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Eso y no otra cosa es la “prisión preventiva oficiosa”. El
imperio del oscurantismo donde por decreto real, el dedo flamígero desde el
púlpito del poder señala quiénes son culpables para que se pudran en las
cárceles aun sin estar sentenciados. Como en aquella época terrible en que
bastaba una mentira infame para que los acusados fueran atormentados en El
Potro, o llevados al descuartizamiento brutal o aun a la inhumana hoguera.
A ver: aunque ahora no se llegue a tales extremos hay un
hecho incontrovertible e insensato: cuando se encarcela a un inocente, se le
están robando años de su vida, es decir, la vida misma. Aun si se prueba su
inocencia y logra salir de prisión, ya se le ha roto su existencia. Y la de
todos quienes le rodean. Algo a lo que nadie tiene derecho por muy poderoso que
sea.
Los datos son una vergüenza para cualquier país que se diga
medianamente civilizado: según la Estadística Penitenciaria de la Secretaría de
Seguridad, cuatro de cada diez prisioneros de las cárceles de este país se encuentran
en la cárcel, bajo el principio de “prisión preventiva oficiosa”. O sea que, de
225,843 personas privadas de su libertad, 90 mil permanecen encarceladas ¡sin
haber sido sentenciadas por un juez!
Los aplaudidores oficiales todavía se atreven a “argumentar”
que seguramente entre ellos hay maleantes, ladrones y asesinos; así que mejor
que continúen tras las rejas. Pero, ¿qué pasa con los miles que seguramente son
inocentes? Además, ¿quién rayos les confiere a los morenos la potestad
arrogante de decidir quiénes son culpables? Por si fuera poco, hay un atropello
flagrante a un principio sacratísimo del derecho: la presunción de inocencia
que todos los días se ve aplastada en este país por los ejercicios abusivos del
poder y la incompetencia de Fiscalías, ministerios públicos y jueces que a
falta de expedientes jurídicamente bien sustentados prefieren recurrir al
recurso facilito y pernicioso de “enciérrenlo, después viriguamos”.
Vale decir también que, además del drama intrínsecamente
humano, se advierte en esa obcecación del presidente López Obrador un evidente
contenido político y una enorme posibilidad autoritaria. El día de mañana
podría encarcelar a sus adversarios sin pruebas y solo con base a acusaciones
inventadas. Si alguien cree que exagero, es lo que ha estado haciendo su aliado
político Daniel Ortega en Nicaragua: metió a la cárcel a todos los candidatos
de la oposición y ahora hasta al obispo de Matagalpa, que ha cometido el pecado
de ser un crítico de un gobierno que se ha perpetuado en el poder solo apoyado
en las armas de su Ejército. ¿Les suena?
Por lo pronto, está en la Corte Suprema y a debate el
proyecto del ministro Luis María Aguilar que propone la eliminación de esta
aberración legal llamada prisión preventiva oficiosa. Ya el presidente ha
reiterado hasta la náusea que retirarle de la Constitución alentaría la
impunidad. Mientras que sus corcholatas Adán y Claudia aseguran que sería
atentatoria contra la estrategia de Seguridad de la 4T. ¿Cuál estrategia? ¿La
de abrazos y no balazos que ha propiciado bloqueos e incendios cada semana y
más miles de muertos y desaparecidos que nunca? Mejor deberían tener el valor
de reconocer que se han equivocado y no querer meter a la cárcel a sus
opositores y críticos. No vamos a caber.
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