Arturo Bermúdez Zurita y Gabriel Deantes Ramos, exsecretario de Seguridad Pública y exsecretario del Trabajo en la administración de Javier Duarte, están acusados de tráfico de influencias, abuso de autoridad así como de enriquecimiento ilícito.
XALAPA.- De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado, el juez de control del Distrito de Xalapa recibió una consignación para ejercer acción penal en contra de Arturo Bermúdez Zurita y Gabriel Deantes Ramos, exsecretario de Seguridad Pública y exsecretario del Trabajo en la administración de Javier Duarte, respectivamente.
Los delitos imputados a Bermúdez Zurita son tráfico de influencias y abuso de autoridad durante el tiempo que estuvo al frente de la SSP en la administración de Duarte de Ochoa.
A Deantes Ramos se le acusa de enriquecimiento ilícito pues fue subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y secretario del Trabajo y Previsión Social durante el gobierno del mandatario con licencia.
El juez de control decidirá si ambos serán vinculados a proceso para después girar órdenes de aprehensión. Aunque se desconoce el paradero de ambos, la policía ministerial ha iniciado una búsqueda para su localización.
Cabe mencionar que Arturo Bermúdez, quien dirigió la SSP desde el 8 de julio de 2011 hasta el pasado 4 de agosto, fue señalado en múltiples ocasiones por operativos violentos como el desalojo de maestros ocurrido el 14 de septiembre de 2014, la retención ilegal de estudiantes el 20 de noviembre de 2013 y el constante hostigamiento a estudiantes y reporteros.
El exsecretario de Seguridad presentó su renuncia el pasado 4 de agosto luego de que fuera exhibido por ser dueño de 5 propiedades en un complejo residencial de Texas en Estados Unidos con un valor aproximado de 2.4 millones de dólares.
El pasado 25 de octubre el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa rechazó la solicitud de suspensión provisional a Bermúdez Zurita y a su hermano Miguel, con lo que se detendrían las revisiones del Sistema de Administración Tributaria y de la Procuraduría General de la República en ambos casos.
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