Marco Antonio González Castillo, presidente del CPC estatal, dijo que no buscan romper récord de sancionados, sino cumplir con la ley.
La Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México
comenzó a enviar notificaciones a los 42 municipios que no han cumplido con la
integración de sus sistemas municipales anticorrupción para que expliquen por
qué no han cumplido con la ley.
El contralor del Poder Legislativo, Juan José Hernández
Vences refirió que el 17 de marzo recibieron una denuncia del Comité de
Participación Ciudadana (CPC) contra los ayuntamientos que no han cumplido con
integrar esos sistemas y la Contraloría ha empezado a solicitar
información sobre todo en el Valle de Toluca.
Advirtió que es una obligación de los municipios
la integración de los sistemas, no algo que quieran o no cumplir; por lo cual
ya están girando oficios a los ayuntamientos.
Ofreció dar celeridad al asunto y dijo que esperarán las
rendiciones de los informes, pues todos los casos son distintos; por lo cual se
valorarán por separado, y en caso de que se considere que la o el alcalde
incurre en alguna responsabilidad iniciarían el procedimiento.
A partir de ahí la Contraloría les pedirá que rindan un
informe de por qué no han cumplido con la norma y valorará las pruebas que se
presenten en su defensa.
Marco Antonio González Castillo, presidente del CPC estatal
del Sistema Anticorrupción dijo que no buscan romper récord de sancionados,
sino cumplir con la ley.
El contralor afirmó que no harán más de lo que la ley les
permite, pero sí harán valer la norma y esperan ser el primer estado en toda la
República que logre tener sus sistemas municipales.
Luis Manuel de la Mora, también integrante del CPC, advirtió
la necesidad de aplicar la ley y que se conformen los sistemas municipales,
pues es una herramienta que genera una mejora regulatoria.
Marco Antonio González Castillo recordó que los sistemas también
ayudarán a que funcionen los comités de giro, pues la ley señala que un miembro
del CPC municipal deberá ser parte de ese órgano, y durante la pandemia
justamente una prioridad es tenerlos para que los municipios otorguen permisos
y faciliten la generación de empleos.
El contralor dijo que irán hasta las últimas
consecuencias y confió en que las y los ediles cumplan y no haya necesidad
de aplicar sanciones.
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