EL TERRORISMO LABORAL DEL “FÜHRERCITO” TOLUQUEÑO

TEMA LIBRE

Por I. León Montesinos


Este lunes 25, el alcalde de Toluca tratará de “enmendar” el latrocinio laboral cometido en la primera quincena de mayo a sus empleados de confianza --a los que descontó parte de su salario mediante un “acuerdo voluntario”--, perpetrando un nuevo atropello jurídico, al convocarlos a aceptar su renuncia, fechada en un contrato leonino del 30 de abril, para de inmediato firmar una nueva alta con data de primero de mayo.

De acatar dócilmente la imposición del edil, se promete a los intimidados trabajadores, “no perderán su antigüedad”, y conservarán su empleo, con la salvedad de aceptar una rebaja en sus honorarios en un porcentaje igual al “moche” impuestos hace un par de semanas.

Para los casi 8 mil empleados del ayuntamiento toluqueño gobernado por Morena, la pesadilla comenzó luego de que el pasado 13 de mayo el ex panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, anunció a través de un video que buscando paliar la “crisis económica” a que se enfrentaba su administración por los efectos de la pandemia, había encontrado las “soluciones administrativas” para continuar en la atención de rubros prioritarios como la salud, la seguridad y la promoción del empleo.

PROGRAMAS SOCIALES CON DINERO DE LOS TRABAJADORES

Con las economías y la donación total de su sueldo y del reingresado Secretario del ayuntamiento, Ricardo Moreno Bastida –estimados en 140 mil pesos con sus ingresos brutos, cada uno--, el presidente municipal aseguró que los programas sociales como el Fondo de Alimentos y los microcréditos estarían garantizados. Eso sí, aclaró que su desprendimiento salarial aplicaría, al igual que el de Moreno, hasta que concluyera la pandemia. Ni un peso más.

Y cual si se tratara de una réplica a la austeridad del presidente, anunció que se ejecutaría una reducción salarial del 18%, en caso de los mandos medios y superiores, que ganaran más de 25 mil pesos netos; y de 12% a los que percibieran arriba de los 12 mil pesos mensuales.

Hasta aquí todo parecía muy bien, pero lo que se suponía una reingeniería financiera del municipio, se transformó al paso de los días en un alevoso terrorismo laboral, tanto para los empleados de confianza como para los sindicalizados, muchos de éstos últimos con más de 20 años de antigüedad y gente de la tercera edad a los que se les hizo firmar un documento aceptando como única liquidación el pago de la segunda quincena de mayo.

Pero no conforme con pasarse por el arco del triunfo las reglas elementales del derecho laboral, al reconverso morenista se le ocurrió de ribete la genial idea, que además de despedir a unos mil trabajadores, les bajaría el sueldo a empleados que no ganan arriba de los 20 mil pesos.

LOS DUDOSOS “CONSENTIMIENTOS”

Fuentes del ayuntamiento nos dicen que a los trabajadores de confianza se les obligó a signar un formato titulado: “Autorización de descuento”, dirigido a Pedro Veytia Ayala, director de Recursos Humanos, a través del cual los empleados, supuestamente, otorgaban su “amplio consentimiento” a “efecto de que se realice la deducción extraordinaria sobre mi sueldo bruto mensual”, del 12 ó 20%, dependiendo del sueldo del firmante. El “voluntario” moche se aplicaría a partir de la primea quincena de mayo.

La guadaña de la austeridad también tomó por sorpresa a unos mil 500 cadetes de Policía a los que un día después del video de Juan Rodolfo Sánchez, se les dio las gracias bajo el argumento de no haber cumplido con los requisitos solicitados y no aprobar exámenes médicos, cuando en contrasentido, el edil había dicho en su mensaje que no se escatimaría la aplicación de recursos para el renglón de la seguridad.

Para el alcalde toluqueño parecía que nada en el horizonte empañaría su atentado a los desconcertados empleados, a todas luces violatorio de la nueva Reforma Laboral de la 4T, pero el pasado lunes 18, durante su conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador le alteró su esquema de austeridad, al instruir a la Directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, para que diera marcha atrás en su “iniciativa de buena fe”, mediante la cual pretendía que investigadores de esa institución donarán el monto de sus becas para atención de la pandemia.

EL PRESIDENTE SANCIONÓ ABUSOS

La declaración del Ejecutivo no dejó dudas en cuanto a respetar el salario de los burócratas de todo el país: “Esto motivó una gran protesta entre los investigadores, porque sintieron que era injusto o que no era correcto, porque el gobierno tiene recursos y, en efecto, tenemos fondos”, dijo.
Y enfatizó: “Ya hablamos con la Directora para pedirle que retirara esa convocatoria; nada que signifique forzar a que alguien tenga que aportar, no, no, para nada. Lo que se da no se quita”, declaró el presidente.

Ese mismo día, en un comunicado, trabajadores del ayuntamiento toluqueño despedidos y “esquilmados” por su “voluntaria aportación”, empezaron a convocar a la unidad para iniciar la defensa de sus derechos. En su escrito destacaban que mientras AMLO reiteraba que no habría despidos y hasta premiaba a los burócratas, el alcalde hacía en su gobierno municipal todo lo contrario.

Al trascender a los medios el desaseo laboral del munícipe, diversas voces opinaron al respecto, siendo la del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Gerardo Becker Ania, una de las más autorizadas y certeras para explicar la ilegalidad en que incurría el ex panista, al comportarse como un pequeño dictador atropellando de forma autoritaria a la Constitución General, a la Constitución del Estado de México, a la Ley Federal del Trabajo y de paso a la Ley Orgánica Municipal.

De acuerdo al jurista, Sánchez Gómez hizo trizas al artículo 127 constitucional y su párrafo sexto donde se establece que la remuneración de los servidores públicos es irrenunciable; ordenamiento laboral que también se encuentra plasmado en la Constitución mexiquense, en su artículo 47.

PROCEDEN DEMANDAS CONTRA EL EDIL

En cuanto a la manipulada austeridad del ya bautizado por sus opositores como el, “Hitlercito Toluqueño”, Becker Ania, expuso con claridad que no es válido escudarse en una inexistente falta de recursos para quitar su empleo y bajar sueldos a los trabajadores municipales, pues su nómina, al igual que la de los trabajadores estatales y federales “está etiquetada” en la Ley de Egresos del Estado de México; es decir, que el dinero para el pago de los empleados del ayuntamiento está asegurado.

O como lo dijo el presidente López Obrador, el gobierno tiene recursos y los fondos necesarios para atender la pandemia sin menoscabo a los derechos de los empleados públicos Por cierto que el presidente del tribunal laboral mexiquense, estableció la ruta a seguir para que los empleados afectados por las decisiones arbitrarias del “Führercito”, no solo lo demanden al alcalde por conculcar sus derechos laborales sino además por quebrantar la Ley Orgánica Municipal, junto con los integrantes del Cabildo, en caso de que sus miembros hayan aprobado el terrorismo laboral del munícipe. Afectar el salario de los trabajadores puede costarles la destitución del cargo.

El alcalde de Toluca piensa que con la renuncia que hoy firmarán los empleados de confianza y su alta inmediata con un menor sueldo, todo quedará subsanado y podrá emplear los “ahorros” del gasto corriente ya asignado, en la promoción de una encubierta campaña política a su favor, mediante la entrega de apoyos sociales, para apuntalar su imagen miras a un nuevo cargo de representación, en la elección intermedia del 2021.

Sin embargo, el asunto no es tan sencillo porque el atropello a los derechos de los trabajadores es de tal magnitud que muy pronto comenzará a trascender del plano estatal al nacional, sobre todo porque la Reforma Laboral de la 4T, es uno de los renglones más sensibles para la buena marcha del T-MEC.

¿Qué dirán los congresistas norteamericanos y canadienses cuando se enteren que un edil mexicano rebaja sueldos, despide sin motivo a sus empleados y los obliga a ceder parte de sus salarios, bajo una inverosímil “aceptación voluntaria”?

Sus asesores –si es que los tiene--, deben enterar al edil que ante tales compromisos con nuestros socios comerciales, la zalea de un alcalde pasa a un segundo término, cuando de cumplir lo establecido en el capítulo laboral de trata. Los agraviados trabajadores sindicalizados y de confianza tiene todas las de ganar, solo falta que concreten la palabra mágica que plasmaron en sus comunicados: ¡UNIDAD¡