Escuelas entregarán productos de higiene para la menstruación y se deberá fortalecer el equipamiento en seguridad, recaudación municipal, el maíz nativo y al TRIJAEM
Para el 2023 las autoridades estatales deberán instrumentar
un programa de desempleo, dar apoyo económico a menores huérfanos por Covid-19;
así como a niñas y niños que vivan con sus madres en las cárceles y
acondicionar espacios para mujeres presas embarazadas.
El gobierno mexiquense también deberá entregar productos de
higiene para el periodo menstrual a alumnas de escuelas públicas, mejorar el
equipamiento en seguridad pública, proteger el maíz nativo, dotar de recursos
al Fondo de Reparación del Daño, apoyar el fortalecimiento de la recaudación de
ingresos municipales y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México (TRIJAEM) tendrá más presupuesto.
De acuerdo con el Paquete fiscal del siguiente año, las y
los legisladores recortaron recursos al Ejecutivo, a la Secretaría de Finanzas,
pero aumentaron los de las secretarías de Seguridad y Trabajo, el DIFEM, el
IGECEM, el TRIJAEM y establecieron diversas bolsas con recursos para apoyar a
sectores vulnerables.
Los montos
El presupuesto 2023 del Estado de México, avalado por el
Congreso, considera una previsión de 20 millones de pesos para la Secretaría de
Educación, con el fin de otorgar productos de higiene para el periodo menstrual
de las alumnas de escuelas públicas de educación básica y media superior.
Asimismo,10 millones de pesos al Programa “Niñas, niños y
adolescentes huérfanos por COVID – 19”, consistente en otorgar un apoyo
económico mensual de hasta dos mil pesos, a través de su tutor, mediante los
mecanismos jurídicos que defina el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México (DIFEM).
Uno de los rubros impulsados por Morena, PT y PAN ha sido
contar con un seguro de desempleo y para el 2023 se asignaron a la Secretaría
del Trabajo 50 millones de pesos para acciones de atención a la población que
llega a perder su empleo formal y son residentes en el Estado de México.
Con esa bolsa, la Secretaría del Trabajo deberá proporcionar
un apoyo económico a la población afectada, bajo el esquema de un programa de
auxilio al desempleo y establecer los mecanismos necesarios para la operación
de estos recursos.
También habrá cinco millones de pesos a la Secretaría de
Seguridad para el "Cuidado de niñas y niños que viven con sus madres en
los Centros de Reinserción Social del Estado de México”, con los cuales les
deberá otorgar canasta alimentaria y vestido a niñas, niños y adolescentes en
reclusión con sus madres; así como 400 mil pesos para el acondicionamiento de
espacios acordes a las necesidades de mujeres embarazadas presas.
Las y los diputados también asignaron 50 millones de pesos a
“Fortalecer el equipamiento en materia de seguridad pública municipal”, donde
las Secretarías de Finanzas y de Seguridad serán las encargadas de implementar
los mecanismos necesarios para la operación de esos recursos.
De igual forma, habrá una previsión de 15 millones de pesos
para el “Fondo de Reparación del Daño” y la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos, a través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México,
deberá establecer los mecanismos que normen su creación y operación.
Para la protección del maíz nativo y la diversificación
constante de su producción, comercialización y consumo, el siguiente año habrá
10 millones de pesos más para el Instituto de Investigación y Capacitación
Agropecuaria, Acuícola y Forestal para suministros en semillas, construcción,
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de laboratorios y del banco de
germoplasma.
En cuanto a impulsar un incremento en la recaudación de los
ingresos propios de los municipios por concepto de predial, el Congreso apartó
30 millones de pesos para la modernización y actualización de bases catastrales
al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral
del Estado de México para equipamiento.
El Congreso también autorizó cinco millones de pesos más, a
fin de fortalecer el gasto de operación del Tribunal de Justicia
Administrativa, para apoyar acciones tendientes a la orientación, asesoría o
patrocinio a los ciudadanos que lo requieran, así como la integración de
proyectos institucionales, mediante la suscripción de convenios con todo tipo
de instituciones públicas y privadas, autoridades jurisdiccionales, administrativas
y académicas, que permitan el intercambio de mejores prácticas en la materia
fiscal y administrativa.
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