Ofrece el Estado Mexicano disculpas a indígenas violadas

Ocosingo, Chis. El Estado Mexicano ofreció disculpas a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, que fueron golpeadas y violadas, en 1994, por integrantes del Ejército Federal, así como a su madre, Delia Pérez, a quien obligaron a presenciarlo todo.

Durante el acto, efectuado en la plaza central de Ocosingo, encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, las tres indígenas tzeltales originarias del municipio de Altamirano, aceptaron la disculpas, pero expresaron su inconformidad porque no hubo representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsables directos del agravio.

“Ana, Beatriz, Celia González Pérez, a nombre del Estado Mexicano, les pido una disculpa por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente”, les dijo Sánchez Cordero a las tres hermanas.

Luego se refirió a su madre: “Señora Delia Pérez, le pido una disculpa a nombre del Estado mexicano por su detención ilegal y por el agravio sufrido al tener que atestiguar los hechos cometidos en contra de sus hijas”.

Al tomar la palabra el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, recordó que el 4 de junio de 1994 las hermanas González Pérez y su madre “fueron detenidas ilegalmente por miembros del Ejército Federal Mexicano en el retén militar localizado en el camino que va rumbo al ejido Jalisco, de Altamirano”.

Agregó que “durante dos horas, estuvieron ilegalmente privadas de su libertad”, y agregó que “las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas por elementos del Ejército Nacional. Una de ellas era menor de edad”.

Dijo que “los hechos fueron denunciados en la oficina de la Procuraduría General de la República”, pero como no prosperó la investigación, en enero de 1996 ellas acudieron ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió el Informe de Fondo No. 53/01 en 2001 declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano”.

Manifestó que “no se puede ignorar el contexto en el que suceden los terribles agravios de este caso, parten del conflicto armado de 1994 en contra de las comunidades y pueblos indígenas, quienes exigían el reconocimiento de los derechos más básicos: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. No bastaron los quinientos años de explotación y marginación, la voz de los pueblos fue callada a toletazos”.

Con esta disculpa pública, abundó, “el Estado Mexicano se compromete a tomar las recomendaciones de la CIDH de realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores de las violaciones a los derechos humanos de las hermanas González Pérez y de aplicar las sanciones legales correspondientes a los culpables”.

Sánchez Cordero, quien reconoció la “valentía” de las cuatro mujeres que denunciaron los hechos, aseguró que “desde hace 25 años el caso se encontraba en total impunidad, pues el Estado mexicano no había con su deber de sancionar a los responsables”.

Aseguró que con el acto de disculpa pública “se buscará ir construyendo el principio de no repetición, y sobre todo, restaurar en la medida de lo posible, lo que los hechos lamentables han impactado en la vida de las agraviadas.

Al tomar la palabra, Ana expresó que “desde que fui violada no soy la misma, siento como que he quedado enferma”.

Agregó que no se sentó al lado de las autoridades que estaban a su derecha, separadas por el atril, “porque siento mucho coraje, pues no han resuelto mi caso, y porque además soy pobre, y porque quiero mostrar que habemos muchas indígenas violadas a las que no se les resuelven sus casos porque no saben hablar”.

En su turno, Celia afirmó que “no queremos a los militares en nuestros pueblos porque nos hacen daño”, lo que provocó que mujeres de organizaciones feministas corearan: “Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera Ejército de él”.

Al acto acudieron también el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y representantes de la CIDH y de la Fiscalía General de la República.