En momentos de soledad y rechazo social, cuando ni los de casa abogan en su defensa, los gobernantes necesitan refugiarse en el sosiego y la cautela, ser humildes y conciliadores, alejarse de empresas de riesgo como la tentación de reprimir y, en especial, hacer suya una sabia transigencia para resolver, con claridad y justicia, los conflictos visibles y los enmascarados. Han de saber que la impotencia y la desesperación por la pérdida de confianza y legitimidad ante la sociedad pudieran mal aconsejarles el peligro de rendirse al arrebato y al falso y vanidoso amor propio que los arrastraría al abismo y su fatalidad.
Aquel escenario parece ser un espejo fiel donde los señores en el poder deberían, con alguna pizca de inteligencia, mirarse con honestidad y reflexión en sus arranques de perdonavidas, en sus desplantes de amenazar con la torpeza del garrote diazordacista a la inconformidad general y de echarle la culpa a las distintas clases sociales de pretender, en sus multitudinarias protestas callejeras, desestabilizar al país con sus demandas para que la autoridad deje de proteger y castigue con la ley a los asesinos, a todos los delincuentes impunes y a los corruptos tanto de fuera como de dentro del gobierno.
Ya se había dicho aquí la verdad de que la clase política gobernante va de un error a otro con suma facilidad, con sus falacias y toscas posiciones, en sus afanes y nerviosismo por aclarar situaciones o por contener la gigantesca ola de descontento contra el sistema político y sus débiles y desprestigiadas instituciones. Refleja todo este escenario, con nitidez, la idea de que la alta burocracia se halla al centro de arenas movedizas simbolizadas por el despertar de la gente después de la barbarie de Ayotzinapa y, cuanto más se agita, más se hunde en el pantano que ya amenaza con asfixiarla.
Temerosos del constante avance de la protesta social y desprovistos de una respuesta o solución convincente al clamor de justicia que recorre el país y rebota en el extranjero, a dos meses de la barbarie de Iguala, los señores en el poder quieren infundir miedo con la decisión de criminalizar la protesta y encarcelar a inocentes en penales de máxima seguridad bajo la temeraria acusación de motín y posible terrorismo y otras argucias propias de regímenes dictatoriales enemigos de la democracia y opresores de sociedades que sueñan con la libertad. Por algo las manifestaciones de decenas de miles y miles de mexicanos por las calles de las principales ciudades del país, con eco en muchas capitales del mundo, han acuñado como sus consignas y gritos estelares los contundentes “¡Fue el Estado!” “¡Fuera Peña Nieto!”.
A la espera de mejores tiempos, si estuviera al final de su incierto túnel, el señor Peña Nieto camina solo entre la tormenta de críticas y descalificaciones a su desinflado gobierno y nadie de sus equiperos y correligionarios de primer nivel, ya sean los responsables de la política interna, de la procuración de justicia o de los pastores camarales de su partido, salen a ofrecerle solidaridad o a defenderlo ante el descomunal acoso al caduco sistema político de parte de una sociedad harta de la violencia, los asesinatos, las fosas clandestinas, las desapariciones forzadas, la impunidad, la corrupción, la miseria, el hambre y la consolidación de castas minoritarias que se enriquecen con los recursos de la nación, con los dineros del erario y con la obra pública que se reparte entre amigos, socios y cómplices. Un estado fallido, sintetizaría la aguda visión del presidente de Uruguay, José Mujica, aunque horas después matizaría como cortesía a la diplomacia. Hasta los medios extranjeros que alguna vez, hace poco tiempo, lo consideraron el salvador de México y el exitoso autor del mexican momento que abriría las puertas del país al voraz capital transnacional para llevarse el petróleo, le han dado las espaldas y ahora aguijonean su figura presidencial con las agudas lanzas de tinta y papel de sus escribientes molestos con la crisis social y política. Vaya: ni se diga de la nueva y sorpresiva posición crítica de la cúpula de la iglesia católica mexicana, antigua aliada de los regímenes priístas y panistas, con su comprometido “¡Basta ya!” contra el estado de cosas, espoleada tal vez por el Papa Francisco a ponerse del lado de la sociedad más que de los gobernantes.
La caída de la imagen del señor Peña Nieto y su grupo de notables a niveles ínfimos en México y el mundo, donde a voz en cuello se le reclama hoy sí y mañana también que encuentren a los 43 normalistas desaparecidos por el Estado, juzguen a los verdaderos autores materiales e intelectuales y esclarezcan el móvil, vino a complicárseles más todavía con la denuncia de la valiente y respetable periodista Carmen Aristegui, en su portal Aristegui Noticias, sobre el tráfico de influencias, el conflicto de interés y la sospecha de corrupción en los tejes y manejes de la mansión de la pareja presidencial identificada con ironía como La Casa Blanca de Las Lomas de Chapultepec, valuada nada menos que en siete millones de dólares, inscrita a nombre de la primera dama. Falta saber por qué la construyó y pre escrituró para cedérselas la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, beneficiario de contratos por 33 mil millones de pesos en obras del gobierno del estado de México en el sexenio de Peña Nieto y de otros 22 mil millones de pesos en menos de dos años del actual gobierno federal, a reserva de contabilizar su cuota que iba a recibir como ganadora en el complejo de empresas chinas-mexicanas del proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro, a un costo de 52 mil millones de pesos, concesión cancelada unas horas antes de este escándalo. Fue incluso como echarle más gasolina al fuego seguir el torpe consejo de que la señora Angélica Rivera de Peña fuera enviada a explicar cómo adquirió el costoso inmueble en un video poco convincente, como tampoco satisfizo a nadie el desglose del inquilino de Los Pinos sobre sus 15 propiedades que valoró en 47 millones de pesos y, según dijo sin exhibir documentación, buena parte las obtuvo por medio de donaciones y otras las compró en unos cuantos viejos pesos, aunque la gente esperaba que le informaran dónde fueron las gangas y remates.
Con los ánimos de la población enfurecidos por la ausencia de justicia y los ejemplos de corrupción, los señores en el poder deberían serenarse y ofrecer al país una salida a la grave crisis social y política que envuelve al estado en su conjunto, resolver con la verdad y la justicia por delante el fondo del fusilamiento masivo de Tlatlaya y el crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa, e iniciar con ideas frescas, incluyentes y democráticas, un cambio real, una reforma de estado que privilegie a la sociedad en su conjunto y deseche los añejos vicios de un sistema que gobierna para favorecer a una minoría de unos 300 grandes empresarios, grupitos de políticos, alta burocracia, clanes de partidos, clero político, medios periodísticos cómplices y beneficiarios y otros cuantos, mientras la inmensa mayoría de los connacionales viven en el desamparo expuestos a las mafias del crimen organizado y a la de la clase política.
Así es como con sus protestas incontenibles la sociedad requiere que la verdad se ventile en todos sus aspectos, por más graves que parezcan. Entonces a nada deben temer los gobernantes si sus manos están limpias, como dicen tenerlas, ni a que se investigue por el Congreso de la Unión el origen de las propiedades de la pareja presidencial, por salud política y social.
Es oportuno recordar que la milenaria sabiduría china reafirma que lo que uno ha ganado con honradez en virtud de sus méritos previos, llámense mansiones o gobiernos, “constituye una posesión verdadera y no puede perderse”. O lo que con violencia se conquista – sentencia el mismo axioma --también se le arranca con la fuerza.
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