Antes de que se concrete la desbandada final en la LVIII Legislatura del Estado de México, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se encuentra éticamente obligada a desahogar las iniciativas que tiene en la “congeladora”, no sólo para no heredarlas a los suplentes o a la siguiente Legislatura, sino por congruencia, indicó el diputado Octavio Martínez Vargas.
El legislador local recordó que, a la fecha, sólo 10 por ciento de las iniciativas promovidas por los grupos parlamentarios han sido dictaminadas, en contra de 99 por ciento de las propuestas del Ejecutivo estatal que con prontitud se han desahogado.
Tan sólo al mes de octubre de 2014, aseguró, estaban pendientes por analizar en comisiones 200 iniciativas promovidas por las distintas bancadas representadas en el Congreso mexiquense.
De esta cantidad, al menos 70 han sido impulsadas por el Sol Azteca; entre ellas una propuesta de su autoría promovida desde el inicio de la Legislatura para eliminar el fuero constitucional de diputados locales, alcaldes, integrantes de los cabildos y gobernador, con la finalidad de que no se escuden en esa figura para violar la ley y obtener impunidad.
Otra propuesta que se encuentra varada fue planteada el 21 de mayo del año pasado y propone reformar el Código Civil para que se reconozcan plenamente los derechos de las personas a contraer matrimonio sin ningún tipo de discriminación por sus preferencias sexuales, necesidad respaldada por diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en entidades como Quintana Roo, Oaxaca, Colima y Jalisco; o la tipificación de los crímenes de odio impulsada por la Comunidad Lésbico Gay de Toluca.
El PRD, enlistó, además se encuentra interesado en despenalizar la actividad de los prestadores de servicio del área mecánica automotriz por no contar con el dictamen de impacto ambiental; y la penalización de los disparos al aire.
Con estas iniciativas pendientes, informó Martínez Vargas, la Legislatura mexiquense se encuentra en falta, pues la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México obliga a las Comisiones a emitir un dictamen en un plazo máximo de 90 días hábiles.
El artículo 84 de este ordenamiento dispone que las iniciativas turnadas a las comisiones deben ser revisadas en un periodo de 30 días hábiles siguientes a su presentación. Si vencido ese plazo no han sido dictaminadas las propuestas, la misma ley otorga la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta 60 días.
No obstante, insistió, en la mayoría de los casos ha sido rebasado este plazo, por lo que resulta urgente que a más tardar en esta semana la Jucopo acuerde el desahogo de pendientes y las comisiones los dictaminen, en un sentido u otro, antes de que la mayoría de los diputados propietarios se embarque en la contienda por un nuevo cargo de elección popular.
