexión en su carrera. Pero esta derrota nunca nubló el juicio de Manuel. A partir de ese momento, además de mantener una vigorosa participación política –ahora desde la oposición– retomó la reflexión en torno a los desafíos de la naciente democracia mexicana. En 1994 publicó Cambio sin ruptura, un texto en el que describe los mecanismos que permitirían al PRI dominar el juego político, incluso en un contexto de creciente competencia.

Más adelante, cuando apenas comenzaba el primer gobierno de la alternancia, en los tiempos del “bono democrático” de Vicente Fox, Camacho ya alertaba sobre el riesgo de parálisis; entendió que, aunque el PRI salió de Los Pinos en el año 2000, estaba destinado a mantener una posición dominante en el Congreso. Sólo así se explica que el gobierno de Peña Nieto pudiera desahogar en pocos meses varias de las reformas que se mantuvieron congeladas durante los 12 años de gobiernos del PAN. Desafortunadamente, Manuel también fue visionario al advertir sobre el enorme riesgo que la violencia del crimen organizado implicaba para el país.

Cuando todavía no era tema, hablaba insistentemente sobre la ilegalidad y la necesidad de “evitar que se mezclen los conflictos sociales y políticos con la violencia que genera el mundo de la ilegalidad”. Con el fallecimiento de Manuel Camacho hemos perdido un liderazgo político con espíritu transformador, que demostró capacidad para construir acuerdos en momentos decisivos. También hemos perdido una mente inteligente y certera, que supo interpretar con elocuencia los grandes desafíos de la vida política nacional. Nos hará falta. Lo extrañaremos.

Twitter: @laloguerrero

martes, 23 de junio de 2015

La reforma política que necesitamos

Por EDUARDO GUERRERO GUTIÉRREZ
Pasadas las elecciones, los observadores de la vida política se encuentran –como de costumbre– insatisfecha. Las candidaturas independientes prometen sacudir un poco los males del sistema. De ahí en fuera, no se vislumbra una vía para recuperar la alicaída confianza de los mexicanos en la democracia. Los ciudadanos desconfían porque el sistema propicia la simulación.
Tenemos reglas formales que buscan imponer un sistema aséptico, sin márgenes para la injerencia de grupos de interés. En la práctica la realidad se impone. El cálculo de los contendientes es que las violaciones a la ley electoral deben ser suficientes para hacer competitiva su candidatura, pero sin llegar a ser tan burdas para desatar un escándalo mediático (una tenue línea que el PVEM no ha sabido distinguir). En cualquier caso, al final del camino –si se gana por un margen suficiente– habrá algunas multas... y dduardo ginero de sobra para pagarlas.

Una primera fuente de simulación son las reglas respecto a los límites al financiamiento. En el ámbito federal, la ley prevé que sólo el 10 por ciento del dinero que los candidatos reciben para las campañas provenga de fuentes privadas. Los expertos estiman que en la práctica la proporción es más o menos la contraria, y que los candidatos llegan a invertir varios cientos de millones de pesos a algunas campañas. Así las cosas, las carretadas de dinero público, que buscan garantizar la equidad en las contiendas, no son más que tirar dinero bueno al malo. Tal vez sea tiempo de transitar a otro esquema de financiamiento, que resulte menos oneroso para el erario y que permita a los ciudadanos, cuando menos, conocer quiénes fueron los particulares que le apostaron a cada candidato.

Otra fuente de simulación es la operación electoral. En términos generales, los políticos en México no le apuestan a convencer a los ciudadanos; su prioridad es conseguir el favor de un grupo de grandes operadores, que a su vez disponen de una red de pequeños operadores en cada colonia. A puerta cerrada, los políticos reconocen que las elecciones las ganan las estructuras. Por citar un ejemplo conocido, se dice que por años el principal operador político en la capital ha sido René Bejarano. Algunos comentaristas han señalado que si el PRD perdió en las delegaciones donde la corriente Izquierda Democrática Nacional (bejaranista) controla la estructura (Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan y Xochimilco), fue porque Bejarano se negó a operar a favor de los candidatos del PRD.

En todas las democracias del mundo existen maquinarias electorales. Sin embargo, en México los operadores actúan a espaldas de la ciudadanía y por medio de la compra del voto. Éste es uno de los factores que vacían de sustancia nuestro sistema democrático y que encarecen más el costo real de las campañas. Dentro de esta lógica, las elecciones tienen más de carrera para movilizar recursos que de competencia entre proyectos políticos.


Para tratar este mal es necesario sacar a las estructuras y los operadores de la penumbra en la que actualmente operan, imponerles límites y supervisarlos. Lograrlo será muy difícil, pero implica, por lo menos, que los candidatos nos digan quiénes son sus operadores (así sabremos si son recompensados con cargos públicos o contratos) y cuánto dinero destinan a contratar sus servicios.

Otro mal crónico de nuestra democracia ha sido la falta de confianza en la neutralidad de las autoridades electorales. El sistema de cuotas para el nombramiento de los consejeros electorales, que ha prevalecido desde la creación del IFE, ahora INE, es la razón de origen de este deterioro en el prestigio del Instituto. En 2003, Elba Esther Gordillo, entonces coordinadora de los diputados del PRI, promovió dentro de su bancada a Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del Instituto.

En sus memorias, Ugalde reconoce que “los diputados negociaban en privado y nadie conoce los criterios que orientaban sus decisiones. Parecían más interesados en nombrar personas que les dieran certeza a ellos, los partidos, que a los ciudadanos.” Años más tarde, después del cataclismo que fue la elección de 2006, el senador Manlio Fabio Beltrones se empeñó en una reforma que implicaba destituir a todo el Consejo General del IFE, vulnerando irremediablemente su autonomía.

Al parecer la insistencia del senador Beltrones fue una venganza personal en contra de quien él percibía como el aliado de su rival, la maestra Elba Esther. Para recuperar la confianza en el INE es indispensable terminar definitivamente con el sistema de cuotas en el nombramiento de consejeros. Además de una gran dosis de voluntad política será indispensable que los legisladores hagan transparentes los criterios que siguen para nombrar a los consejeros.

Por último, coincido con quienes señalan que necesitamos una reforma que favorezca la construcción de mayorías. El principio de representación proporcional agotó su propósito en los años 80 y 90, cuando el país apenas despertaba al pluralismo político. Hoy es anacrónico. No ha servido para dar representación política a las minorías (no hay un solo partido, por ejemplo, que tenga en su agenda llevar a representantes de los pueblos indígenas al Congreso). En contraste, sí ha engendrado al menos un partido netamente rentista, al que todo se le solapa porque ha demostrado ser decisivo para alcanzar mayorías en el Congreso.

Hace cinco años José Córdoba y José Woldenberg participaron en un debate sobre este tema auspiciado por la revista Nexos. Con lucidez plantearon dos alternativas: o mantenemos el pluralismo y renunciamos al sistema presidencialista; o mantenemos el sistema presidencialista y renunciamos a las fórmulas de representación proporcional. Ambas opciones son legítimas y merecen considerarse. Lo que ya no se puede es eludir el problema de fondo, y seguir parchando un sistema que ha demostrado ser disfuncional.

Twitter: @laloguerrero