La certificación de abogados no es obligatoria, ni limita el servicio profesional de los licenciados en Derecho: Erik Garay Bravo.

 

Tras darse a conocer por parte del Poder Judicial del Estado de México, a través de su presidente Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, la apertura de los cursos para que los abogados del Estado de México puedan certificarse en las distintas materias para el ejercicio de la abogacía, surgieron voces de protesta por múltiples integrantes del gremio.

Los abogados manifestaron su inconformidad por dicha decisión fundamentada en la circular número 86/2023, que prevé el proceso de certificación a través de la escuela judicial en las materias penal, familiar, laboral, civil y mercantil.

Al respecto de esta oposición de los profesionistas en leyes que se centra principalmente en los costos que ascienden a veinte mil pesos por certificación, Erik Garay Bravo refirió que, de acuerdo a la circular 86/2023, emitida por el Consejo de la Judicatura, no se limita, ni restringe la libertad del trabajo o del ejercicio profesional de Licenciado en Derecho en los Juzgados o tribunales.

Subrayó que la circular indica de forma clara que se trata de una certificación voluntaria y no implica limitación alguna al ejercicio de la profesión, además de que no tiene elementos discriminatorios.

Destacó que este tipo de certificaciones para los abogados existen en muchos países y su finalidad es brindar seguridad jurídica a las personas, puesto que en esos países no cualquier persona puede ejercer ante los jueces y tribunales si sus conocimientos y sus actualizaciones no son avalados por las Barras y Colegios de abogados.

En México, expresó Garay Bravo, estas pretensiones continúan en semilla y dejan mucho que desear para los necesitados de profesionales del derecho que representen sus intereses ante los tribunales.

Durante las manifestaciones de esta semana, también los abogados pidieron una audiencia con el Presidente Ricardo Sodi Cuellar para hacerle saber sus inconformidades, puesto que, en muchos casos, los abogados también refieren que el costo de la certificación es excesivo e incompatible con sus honorarios, los cuales no les alcanzan para vivir.