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La indagatoria es sobre un grupo de soldados y civiles, entre los que destacan el capitán ingeniero Jorge Luis A. R. y el coronel ingeniero Rafael Alejandro G. H.
Un grupo de militares y civiles es investigado por la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por lavar al
menos 239 millones de pesos de procedencia presuntamente ilícita, a través de
empresas fachada.
Según el expediente 2019/SEDENA/DE213 y su acumulado
DGDI/DI-B/SEDENA/ 049/2019 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
entre los militares investigados están Jorge Luis A. R., capitán ingeniero
constructor, y Rafael Alejandro G. H., coronel ingeniero constructor.
La indagatoria se conoció a través de extracción de
información de la Sedena hecha por el grupo Guacamaya.
Según los documentos, la indagatoria inició en 2019 cuando
la UIF identificó una serie de transacciones realizadas por Jorge Luis A. R.,
de 44 años, a través de empresas fachada.
Las principales son Sinergia Integral Cristowen, con
domicilio fiscal en Coacalco, Estado de México; y Contacto Wimea, con domicilio
fiscal en la calle Presidente Masarik, en Polanco.
“En el periodo comprendido entre los años 2017 a 2019 Jorge
Luis A. R. recibió de diversas personas morales depósitos por cantidades
elevadas de dinero, mismas que ascienden a cientos de millones de pesos”, dice
el informe de presunta responsabilidad administrativa 019/2021.
Puntualizó que, entre 2013 y 2018, Jorge Luis A. R.
percibió, por concepto de salario como militar, 3 millones 243 mil 442 pesos,
pero entre 2017 y 2019 vio incrementados sus ingresos en forma exponencial. “A
partir del mes de julio de 2017, Jorge Luis A. R. ha presentado un incremento
desmedido de recursos financieros, es decir, el aumento a su patrimonio se
efectuó en 7,386% en relación con sus ingresos como servidor público”, dijo.
En ese lapso se le identificaron cinco cuentas bancarias,
dos de ellas en Bancoppel, estas últimas usadas en la trama de lavado.
Agrega que los movimientos se hicieron en 12 entidades, a
través de empresas de reciente creación, también conocidas como empresas de
papel. Y es que, como parte de la investigación, se detectó que dichas firmas
presentan un mismo patrón: movimientos rápidos de fondos y poca permanencia de
los activos en sus instrumentos financieros.
Según el reporte de la UIF (que derivó en el inicio de una
carpeta de investigación ante la Fiscalía de Justicia Militar), del 1 de julio
de 2017 al 17 de junio de 2019, el soldado Jorge Luis A. R. recibió 239
millones 573 mil 946 pesos, a través de 91 abonos SPEI de cinco empresas
fachada.
A su vez, el militar realizó 70 traspasos entre cuentas
propias e hizo depósitos a terceros, entre militares y civiles, que también son
investigados.
En el informe también se menciona a Rafael Alejandro G. H.
como sujeto a investigación por delitos graves, entre ellos el de operaciones
con recursos de procedencia ilícita.
En tanto, entre las empresas que se mencionan en el informe,
a través de las cuales se hizo el movimiento del capital, están:
Comercializadora de Bienes y Servicios Martín, Distribuidora de Materiales para
la Construcción, así como Bienes y Servicios Comercializados Eis, Distribuidora
Kroma, Reja y Derivados y Touche Motors.
Es la Fiscalía de Justicia Militar la encargada de
determinar si el caso se judicializa o no, aunque en el informe no se precisa
si eso ya ocurrió. Tampoco se menciona si los militares están o no detenidos.
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