Armando
Saldaña Flores, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), busca ampararse contra la vinculación a proceso
dictada en su contra por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido
de atribuciones y facultades que cometió en el caso conocido como La Estafa
Maestra.
Este
amparo, bajo el número 1070/2021, fue admitido a trámite desde el pasado 4 de
enero por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la
Ciudad de México, autoridad que sin embargo no le otorgó la suspensión
provisional del asunto.
Saldaña
es procesado por un convenio celebrado entre la Sedatu y la Universidad
Politécnica Francisco I. Madero (UPDIM) para automatizar el registro, control y
seguimiento de la información del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa,
Guerrero, contrato que presuntamente fue utilizado para desviar 185 millones
839 mil 480 pesos.
Durante
una audiencia celebrada el pasado 6 de diciembre el exfuncionario, que está en
busca de un acuerdo de inmunidad penal con la Fiscalía General de la República
(FGR), acusó ante el juez federal de su caso a seis excolaboradores de Emilio
Zebadúa, exoficial mayor de la dependencia, por ser responsables de esta desvió
de recursos.
Durante
su intervención, Saldaña reiteró que su firma en los contratos fue falsificada
y que lo denunció desde que tuvo conocimiento, incluso ante Rosario Robles, ex
titular de esta dependencia que está recluida por su presunta responsabilidad
en este esquema de desvío de dinero que implica a dependencias de Estado y
diversas universidades del país.
Se trató
de una audiencia en la que por tercera ocasión el juez Marco Antonio Fuerte
Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, repuso el
procedimiento en contra de Saldaña, misma en la que lo vinculó a proceso por su
probable responsabilidad en los delitos de uso indebido de atribuciones y
facultades.
Por ello
el juez le impuso la presentación periódica mensual ante la Unidad de Medidas
Cautelares en Puebla y la prohibición de salir del país. Además, fijo un plazo
de dos meses para la investigación complementaria.
En lo
que hace a la audiencia de amparo, el Juzgado Primero determinó que “el juez
responsable deberá continuar el procedimiento hasta que termine de celebrarse
la audiencia intermedia, momento a partir del cual, deberá suspenderlo y no
dictar auto de apertura al juicio oral, hasta que no se le notifique la
resolución que recaiga en el fondo del juicio de amparo”.
Por
ello, para resolver si concede o no el amparo definitivo, el juzgado fijó para
el 22 de febrero la fecha para celebrar la audiencia constitucional del caso.
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