El documento, firmado por personalidades como María Elena Morera, Claudio X. González, Juan Parnas y Javier Sicilia, entre otros, así como 20 ONG's, reprocha que el aumento a combustibles no estuviera acompañado de un programa de austeridad en la burocracia.
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el alza al aumento de la gasolina, más de 70 organizaciones de la sociedad civil, así como casi 200 personalidades de la política, activismo, derechos humanos y cultura, exigieron al gobierno federal congruencia y acabar con la corrupción.
Asimismo solicitaron a las principales dependencias del gobierno implementar de manera urgente acciones que permitan revertir los abusos de poder, corrupción y crisis que afectan al país y urgieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), detener los “privilegios económicos” de la administración pública federal.
A través de un desplegado, señalaron que las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal son cuestionadas por la población, porque resulta incongruente que se pida asumir las consecuencias de las alzas del combustible cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o aumenta aguinaldos.
En el documento, firmado por personalidades como María Elena Morera, Pedro Salazar, Eduardo Bohórquez, Claudio X. González, Juan Parnas y Javier Sicilia Zardain, entre otros, se pide también “reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública” puesto que el incremento del precio de las gasolinas no estuvo acompañado de un programa de austeridad en la burocracia.
Asimismo, reprobaron la falta de un plan de contención por parte de la Secretaría de Economía para enfrentar la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ante el riesgo de pérdida de inversiones importantes para el país.
Exigen también incrementar el acceso a la información en el ejercicio del gasto público, específicamente en materia de concesiones, permisos y adquisición de bienes y servicios.
Los firmantes demandan también que la Procuraduría General de la República (PGR), sancione a los servidores públicos que participaron en las operaciones en las que la empresa Odebrecht y subsidiarias que reconocen haber pagado al menos 10.5 millones de dólares para la obtención de contratos de obra pública en el país.
Igualmente piden a la dependencia investigar y contener el delito de robo de combustibles, pues éste ha generado pérdidas que ascienden a más de 50 millones de dólares diarios.
En el escrito está dirigido al presidente de la República, al Secretario de Hacienda, al Secretario de Economía, a la Secretaria de Función Pública, al titular de la Procuraduría General de la República y a la opinión pública.
Ahí, los firmantes criticaron las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal, así como la impunidad y abuso de poder de las autoridades a quienes llaman “dar respuestas inmediatas a los ciudadanos para hacerle frente a la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho e informar de forma transparente y puntual a la sociedad.”
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