El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta un serio problema financiero por la drástica caída en sus prerrogativas para este año, debido a la debacle electoral que tuvo en el 2018.
Ahora, a días del aniversario 89 del organismo político, 4 de marzo, en el que se espera se lance la convocatoria para la renovación de su dirigencia nacional y de la rebatiña por llegar a la misma entre militantes de años, a éste se le avecina un problema mayúsculo, debido a que trabajadores que han sido despedidos por el CEN en los últimos meses, al menos 120, preparan una demanda colectiva contra el partido.
Fundamentan despido injustificado y que no han sido liquidados conforme a la ley, con todo y las artimañas implementadas para que los afectados no recurran a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), instancia que puede ordenar embargar las cuentas del tricolor para que éste responda a los empleados.
Testimonios recabados de personas que pidieron mantenerse en el anonimato, refieren que la crítica situación del instituto político no solo es en el CEN sino en los 32 comités estatales, donde también hay despidos y se argumenta que los empleados deben resolver su situación laboral en las instalaciones centrales.
En octubre pasado hubo un recorte del 10 por ciento de la nómica y, en la actualidad, a partir del 1° de enero, se lleva a cabo otro adicional del 25 por ciento, sin que se liquide a las personas, porque ello implica darle a cada una tres meses de salario y 20 días por año laborado. Adicional a esa acción, a los empleados en activo ya no les dan una compensación adicional, fuera de nómina, que se acostumbraba.
Al no estar de acuerdo con sus despidos, la mayoría de los afectados no han firmado, en tanto que sus superiores les recomiendan que en dos meses acudan a las oficinas para determinar el arreglo al que pueden llegar, cuando el ambiente político en el organismo toma mayor efervescencia por la elección de la presidencia, cargo al que ya se apuntó la yucateca Ivonne Ortega Pacheco y el oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz, además del de secretario general.
Pero la realidad es que esa es una artimaña, porque a los dos meses de que se le notificó al empleado que ya no tiene el puesto laboral, se venció el plazo para acudir ante autoridades federales a interponer una demanda.
El descontento entre los empleados crece día a día, porque semanalmente son despedidos decenas de trabajadores, sin pagarles siquiera la quincena que ya trabajaron y, además, los amedrentan con que si demandan no tendrán posibilidad alguna de volver a ingresar a trabajar a las filas del CEN.
Para el presente año el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto para el PRI de 770.2 millones de pesos, lo que representa menos del 50 por ciento de lo que ejerció en el 2018, a lo que se suma una cantidad importante que está comprometida para solventar multas que arrastra desde el año pasado, como las del orden de los siete millones de pesos impuestas al partido en la Ciudad de México, por violaciones a la ley en que incurrió Mikel Arriola Peñaloza, entonces candidato a gobernar la capital del país, en el marco de las elecciones pasadas.
Con esta crisis a cuestas, el instituto político optó por aplicar un severo recorte a su plantilla laboral tanto en el CEN como en los comités estatales, pero sin darles liquidación a la gran mayoría de los trabajadores despedidos, pero a los pocos que han hecho escándalo y se inconforman, les han dado cuando mucho un mes de salario.
Ante esta situación ha habido reuniones de los trabajadores que han sido despedidos sin siquiera ofrecerles una mínima liquidación, para integrar una demanda masiva ante la JFCA, por parte de al menos cien trabajadores.
Personas consultas que tienen conocimiento del problema y pidieron no revelar sus nombres, advierten que hay antecedentes de que al PRI se le pueden confiscar sus cuentas bancarias para pagar las liquidaciones de sus trabajadores.
A este negro panorama se suma que hay demandas presentadas por parte de trabajadores de comités estatales de todo el país, que argumentan que al recibir éstos transferencias del CEN, son realmente empleados del órgano central del partido, lo cual les obligaría también a responder estas inconformidades.
Los priistas están así en una situación más que complicada, debido a que ahora enfrentan los pasivos laborales en un gobierno federal de Morena y con una Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Lujan, cercana a las luchas de los trabajadores.
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