El sistema penitenciario del Estado de
México requiere de una reingeniería y la correcta aplicación del sistema de
justicia penal acusatorio.
Especialistas consideran que el elevado
ingreso de personas a cárceles de la entidad, así como la sobrepoblación
penitenciaria en la entidad mexiquense, podría disminuir si no se abusara de la
pena de prisión y no existiera la persecución de falsos culpables, ni la
fabricación de delitos.
La maestra en Prevención del Delito y
Sistemas Penitenciarios, Cristina Eugenia Pablo Dorantes, consideró necesario
que las autoridades mexiquenses valoren una reingeniería dentro del sistema
penitenciario, donde se apueste por un incremento en sus capacidades humanas,
mas no de infraestructura.
Esto implicaría que el personal
penitenciario sea adecuadamente capacitado y haya mayor cantidad de custodios
respecto de las personas privadas de su libertad.
“Se gasta mucho en la construcción de
penales, se gasta mucho en abrir más centros penitenciarios, pero no se
invierte en el capital humano que debe trabajar en las prisiones, que debe
tener vocación de servicio, un perfil adecuado para su trabajo y que sean
suficientes para atender el tema”, agregó la profesora de tiempo completo de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Un factor que fomenta la sobrepoblación
penitenciaria, apuntó, es la edificación de centros penitenciarios y de
reinserción social pensados en albergar a miles de personas de alta
peligrosidad, cuando lo ideal sería apostarle a la prevención del delito.
“Lo peor es que como se abusa tanto de la
prisión, se hacen prisiones cada vez con más capacidad, en lugar de hacer
prisiones de mínima peligrosidad se hacen prisiones de máxima peligrosidad”,
señaló la especialista.
Recordó que la sobrepoblación penitenciaria
causa efectos sumamente negativos, pues es rebasado el personal de áreas como
psicología, criminología y salud, entre otros.
Esto aumenta las posibilidades de motines y
riñas dentro de los penales mexiquenses.
FALSOS CULPABLES
El activista Humberto Pérez Espinoza indicó
que la sobrepoblación penitenciaria está relacionada con la incorrecta
aplicación del sistema de justicia penal acusatorio.
“Se expidió su decreto (del sistema) el 18
de junio del 2008, daba tres años para expedir la Ley Nacional de Ejecución
Penal, que se tenía que expedir el 19 de junio de 2011 y se expidió hasta el 17
de junio del 2016.
“Esto llevó a que no se diseñaran penales
para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ni se siguieran las reglas
para el correcto tratamiento de la reinserción social”, refirió el también
integrante de la organización Presunción de Inocencia.
Agregó que el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio permitiría que la mayor parte de un proceso judicial se lleve en
libertad, siempre y cuando se pague la fianza o garantía establecida por un
juez y se cumpla con la evaluación de riesgo a través del Centro de Medidas
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.
El activista estimó que en la entidad hay
casi 33 mil personas privadas de su libertad, de las cuales el 45% debería
estar en libertad por haber purgado entre el 50% y 70% de su pena.
“No han querido dejar salir a este tipo de
personas por una actitud de discriminación, nadie quiere correr el riesgo
político”, añadió.
Adicionalmente en la entidad mexiquense no
se trabaja en un sistema de reinserción social, ni en la sensibilización ciudadana,
pues no sólo las personas que estuvieron privadas de la libertad pagan el
precio de estar en prisión, sino también sus familias, señaló.
La capacidad instalada en centros
penitenciarios de la entidad, de acuerdo con el informe de la Comisión de Derechos
Humanos de la entidad (Codhem) de 2019, era de 14 mil 88 personas.
INGRESOS Y EGRESOS
De acuerdo con cifras del Censo Nacional de
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 (CNGSPSPE)
del INEGI, el Estado de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional en mayor
número de ingresos a los penales.
En 2019 se registraron 12 mil 181 nuevos
ingresos a los centros penitenciarios y especializados de tratamiento o
internamiento para adolescentes en la entidad, de los cuales 8 mil 891 fueron
ingresos por primera vez, revelan las cifras del CNGSPSPE. Antes que la entidad
mexiquense está Baja California, estado que reporta 13 mil 232 ingresos.
En contraste, en el Estado de México se
registró el egreso de 11 mil 500 personas privadas de la libertad, esto durante
2019.
De los ingresos por primera vez registrados
durante el 2019 en la entidad, 7 mil 951 fueron de hombres mayores de edad y
233 de adolescentes, mientras que en el caso de la población femenina se
reportaron 687 en edad adulta y 20 adolescentes.
El censo señala que en la entidad hubo tres
mil 290 ingresos por reincidencia, de los cuales dos mil 985 fueron hombres y
305 mujeres.
SALIDA
De las 11 mil 500 personas privadas de la
libertad que egresaron del sistema penitenciario en la entidad mexiquense
durante el 2019, 165 corresponden a hombres adolescentes sujetos a proceso y 13
mujeres adolescentes en la misma condición.
Con la cifra global, el Estado de México se
posicionó en el primer lugar a nivel nacional de egresos en los sistemas
penitenciarios; le sigue Baja California con 11 mil 283.
El CNGSPSPE detalla que sólo 163 personas
obtuvieron su libertad por recibir una sentencia absolutoria, de los cuales 145
fueron hombres y 18 mujeres. A estos se suman tres hombres más que lograron
obtener su libertad por una resolución revocatoria.
Además, mil 352 hombres mayores de 18 años
salieron libres por el cumplimiento de su sentencia, así como 58 hombres en
edad adolescente, 53 mujeres mayores de edad y cinco en edad adolescente.
En 2019 un total de 116 personas privadas
de la libertad en alguno de los 24 centros penitenciarios de la entidad
quedaron en libertad anticipada, de los cuales 111 fueron hombres y cinco
mujeres.
Las estadísticas del INEGI revelaron que
sólo 29 personas privadas de la libertad obtuvieron una libertad condicionada (28
hombres y 1 mujer); 63 tuvieron una sustitución de la pena (54 hombres y 9
mujeres); 45 por sobreseimiento (38 hombres y 7 mujeres) y 9 mil 435 por otras
razones (8 mil 604 hombres y 831 mujeres).
El sistema penitenciario del Estado de
México requiere de una reingeniería y la correcta aplicación del sistema de
justicia penal acusatorio.
Especialistas consideran que el elevado
ingreso de personas a cárceles de la entidad, así como la sobrepoblación
penitenciaria en la entidad mexiquense, podría disminuir si no se abusara de la
pena de prisión y no existiera la persecución de falsos culpables, ni la
fabricación de delitos.
La maestra en Prevención del Delito y
Sistemas Penitenciarios, Cristina Eugenia Pablo Dorantes, consideró necesario
que las autoridades mexiquenses valoren una reingeniería dentro del sistema
penitenciario, donde se apueste por un incremento en sus capacidades humanas,
mas no de infraestructura.
Esto implicaría que el personal
penitenciario sea adecuadamente capacitado y haya mayor cantidad de custodios
respecto de las personas privadas de su libertad.
“Se gasta mucho en la construcción de
penales, se gasta mucho en abrir más centros penitenciarios, pero no se
invierte en el capital humano que debe trabajar en las prisiones, que debe tener
vocación de servicio, un perfil adecuado para su trabajo y que sean suficientes
para atender el tema”, agregó la profesora de tiempo completo de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Un factor que fomenta la sobrepoblación
penitenciaria, apuntó, es la edificación de centros penitenciarios y de
reinserción social pensados en albergar a miles de personas de alta
peligrosidad, cuando lo ideal sería apostarle a la prevención del delito.
“Lo peor es que como se abusa tanto de la
prisión, se hacen prisiones cada vez con más capacidad, en lugar de hacer
prisiones de mínima peligrosidad se hacen prisiones de máxima peligrosidad”,
señaló la especialista.
Recordó que la sobrepoblación penitenciaria
causa efectos sumamente negativos, pues es rebasado el personal de áreas como
psicología, criminología y salud, entre otros.
Esto aumenta las posibilidades de motines y
riñas dentro de los penales mexiquenses.
FALSOS CULPABLES
El activista Humberto Pérez Espinoza indicó
que la sobrepoblación penitenciaria está relacionada con la incorrecta
aplicación del sistema de justicia penal acusatorio.
“Se expidió su decreto (del sistema) el 18
de junio del 2008, daba tres años para expedir la Ley Nacional de Ejecución
Penal, que se tenía que expedir el 19 de junio de 2011 y se expidió hasta el 17
de junio del 2016.
“Esto llevó a que no se diseñaran penales
para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ni se siguieran las reglas
para el correcto tratamiento de la reinserción social”, refirió el también
integrante de la organización Presunción de Inocencia.
Agregó que el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio permitiría que la mayor parte de un proceso judicial se lleve en
libertad, siempre y cuando se pague la fianza o garantía establecida por un
juez y se cumpla con la evaluación de riesgo a través del Centro de Medidas
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.
El activista estimó que en la entidad hay
casi 33 mil personas privadas de su libertad, de las cuales el 45% debería
estar en libertad por haber purgado entre el 50% y 70% de su pena.
“No han querido dejar salir a este tipo de
personas por una actitud de discriminación, nadie quiere correr el riesgo
político”, añadió.
Adicionalmente en la entidad mexiquense no
se trabaja en un sistema de reinserción social, ni en la sensibilización
ciudadana, pues no sólo las personas que estuvieron privadas de la libertad
pagan el precio de estar en prisión, sino también sus familias, señaló.
La capacidad instalada en centros
penitenciarios de la entidad, de acuerdo con el informe de la Comisión de
Derechos Humanos de la entidad (Codhem) de 2019, era de 14 mil 88 personas.
INGRESOS Y EGRESOS
De acuerdo con cifras del Censo Nacional de
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 (CNGSPSPE)
del INEGI, el Estado de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional en mayor
número de ingresos a los penales.
En 2019 se registraron 12 mil 181 nuevos
ingresos a los centros penitenciarios y especializados de tratamiento o
internamiento para adolescentes en la entidad, de los cuales 8 mil 891 fueron
ingresos por primera vez, revelan las cifras del CNGSPSPE. Antes que la entidad
mexiquense está Baja California, estado que reporta 13 mil 232 ingresos.
En contraste, en el Estado de México se
registró el egreso de 11 mil 500 personas privadas de la libertad, esto durante
2019.
De los ingresos por primera vez registrados
durante el 2019 en la entidad, 7 mil 951 fueron de hombres mayores de edad y
233 de adolescentes, mientras que en el caso de la población femenina se
reportaron 687 en edad adulta y 20 adolescentes.
El censo señala que en la entidad hubo tres
mil 290 ingresos por reincidencia, de los cuales dos mil 985 fueron hombres y
305 mujeres.
SALIDA
De las 11 mil 500 personas privadas de la
libertad que egresaron del sistema penitenciario en la entidad mexiquense
durante el 2019, 165 corresponden a hombres adolescentes sujetos a proceso y 13
mujeres adolescentes en la misma condición.
Con la cifra global, el Estado de México se
posicionó en el primer lugar a nivel nacional de egresos en los sistemas
penitenciarios; le sigue Baja California con 11 mil 283.
El CNGSPSPE detalla que sólo 163 personas
obtuvieron su libertad por recibir una sentencia absolutoria, de los cuales 145
fueron hombres y 18 mujeres. A estos se suman tres hombres más que lograron
obtener su libertad por una resolución revocatoria.
Además, mil 352 hombres mayores de 18 años
salieron libres por el cumplimiento de su sentencia, así como 58 hombres en
edad adolescente, 53 mujeres mayores de edad y cinco en edad adolescente.
En 2019 un total de 116 personas privadas
de la libertad en alguno de los 24 centros penitenciarios de la entidad
quedaron en libertad anticipada, de los cuales 111 fueron hombres y cinco
mujeres.
Las estadísticas del INEGI revelaron que
sólo 29 personas privadas de la libertad obtuvieron una libertad condicionada
(28 hombres y 1 mujer); 63 tuvieron una sustitución de la pena (54 hombres y 9
mujeres); 45 por sobreseimiento (38 hombres y 7 mujeres) y 9 mil 435 por otras
razones (8 mil 604 hombres y 831 mujeres).
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