Ciudad de México. La activista Paula Flores Bonilla rechazó a nombre de otras madres, el acuerdo de solución amistosa que el Estado mexicano propuso para saldar el caso de su hija María Sagrario González Flores y otras cinco mujeres más de entre 6 y 20 años, víctimas de desaparición y feminicidio ocurridos entre 1995 y 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua, caso que fue analizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A 24 años de algunos de estos crímenes, hoy activistas y familiares de víctimas de desaparición y feminicidio comparecieron en audiencia pública titulada “Caso 13.377 de Silvia Elena Rivera y otras v. México sobre las niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez”.
En este espacio las familias, Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer de Ciudad Juárez y representantes de la Fundación Robert F Kennedy Human Rights y Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, escucharon del Estado Mexicano una propuesta de solución amistosa que incluía medidas rehabilitación, compensación e indemnización para dar una reparación integral de las víctimas y continuar las investigaciones por los feminicidios.
En voz de la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Martha Delgado, la delegación mexicana lamentó los hechos “y la acompañamos en su dolor”.
La funcionaria afirmó que hace 10 meses el gobierno de México inició una nueva etapa “ y venimos a presentar una propuesta de solución que contempla la reparación integral por los hechos ocurridos a cada una de las seis víctimas…
Afirmó que el gobierno tiene un “espíritu renovado del gobierno, que empieza por un reconocimiento de la situación tan grave y vergonzosa de la actuación de nuestras propias autoridades a estos niveles”.
Sin embargo, por la gravedad de los hechos y el tiempo transcurrido, las víctimas consideraron inaceptable iniciar cualquier proceso de solución amistosa en el presente caso, se expuso en este encuentro celebrado en el contexto del 173 periodo de sesiones de la CIDH con sede en Washington DC, Estados Unidos.
En este sentido solicitaron a la CIDH adopte “a la brevedad” un informe de fondo declarando al Estado mexicano responsable por haber faltado a sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana y la Convención do Belém do Pará.
“Yo no acepto una solución amistosa, lo único que me podrían ofrecer en esta solución amistosa son los verdaderos asesinos de mi hija, de María Sagrario, que se lleve la investigación con seriedad y responsabilidad. Eso es lo que yo acepto al gobierno y las demás madres, es la misma postura de ellas”, así respondió Paula Flores Bonilla.
Para Paula aún con la nueva administración, “todo está igual, habrá mucha gente preparada o equipo para hacer esos estudios pero ellos siguen cometiendo las mismas irregularidades para la identificación de los cuerpos y tan así es que en Ciudad Juárez, siguen desapareciendo las niñas, hay muchas pesquisas donde el problema sigue… Pueden hacer mucho, pero les falta voluntad”, indicó.
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