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La Legislatura mexiquense aprobó reformas encaminadas a
ofrecer mayor certeza al proceso de adopción de menores en la entidad, a
garantizar la profesionalización de servidores públicos al exigir la
certificación de las personas titulares de las procuradurías municipales de
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el
perfeccionamiento de la regulación de los centros de asistencia social y de la
adopción.
Los ajustes fueron a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de México y a la Ley que regula los Centros de
Asistencia Social y las Adopciones de la entidad, con el fin de impulsar la
especialización de servicios a favor del interés superior de la niñez y la
adolescencia, en busca de que las y los servidores públicos responsables de
proteger sus derechos garanticen una atención, eficaz, eficiente y profesional.
El dictamen es resultado de las iniciativas propuestas por
el Ejecutivo, el PAN y Nueva Alianza y en él se señalan como requisitos para ser
titular de las procuradurías de protección estatal o municipales el tres de
tres contra la violencia.
Eso incluye: no tener condena por sentencia ejecutoriada por
el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, ni
sentencia por violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de
género y no estar inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en
ninguna entidad.
De igual forma se precisa que las y los titulares de las
procuradurías municipales deberán aprobar una evaluación teórico-práctica del
curso impartido por el DIFEM y la certificación de competencia laboral sobre
Gestión para la Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, y serán designados por la Junta de Gobierno, a propuesta de quien
presida el DIF municipal.
El dictamen también señala el equipo de profesionistas con
el que deberán contar las procuradurías municipales, la Junta
Multidisciplinaria del DIFEM se sustituye por el Comité Interinstitucional de
Niñas, Niños y Adolescentes en acogimiento residencial, el cual se encargará
del análisis y resolución de las solicitudes de adopción de las niñas, niños y
adolescentes ubicados en los centros de asistencia social.
Al Comité Interinstitucional se sumarán las vocalías con
representantes de diferentes dependencias estatales y de la Junta de Asistencia
Privada, así como invitados especiales, entre los que destacan integrantes de
la Comisión Legislativa Especial de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, organizaciones de la sociedad civil y titulares de procuradurías
municipales, entre otros.
Además, se regulan las entregas voluntarias de menores por
padres o madres, y se señala que una persona mayor de 21 años podrá adoptar
cuando acredite que cuenta con el oficio de viabilidad, con base en estudios
médico, psicológico, de trabajo social y socioeconómico para expedir el
certificado de idoneidad que deberá expedir la Procuraduría de Protección.
Las y los diputados locales consideraron que se beneficiará
a más de cuatro millones de menores y adolescentes de la entidad, pues las
instituciones acreditadas contarán con profesionales de diversas áreas para que
puedan participar en el proceso de adopción.
Además se precisan los procedimientos de adopción para
cuándo la madre o el padre decida entregar a su hija o hijo a instituciones
acreditadas o centros de asistencia social y cuando se trate de menores de
edad.
Las entregas serán favor del DIF y de la Procuraduría de
Protección, o al centro de asistencia social, con un aviso inmediato al sistema
local de protección y al sistema nacional de protección integral.
Se señalan los procedimientos de reintegración de adopción,
y se prevé tener un registro de niñas, niños y adolescentes susceptibles de
adopción que deberá ser actualizado. La autoridad encargada será el DIF por
conducto de la procuraduría de protección, entre otras cosas.
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