El esclarecimiento del caso de la denominada “Estafa
Maestra” avanza, ya que se podrán recuperar los recursos invertidos en
los proyectos sostenidos con la UAEMéx; pero no podrán aplicar sanciones
administrativas, informó Victorino Barrios Dávalos, titular del
Órgano Interno de Control (OIC).
“Se perdió la oportunidad de sancionar administrativamente a
los funcionarios que cometieron esas irregularidades, el recurso va a ser
recuperado”, dijo.
Por el momento se han prescrito 48 asuntos relacionados con
el caso, agregó Barrios Dávalos durante una entrevista con
estudiantes y profesores de la máxima casa de estudios mexiquense publicado en
redes sociales.
Sin embargo, aclaró que los recurso no se destinará a la
máxima casa de estudios mexiquense, sino para las instituciones federales que los
entregó, es decir, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), además, de Banobras y la extinta Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), las cuales invirtieron recursos en algunos proyectos en la
institución, reseñó.
“La universidad les modificó el estatus con el cual habían
sido contratados ¿cuánto de esos?, yo conozco 51, pero de esos 51, 48 ya han
prescrito para ponerle por parte del Órgano Interno de Control una sanción”.
Barrios Dávalos expuso que a su llegada a la UAEMéx se
enfrentó a expedientes sin elaborar y asuntos sin tratar.
“No se perdió la oportunidad de resarcir o de reponer o de
restituir los recursos que quede claro, se perdió la oportunidad de sancionar
administrativamente a los funcionarios que cometieron esas irregularidades”.
En ese espacio, expresó que a lo largo de su carrera ha
recibido amenazas de varios tipos; “llevo tiempo tratando asuntos delicados
entre otras funciones”, indicó el también ex contralor Interno del Poder
Legislativo mexiquense.
Afirmó que no se expondrá a algún riesgo en su integridad
debido a su labor, pero se comprometió a cuidar el patrimonio de la institución
encomendada de todas las formas posibles.
Vale mencionar que Barrios Dávalos fue nombrado titular de
OIC de la UAEM por la pasada legislatura local en septiembre de 2020, en
cumplimiento con lo dispuesto por el Sistema Nacional Anticorrupción.
No obstante, no se incorporó de inmediato a sus funciones,
ya que la Universidad se amparó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
al argumentar la autonomía de la Universidades públicas pero el falló no
procedió.
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