Las autoridades federales y estatales entregaron información sobre los avances en la investigación sobre los restos encontrados en el municipio de Alvarado, y el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz.
Uno de esos acuerdos es la creación de un banco de información genética que dé certeza en el proceso de identificación de los cuerpos.
La Comisión Nacional de Seguridad será la institución encargada de coordinar los trabajos y de recibir las solicitudes de información de los colectivos verificando que los registros cuenten con los elementos necesarios para formar parte de la investigación.
Otro de los compromisos fue la definición del procedimiento a seguir para la identificación de los restos, el cual estará a cargo de la División Científica de la Policía Federal, en coordinación con la Procuraduría General de la República.
En un comunicado, la Secretaria de Gobernación informó Campa Cifrián señaló que el compromiso es entregar la información a los familiares en un plazo no mayor de 180 días.
En tanto, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, resaltó la importancia de la reunión dando certeza que las acciones a tomar fueron producto del consenso con los colectivos y reiteró la voluntad del gobierno estatal de esclarecer la identidad de los cuerpos.
En la reunión, autoridades federales y estatales reiteraron su compromiso de reforzar las acciones de búsqueda, investigación, identificación y atención de desaparecidos, víctimas y sus familiares.
Por parte del gobierno federal asistieron funcionarios de la Procuraduría General de la República encabezados por la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra; funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas encabezados por su titular, Jaime Rochín Del Rincón; de la Comisión Nacional de Seguridad, y de la Policía Científica.
Del gobierno de Veracruz asistieron el secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán; funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.
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