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jueves, 19 de abril de 2018
Se disputan ‘paternidad’ de la eliminación del fuero al presidente
El candidato del PRI, José Antonio Meade, presumió que la aprobación de la Cámara de Diputados se logró por su iniciativa... aunque López Obrador la proponía al menos desde 2016.
Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ Y José Antonio Meade, candidato a la Presidencia por la coalición 'Todos por México' .Fuente: ESPECIAL
La Cámara de Diputados aprobó este jueves reformas a la Constitución para eliminar el fuero a funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, y dos candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, y José Antonio Meade, se pelean ‘la paternidad’ de la iniciativa que fue enviada al Senado.
El fuero
Es un instrumento legal que confiere inmunidad procesal a determinados actores políticos, concebido para evitar abusos entre esferas del poder; no obstante, en los últimos años este instrumento ha sido considerado un sinónimo de impunidad, según la publicación 'El fuero en México: entre inmunidad e impunidad', editada por el CIDE.
En sus redes sociales, el candidato de la coalición PRI-Verde-Nueva Alianza, publicó una imagen con la leyenda “Seré el primer presidente sin fuero”. Al tuit le acompañó el siguiente texto: “Día histórico para México. Felicito a los @Mx_Diputados por haber aprobado la reforma para eliminar el fuero de los servidores públicos. Como lo anticipé cuando impulsé esta iniciativa: seré el primer Presidente #SinFuero”.
Mientras que la coordinadora del candidato de la alianza Morena-PES-PT, Tatiana Clouthier, también utilizó Twitter para defender la ‘paternidad’ de la eliminación del fuero.
“Bien hecho primer paso a hacer realidad las propuestas de #YaSabenQuien”, señaló
El candidato del PRI presentó su propuesta el pasado 18 marzo, mientras que López Obrador ha promovido la propuesta al menos desde 2016.
¿Qué aprobaron los diputados?
-El dictamen reforma el artículo 17 para establecer que nadie podrá ser sancionado con pena privativa de libertad por “las conductas que atenten contra el honor de las personas, tales como la difamación, la calumnia y la injuria”.
-El artículo 61 se modifica para eliminar la parte enunciativa que señala que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado velarán por el respeto al fuero constitucional.
-En el precepto 74 se quita la facultad de la Cámara de Diputados de declarar si hay o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito, es decir, de retirar o no el fuero.
-El 108 se reforma para estipular que las constituciones estatales no deberán establecer prerrogativas o tratos especiales para los funcionarios estatales y municipales, cuando incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos.
-El precepto 110 se modifica para estipular que el Presidente de la República también podrá ser sujeto de juicio político y señala que la acusación que haga la Cámara de Diputados, en este caso, requerirá de mayoría calificada.
-En el 111 se indica que cuando un juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos, se le podrá imponer cualesquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado.
-Se mantiene el texto que indica que, si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá a la persona privada de su libertad la gracia del indulto.
-En el artículo 112 se suprime el primer párrafo que se refiere a la no declaración de procedencia (desafuero) cuando el funcionario se encuentre separado de su cargo.
-El precepto 114, relativo al procedimiento de los juicios políticos, se modifica para precisar que “la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años”. De esta manera se deja fuera el enunciado que actualmente habla sobre la interrupción de plazos de prescripción.
En esta disputa por la 'paternidad', los partidos que conforman el llamado ‘Frente por México’ también han levantado la mano.
Este jueves, el vicecoordinador de los diputados del partido, Jesús Zambrano, aseveró que: “Lo hemos venido exigiendo desde el PRD, desde nuestro nacimiento como partido hemos presentado decenas de iniciativas al respecto en cada una de las legislaturas, en esta misma (hemos) presentado cuatro o cinco iniciativas con distintos enfoques para la eliminación del fuero”.
Mientras que el diputado panista, Juan Pablo Piña, dijo el pasado 12 de abril que su bancada firmó desde hace más de un año una iniciativa del coordinador Marko Cortés.
El dictamen aprobado este jueves surgió de 32 iniciativas presentadas por diputados federales, congresos locales y ciudadanos, entre noviembre de 2015 y abril de 2018.
Figuraron iniciativas de los congresos de Jalisco (una), de Baja California (una) y Baja California Sur (dos); de los grupos parlamentarios del PRI (cinco), PAN (cinco), PRD (seis), Morena (una), PVEM (una), MC (cuatro) y PES (tres); una de un diputado sin partido, una iniciativa ciudadana y una propuesta conjunta de las bancadas del PRI, PVEM y NA.
Jalisco, en 2016, fue la primera entidad donde se eliminó el fuero a funcionarios públicos locales, iniciativa impulsada por el diputado independiente Pedro Kumamoto.
A lo largo de la historia se han presentado juicios particulares de desafuero a nivel federal, siendo el primero que se tiene registro el de José López Portillo y Rojas (abuelo del expresidente José López Portillo), quien en 1909, cuando era senador, fue acusado de fraude y falsedad de declaración.
Otros casos conocidos fue el del senador Manuel Riva-Palacio en 1935; el senador Jorge Díaz Serrano en 1983; el diputado local René Bejarano en 2004; el jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador en 2005; y el diputado Julio César Godoy Toscano en 2010 .
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