Después del 15 de enero el Gobierno de la Ciudad decidirá si aplica incrementos y en qué forma
Foto: Eduardo Jiménez, Héctor López, Jaime Boites y Mateo Reyes
Ante el inminente aumento a las gasolinas y el diésel, el Gobierno de la Ciudad de México analiza un posible incremento a las tarifas del transporte público. Será después del 15 de enero cuando decidia la fórmula que se aplicará, dijo en entrevista Héctor Serrano, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi).
Agregó que a partir del primero de enero la Semovi comenzará a valorar el impacto del incremento a los combustibles en los diferentes sistemas de transporte público, tanto concesionados (microbuses, vagonetas, autobuses y taxis), como de los organismos gubernamentales (M1, antes RTP y Metrobús).
Sin embargo está descartado que el Metro, el Tren Ligero y el Trolebús tengan un aumento.
El Gobierno de la Ciudad no ha tomado una decisión respecto a la posibilidad de incrementar o no la tarifa, esto qué quiere decir, que necesitamos revisar el impacto que esto causa, efectivamente todo lo que implica incremento en gastos de operación obliga a revisar y hacer un rediseño. La razón es muy sencilla: hay cosas que requieren condiciones de operación y es a través precisamente del combustible.
Los más importante es cómo se va a cubrir y quién lo tiene que cubrir. Nosotros lo que diríamos es que (seremos) sensibles a que esto impacta de forma contundente a los ciudadanos, pues el Gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera es muy sensible a ello.
Por supuesto, tendríamos que valorar, revisar y escuchar tanto a los transportistas como a las propias condiciones de financiamiento, de operación, para valorar si hay un posible incremento o no”, dijo vía telefónica.
El porcentaje del probable incremento dependerá de los resultados del análisis, en el que se incluirán las peticiones de taxistas y microbuseros, que han exigido hasta cuatro pesos de incremento.
Lo tenemos que revisar nosotros, está bien que ellos pidan lo que consideren, pero no quiere decir que lo que piden es lo que necesariamente se va a autorizar; lo que tenemos que revisar es cuál es el ajuste exacto, que permita –insisto, es muy importante– que no deje de darse el servicio a los usuarios que lo necesitan, que no se ponga en riesgo la operación de los servicios, la justa medida, no se trata de aprovechar esta condición económica que afecta el bolsillo de los capitalinos”, dijo.
El análisis considerará las fluctuaciones de los precios de los combustibles y el impacto en los costos operativos en los servicios de movilidad, pero también las afectaciones al bolsillo de los capitalinos, garantizó el secretario.
Agregó que el Gobierno no puede permitir que el impacto del incremento del precio de los combustibles ponga en riesgo los sistemas de movilidad de la ciudad, y acotó que no se permitirá que los transportistas hagan su agosto.
A ver cómo se ajusta (el precio de los combustibles), cómo se equilibra, cómo finalmente queda ajustado y estar en condiciones de poder hacer una valoración con un sentido financiero exacto; no queremos tomar una decisión a la ligera ni queremos desatender la justa demanda de un sector que puede estar en riesgo su operación, y tampoco podemos afectar los bolsillos de los ciudadanos.
Entonces busquemos la fórmula exacta, pero esto no va a ser el detonante para que nadie pretenda hacer su agosto como consecuencia de tener un pretexto por el aumento de la gasolina”, puntualizó.
PIDEN 4 PESOS DE AUMENTO
Líderes transportistas afirmaron que es necesario que se aumente hasta cuatro pesos la tarifa de los microbuses y el banderazo del taxi libre, además de 50 centavos el brinco del taxímetro cada 250 metros o 45 segundos.
Encarnación Juárez, líder de la organización Movilidad y Progreso, que agremia unos cuatro mil 500 concesionarios de micros, taxis y Metrobús, aseveró que es lo mínimo necesario para garantizar la operación.
Jesús Padilla, presidente de la Coparmex Ciudad de México y líder de empresas operadoras de Metrobús, corredores de transporte y microbuses concesionados, aseveró que el aumento tarifario debe ser inminente, pues una vez que se eleven los precios de los combustibles mensualmente por cada cien unidades los transportistas tendrán que invertir un millón de pesos más sólo en el suministro de diésel.
Padilla afirmó que además es necesario un plan de incentivos fiscales y que de no haber aumento la operación y el programa de renovación vehicular estarían en riesgo.
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