MEXICANOS PRIMERO
Por Jennifer L. O’Donoghue.
En las últimas dos semanas hemos visto una serie de anuncios, decisiones y publicaciones en el campo educativo que nos deben preocupar. El lunes 7 de noviembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la nueva estrategia de educación digital, @prende 2.0; en la madrugada del viernes 11, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017; y el domingo 13 de noviembre, la SEP publicó los resultados de la prueba Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA) 2016.
Ahora, ¿por qué estos acontecimientos nos deben preocupar? Los tres evidencian la poca importancia que se le da al aprendizaje en la política educativa mexicana. Voy por partes…
1) Educación digital: @prende 2.0 es el sexto programa de educación digital en los últimos 12 años y el cuarto en lo que llevamos de la administración actual. ¿Por qué cambiamos con tanta frecuencia la estrategia de educación digital? No por razones vinculadas con el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes; no se ha publicado una evaluación de las estrategias pasadas, ni un diagnóstico o teoría de cambio basada en el aprendizaje para sustentar este nuevo programa. En cambio, pasamos ciegamente de un programa al siguiente, sin aprender de la experiencia previa y con un gasto acumulado de más de 45 mil millones de pesos. Estamos invirtiendo cantidades preocupantes de recursos de la educación pública en programas de los cuales poco sabemos sobre su impacto en el aprendizaje, ni se demuestra interés real en saberlo.
2) Gasto educativo: Con el PEF 2017, atestiguamos de nuevo cómo la continuidad o eliminación de programas educativos, así como las ampliaciones o reducciones presupuestales se hacen desligadas de los procesos de evaluación y sin pensar en el fin último del aprendizaje. El Programa de la Reforma Educativa, que busca construir capacidades locales en contextos marginados, perdió 72% de su presupuesto con respecto a lo asignado en 2016, el mismo día que fue premiado por el CONEVAL como “buena práctica en la política social” (y uno de los únicos programas que ha sido evaluado en esta administración). Asimismo, aunque contamos con evidencia confiable de los efectos positivos de programas de becas – no sólo aumentan la probabilidad de que los niños permanezcan en la escuela, sino también mejoran el logro de aprendizaje – se aprobó un recorte de 17% en becas para educación básica, principalmente dirigidas a alumnos indígenas. ¿Dónde queda la equidad y la inclusión educativa?
3) Evaluación de aprendizaje: Los resultados de PLANEA 2016 para los estudiantes de 6º de primaria y 3º de secundaria fueron publicados junto con un disclaimer de que “debido al diseño de la prueba y al esquema de aplicación…, los resultados obtenidos en cada plantel, no son comparables con los alcanzados en Planea 2015 ni tampoco lo serán con los que contengan en próximas aplicaciones” (SEP, 2016). En pocas palabras, no tenemos datos históricos y este ejercicio no nos sirve para evaluar el avance en la garantía del derecho a aprender.
Además, esta prueba “censal” sólo involucró a 80% de los alumnos y las escuelas programados a nivel nacional; en Chihuahua la cobertura fue de 60%, en Chiapas 17%, Oaxaca menos de 14% y en Michoacán de 7%, y en Yucatán no se recuperaron los resultados de 93% de las escuelas. La participación en escuelas indígenas (42%) fue casi la mitad de la vista en escuelas públicas generales (79%). Con estas cifras, ¿realmente podemos decir que cumplimos con la responsabilidad de monitorear el aprendizaje de todos?
El ejercicio efectivo del derecho a aprender depende en muchos casos de la focalización y la equidad de la política pública – de dar más a los que menos tienen y a cada quien lo que necesita. Pero en México, con el diseño y la implementación de la política pública actual, el aprendizaje de casi un millón de niños y jóvenes queda desconocido, invisible para las escuelas, las familias y el sistema educativo.
El cambio más importante de las reformas al marco legal para la educación de 2013 fue establecer la obligación del Estado de garantizar el “máximo logro de aprendizaje” de tod@s. Como ciudadanos, no podemos dejar que se pierda de vista esto: que todas y todos contemos con las oportunidades de desarrollo que nos permitan llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Un paso fundamental para asegurar esto es que nuestra política educativa se base en la experiencia de las personas y la evidencia de qué funciona y qué no en las escuelas; si queremos un sistema que apoya el aprendizaje, necesitamos un sistema que aprende.
La autora es directora de Investigación
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