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Un tsunami ha pasado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) y arrastró a una de las figuras principales a suceder al actual
presidente Arturo Zaldívar: la ministra Yasmín Esquivel, quien junto con
Loretta Ortiz son vistas como las más plegadas al gobierno federal y en
especial al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presunto plagio de su tesis de licenciatura ha puesto a
Esquivel en un posible punto de no retorno en su intento por ser la nueva
presidenta de la Corte. Aunque se rumoró que ya tenía los cuatro votos
necesarios para suceder a Zaldívar, la revelación —que no puede entenderse como
una simple casualidad— terminaría por descarrilarla.
El beneficiado más visible es el otro ministro fuerte que
compite con Esquivel: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien a su vez tiene el
apoyo de Zaldívar y de Juan Luis González Alcántara. Se dice que también el del
exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
La caída de Esquivel, sin embargo, también podría cambiar el
tablero. Los votos “amarrados” que supuestamente tenía no se irían de forma
automática con Gutiérrez Ortiz Mena, sino quizá con otro ministro o ministra
más neutral, como Javier Laynez, Margarita Ríos Farjat o Norma Piña, también
metidos en la carrera.
El cargo de presidente de la Corte es relevante no solo por
la interlocución con los otros Poderes de la Unión, sino porque preside a su
vez el Consejo de la Judicatura Federal, es decir a los jueces, magistrados y
todos los órganos de impartición de justicia y su presupuesto.
El hecho de que una ministra cercana al gobierno coordine el
Poder de la Judicatura Federal y su presupuesto encendió la guerra dentro de la
Corte. El problema para Esquivel fue que ni el presidente López Obrador ni el
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cabildearon a tiempo para evitar
que “la sangre llegara al río”. Creyeron que con la simple operación de la
ministra con sus pares era suficiente. Así no ha sucedido en otros sexenios.
Ningún presidente se ha desentendido de esa importante votación.
Y pasó lo que pasó: la exhibición del supuesto plagio de su
tesis de licenciatura, que Esquivel niega. Ayer la ministra salió a defenderse
argumentando que fue ella la plagiada.
Esquivel niega los señalamientos de copiar el trabajo de
Edgar Ulises Báez Gutiérrez, y asegura que fue al revés; el abogado en cuestión
habría robado su proyecto “Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de
Confianza del Artículo 123 Apartado A” debido a que Esquivel lo comenzó a
redactar y revisar desde 1985, un año antes que la tesis de Báez. Eso denunció
ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Lo que sí llama la atención es que Edgar Ulises Báez no haya
salido a pronunciar una sola palabra sobre el caso.
Sea como sea, Esquivel se ha convertido en blanco perfecto
para los críticos del gobierno y del presidente —lo que es parte de la
polarización que hay en el país, en buena medida promovida por AMLO—, y de quienes
han visto afectados sus intereses por votaciones como la de la Ley de la
Industria Eléctrica. Por cierto, el voto clave para que esta ley no se
declarara inconstitucional fue el de Gutiérrez Ortiz Mena.
Pocas veces en la historia de la Corte había corrido tanta
sangre de cara a una elección. Las acusaciones contra Esquivel difícilmente
terminarán por sacarla de la SCJN (habrá que esperar el resultado de las
investigaciones), pero sí del sueño de la presidencia. Muy revelador será ver
el sentido de los votos de los ministros y ministras este próximo lunes 2 de
enero.
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