Este 2020 los diputados mexiquenses recuperaron la facultad de calificar las cuentas públicas que perdieron hace 12 años, con lo cual, tras la revisión a los gastos, deuda, obras y desempeño pueden aprobar o desaprobar el ejercicio de recursos del gobierno estatal y de los municipios del año anterior.
Además, hicieron reformas en materia de fiscalización para que los ciudadanos puedan solicitar auditorías especiales a los legisladores, crearon la Unidad Técnica de Evaluación y Control, encargada de vigilar el desempeño de los servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (OSFEM).
El Congreso tiene la atribución de fiscalizar la administración de los ingresos y egresos de los municipios y de sus organismos auxiliares, pero la LVI Legislatura del Estado de México renunció a la facultad de calificar la cuenta pública.
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Sólo dejó la capacidad de revisar los informes, a través del decreto número 33, del 31 de enero de 2007 que reformó el artículo 40 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, con el argumento de que se prestaba a politizar el tema y le daba más tiempo para hacer su trabajo.
Sigue pendiente que el OSFEM emita su nuevo reglamento y lo presente a la Comisión legislativa de Vigilancia de ese órgano.
A través del decreto 63, aprobado por los diputados el 30 de abril y publicado el 12 de junio esta Legislatura de mayoría opositora recuperó la facultad de calificar las cuentas a través de una reforma al Artículo 61 constitucional que señala como atribución:
“Recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, del año anterior, mismas que incluirán, en su caso, la información correspondiente a los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y Municipios.
Con esa reforma, si el dictamen de la cuenta pública es aprobado por el Pleno de la Legislatura queda concluida su revisión; pero de no aprobarse, la Comisión debe sesionar de forma extraordinaria para analizar y discutir nuevamente su contenido y puede solicitar más información al OSFEM sobre los resultados obtenidos y se tendrá que elaborar otro dictamen que será presentado nuevamente al Pleno.
La renuncia
La renuncia a la facultad de calificar las cuentas públicas la hicieron los diputados cuando la entonces Legislatura todavía tenía una un equilibrio de fuerzas, pues fue la última donde los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD rotaron la presidencia de la Junta de Coordinación Política.
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En ese momento Enrique Peña era el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila coordinador del PRI, mientras Higinio Martínez era legislador por el PRD.
El decreto 33 señala como promotores de las iniciativas a los entonces diputados: Máximo García Fabregat de Convergencia y a los panistas Luis Xavier Maawad Robert, Sergio Octavio Germán Olivares y Moisés Alcalde Virgen.
Desde la LVII Legislatura, es decir, desde el año 2009 los siguientes legisladores pugnaron por echar atrás la reforma constitucional, pero no prosperó porque el Congreso estaba dominado por la mayoría priista.
La iniciativas para esa reforma se quedaron en el tintero durante tres Legislaturas.
Sin embargo, al llegar un congreso dominado por Morena y sus aliados lograron sacar ese cambio legal para recuperar, desde este año, la facultad de calificar las cuentas públicas.
El tema de la calificación de las cuentas 2018 ahora está detenido, pues no hay acuerdo, ya que la mayoría en el Congreso ha propuesto pedir la remoción de servidores públicos y hay resistencia en el PRI.
Incluso, podría irse al siguiente año, pues el periodo ordinario por ley debe cerrarse a más tardar el 18 de diciembre y los diputados también tienen pendiente aprobar el paquete fiscal que debe ser avalado a más tardar el 15 de diciembre, aunque si no hay acuerdo podría mantenerse abierta la sesión para irse hasta el miércoles 18.
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