En los diferentes escenarios sobre la regulación de la
subcontratación se prevé que el 1 de mayo sea la fecha objetivo del
gobierno federal para anunciar las nuevas reglas para la figura. Y si bien no
se conoce el contenido final de la reforma en la materia, sí se conocen las
metas principales que se pretenden incorporar a la Ley Federal del Trabajo,
entre ellas, prohibir la subcontratación de personal, es decir, cuando las
empresas operan con trabajadores registrados en una segunda compañía.
En esto coincidieron especialistas en materia laboral y
fiscal en el seminario Retos Laborales 2021 organizado por D&M
Abogados, espacio en el que se expusieron los riesgos patronales si no se toman
desde ahora medidas al interior de las empresas para adecuarse a las nuevas reglas,
no hacerlo podría derivar en multas y costos que perjudiquen las inversiones de
las organizaciones.
Mantener la subcontratación como se viene haciendo puede
derivar en un impacto penal y fiscal en tres sentidos: “Si se
terceriza personal, puede considerarse al patrón como defraudador fiscal; si te
pusiste de acuerdo con alguien para aplicar este esquema, no sólo eres
defraudador, sino puede determinarse como delincuencia organizada; y el impacto
económico que esto puede tener es que si se paga a un subcontratista no se
puede deducir y entonces no se acredita el IVA”, expuso Jaime Rojas, socio de
consultoría y cumplimiento fiscal de la firma Skatt México.
No obstante, consideró que en México se debe privilegiar el
modelo de negocios. “A pesar de la complejidad que se ha generado es posible
identificar los riesgos y segregarlos. Creo que sí podríamos transitar para
poder aliviar los efectos negativos”, detalló.
Jaime Rojas que México vive momentos complicados por la posición del gobierno y las intenciones que hay detrás de
ello. “Si se aprueba una reforma como ésta, quizá sea más por la
composición del Congreso y no porque atienda las verdaderas necesidades y
finalidad que haya atrás”.
Destacó que las acciones que se buscan tomar desde el
Congreso impactarían a más de 4 millones de trabajadores que laboran
bajo algún esquema de subcontratación. De un universo de 20 millones de
trabajadores formales, agregó, esta población es menos de 20 por ciento. Pero
si se considera la totalidad de la Población Económicamente Activa, la cual es
cercana a 51 millones de personas, entonces la afectación es a menos del 10 por
ciento. “Buscan prohibir una actividad de menos de 10% y eso no es un acierto”.
En el seminario también participaron representantes de
Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil y Argentina, quienes destacaron que en
todas esas naciones existe la subcontratación, por lo que recomendaron
regular la figrua, pero no hacerlo de manera tan rígida que impida o afecte la
productividad de las empresas.
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