Ciudad de México. Para el sistema penitenciario no se preservó ni pensó en una perspectiva de género indispensable para garantizar los derechos humanos de las mujeres en reclusión, advirtió la ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.
Al inaugurar el Ciclo Mujeres en reclusión 'Vida dentro y fuera de la cárcel', la Ministra de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó que “actualmente subsiste una estructura androcéntrica, que no garantiza la perspectiva de género en política pública relacionada con la imposición y ejecución de penas privativa de libertad”.
Explicó que una de las causas de esta problemática surge desde el origen penitenciario, pensado para atender a una población eminentemente masculina, y en la que se incorporó a las mujeres dándoles un trato igual que a los varones.
“Conscientes de esta realidad, es indispensable e impostergable incluir y reforzar la perspectiva de género en todas las etapas del procedimiento penal, en la imposición de las penas y en la etapa de ejecución de las mismas”, urgió.
Por su parte, la investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, Corina Giacomello, indicó que México es el séptimo país con más mujeres en situación de cárcel a nivel internacional.
Expuso que las diversas formas de violencia sexual (dentro y fuera de la familia), su falta de prevención y de reacción, son las razones principales por las que las mujeres son llevadas a prisión.
Giacomello precisó que en el país hay alrededor de 10 mil mujeres privadas de la libertad en centros estatales y federales; eso representa el 5 por ciento de la población penitenciara que, en total, constituye más de 200 mil personas.
Expresó que si bien la cifra de mujeres procesadas por delitos del fuero común y federal disminuyó con la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio, en los últimos meses ha aumentado el número de personas procesadas por delitos del fuero común
Lo anterior, explicó, "se adjudica -aunque es demasiado temprano para llegar a conclusiones definitivas– a la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa".
En este contexto, dijo, es necesario que -como estableció una sentencia de la SCJN en 2017 y como o señala el Comité de los derechos del Niño- cada asunto de una mujer en situación de privación de libertad, se enfrente con una evaluación de caso por caso.
Se trata, aclaró, de "ir a ver quiénes son esas mujeres privadas de la libertad, tomar en cuenta cómo se está usando la prisión, para qué delitos, contra qué personas, cuáles son las consecuencias, tomar en cuenta la trascendencia de la pena", así como asumir que el Estado no tiene derecho a violar las garantías fundamentales de otras personas.
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