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El reporte asegura que el presidente AMLO ha criticado al Poder Judicial y a instituciones públicas independientes como el INE.
México cayó de posición en un índice sobre la capacidad
para combatir la corrupción que se presentará el miércoles
y que indica que los intentos del gobierno mexicano de interferir en asuntos
legislativos y judiciales han mermado la transparencia y la rendición de
cuentas en el país.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC),
presentado anualmente por el Consejo de las Américas y que clasifica a 15
países de América Latina según la eficacia con la que pueden combatir la
corrupción, reveló que México siguió en su trayectoria descendente desde 2019 y
este año cayó del puesto 11 al 12, tan sólo por delante de Guatemala, Bolivia y
Venezuela.
El reporte aseguró que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha criticado al
Poder Judicial y a instituciones públicas independientes como el Instituto
Nacional Electoral (INE). También destacó que el mandatario ha declarado que
planea eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción,
“lo cual afectaría los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción”.
Por otro lado, los organismos anticorrupción en México han
sido usados, según algunos observadores, para obtener beneficios personales o
cuentan con nombramientos basados en motivos políticos, según el informe.
“Hay este discurso anticorrupción (de López Obrador) que es positivo. El problema es cuando
este discurso no se traduce en las herramientas, los mecanismos y en el
presupuesto para combatir la corrupción”, dijo Alejandra Soto, de Control
Risks, una consultora especializada en riesgos globales que realiza el índice
junto al Consejo de las Américas. “Este discurso cotidiano en contra de los
otros poderes, y a favor de la agenda presidencial, sin debate alguno, se
traduce en un desgaste de contrapesos democráticos”.
El índice, que se presenta por cuarta vez, tiene en cuenta
varias variables como la independencia de las instituciones
judiciales o los recursos disponibles para combatir los delitos cometidos por
empresarios o funcionarios de gobierno. Los países con los puestos más altos en
el índice -como Uruguay y Costa Rica- se consideran más propensos a ver a los
actores corruptos procesados.
El reporte destacó que en México las fuerzas armadas,
que no están sujetas al mismo escrutinio que los organismos civiles, “participan
cada vez más en importantes proyectos de infraestructura”. También aseguró
que en el último año López Obrador escaló sus críticas hacia organizaciones de
la sociedad civil y la prensa en medio de revelaciones de supuestos conflictos
de intereses y corrupción que involucran a familiares suyos y aliados.
Soto dijo que un 80 por ciento de los contratos del
gobierno federal son por adjudicación directa en lugar de por licitación, que
identificaría más fácilmente la corrupción.
“En México se están debilitando algunos componentes para
combatir la corrupción de manera institucional y de manera integral”, opinó
Soto.
Por otro lado, el Congreso mexicano debatirá una propuesta
presidencial para poner a la Secretaría de la Función Pública (SFP), una institución
clave en la lucha contra la corrupción, a cargo de las contrataciones públicas
y la supervisión de gasto público. Esto tendría consecuencias negativas, de
acuerdo con el informe, “ya que la SFP se auditaría a sí misma en lugar de que
los organismos autónomos supervisen el gasto público”.
Tras Uruguay y Costa Rica en los puestos más altos del
índice están Chile, Perú, República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia y
Ecuador.
Brasil cayó a la décima posición debido, entre otras cosas,
a que el presidente Jair Bolsonaro ha buscado consolidar el control
sobre organismos que investigan la presunta corrupción que involucra a sus
aliados, dijo el informe.
Guatemala es otro de los países que sigue cayendo en el
índice debido, en parte, al trato a los organismos anticorrupción. El reporte
señaló que el Ministerio Público de Guatemala, dirigido por la fiscal general
Consuelo Porras, “obstruyó y despidió” a los funcionarios que realizaban las
investigaciones relativas a la corrupción. En 2021, Estados Unidos incluyó a
Porras en una lista de actores corruptos y sancionó a funcionarios
guatemaltecos de alto nivel por supuestos actos de corrupción.
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