Con esto se inicia la etapa de procedimiento seguido en forma de juicio en la cual los distribuidores y comercializadores de gas LP de todo el país deberán presentar sus alegatos y pruebas relacionadas con las imputaciones que se hacen en su contra
A casi cinco años de que la Autoridad Investigadora de la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
abriera una investigación contra distribuidores y comercializadores de gas LP,
encontró que existen posibles convenios, contratos y arreglos para
dividirse el mercado por lo que se les emplazó a que presenten pruebas en su
defensa.
Con esto se inicia la etapa de procedimiento seguido en
forma de juicio en la cual los distribuidores y comercializadores de gas
LP de todo el país deberán presentar sus alegatos y pruebas relacionadas
con las imputaciones que se hacen en su contra.
La Cofece dio a conocer que la Autoridad Investigadora
emitió el dictamen de probable responsabilidad del expediente DE-022-2017 por
el que existen “probable responsabilidad” de los agentes económicos del mercado
del gas LP, que pudo consistir en la realización de acuerdos ilegales,
tanto para manipular precios como para dividirse el mercado de distribución y
comercialización de dicho combustible.
“Estas conductas consisten en contratos, convenios o
arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o
efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la
oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación de
posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con alguno de
los objetos o efectos anteriores”, expuso la Comisión.
Para la Cofece, el impacto que puede tener estas prácticas
monopólicas absolutas impactan a los consumidores porque el gas LP es un
combustible de uso doméstico que utilizan el 76% de las familias
mexicanas, “de ahí que los aumentos en sus precios tengan un efecto regresivo
importante en los hogares más pobres. Estos destinan 3.5 veces más de su gasto
a este energético que las familias de mayores recursos”.
Una vez que concluya esta etapa de desahogo de pruebas, el
Pleno de la Comisión resolverá conforme a derecho, de comprobarse las prácticas
monopólicas absolutas o colusiones, las sanciones pueden ser de hasta el
10% de sus ingresos e incluso las personas físicas que las cometieron
pueden recibir un castigo penal de cinco a 10 años de prisión.
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