Los constantes ataques del presidente y otros funcionarios sí han erosionado la confianza en la Corte, por lo que lo más probable es que sigan.
Pocas ocasiones habíamos observado una agresión tan
directa del Poder Ejecutivo en contra de la cabeza de otro Poder, el
Judicial, encabezado por la ministra Norma Piña.
“Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de
resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.
“…ese organismo es un florero (el Consejo de la Judicatura),
está de adorno porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado”,
indicó.
En ese ambiente, un usuario de Twitter, @VicaPonch amenazó
de muerte a la ministra presidenta.
Hay que recordar que, desde que fue nombrada, López Obrador
señaló que, si había llegado a esa posición la ministra Piña, había sido porque
él lo había permitido.
En el clima que se ha ido configurando, veremos fuertes
presiones en contra de jueces, magistrados y ministros, cuando aborden las
resoluciones que habrán de tomarse en materia electoral.
Al haberse promulgado ayer el llamado plan B, ya empezaron a
presentarse las consecuencias directas de esa legislación.
La primera de ellas fue la destitución de Edmundo
Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del INE.
Ante ello, el ahora exresponsable de la operación del
Instituto ya presentó recursos por una destitución violatoria de la
Constitución, y el INE ya también presentó una impugnación ante el Tribunal
Electoral, señalando la invasión de funciones del Legislativo, que es
violatoria de su autonomía constitucional.
Y vienen en los próximos días acciones de
inconstitucionalidad por parte de legisladores y otros poderes; amparos por
parte de ciudadanos y trabajadores del Instituto, así como controversias
constitucionales por parte del propio INE.
Ante esta cascada de recursos, será fundamental que los
juzgadores de todos los niveles se sientan arropados por los ciudadanos para
tomar sus decisiones con autonomía.
Imaginen nada más, si el personaje más relevante del Poder
Judicial, la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, recibe
públicamente amenazas de muerte, cuál puede ser el ambiente en torno a otros
juzgadores que no tengan el respaldo institucional de la ministra Piña para
brindarles protección.
No es exageración decir que el equilibrio de poderes,
una parte esencial de nuestra democracia, se juega en las siguientes
semanas, con el tema de la forma en la que la Corte aborde el llamado plan B.
No es que los ataques a la Corte sean nuevos. Desde los
tiempos en los que la presidía Arturo Zaldívar, hubo señalamientos de
corrupción por parte del presidente de la República en contra de la mayoría de
los ministros.
Hablamos de la Corte, pero en realidad, el arropamiento
ciudadano tiene que ser a todo el Poder Judicial, destacadamente al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La actitud asumida por la Cámara de Diputados desde el año
pasado, cuestionando las resoluciones de este Tribunal implica un
cuestionamiento al Estado de derecho, pues los sujetos obligados, como en este
caso la Cámara, asumen que pueden o no cumplir con las instrucciones del
Tribunal. Lo hacen si las consideran justas y bien fundadas.
Cuando el jefe del Estado en México tiene una filosofía en
la que considera que las leyes que deben cumplirse son aquellas que son
justas, mientras pueden incumplirse otras que presume que no lo son, inspira
para que otras instancias del Estado hagan lo mismo.
La encuesta publicada ayer en estas páginas señala que la
confianza en la Corte, de 52 por ciento, es aún ligeramente superior a la que
hay en la Presidencia, 51 por ciento. Pero la de la Corte bajó 5
puntos en febrero.
Eso significa que los constantes ataques del presidente y
otros funcionarios, sí han funcionado para erosionar esa confianza.
Por eso, lo más probable es que sigan.
Es la razón por la que hay que reiterar que si queremos
democracia en México hay que subrayar que la Corte no se toca.
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