20 y a la OCDE, pero ha estado maniatado por la inequidad y la debilidad de su Estado de derecho.
Por Jude Webbe
Un sistema cerrado caracterizado por abusos se abre al escrutinio público. (El Financiero)
Maribel Vázquez Cañas está sentada frente a una mesa de metal en el patio de una prisión cuyas paredes, protegidas con alambre de púas, están decoradas con murales de colores brillantes. “Han sucedido tantas cosas desde que dije la verdad”, dice con tristeza. “Debería haberme quedado callada”.
Vázquez dice que, hace cuatro años, su exmarido se apareció en su hogar en el sur de la Ciudad de México cuando ella no estaba en casa y comenzó a descargar cajas llenas de salchichas y embutidos de un camión. Él y un cómplice habían secuestrado el vehículo y tenían cautivos al conductor y otro trabajador.
Vázquez, de 41 años de edad, estaba indignada. “Sólo llevaba una semana fuera de la cárcel — se había pasado dos meses encarcelado por pegarme — y ¡ahora estaba cometiendo un robo! Llamé a la policía y lo reporté”, aseveró.
Pero la policía la arrestó. Dos días más tarde se encontraba interna en el Centro Femenil Santa Martha Acatitla, acusada de secuestro y robo. La enjuiciaron mientras estaba en la cárcel y fue condenada a 27 años y medio de prisión.
México es un país de ingresos medios que pertenece al G20 y a laOCDE, pero ha estado maniatado por la inequidad y la debilidad de su Estado de derecho. Como tal, el país ha establecido cerca de una docena de reformas importantes — durante los últimos tres años y medio del término del Presidente Enrique Peña Nieto — con resultados mixtos. Entre ellas incluyen abrir los sectores energéticos y de telecomunicaciones a la competencia, mejorar el sistema educativo y abordar la corrupción.
La última reforma está dedicada al sistema de justicia penal que condenó a la Sra. Vázquez sin pruebas.
A partir de este fin de semana, el sistema de justicia inquisitivo y cuasi-medieval — que según los juristas ha dependido de falsos cargos y de confesiones obtenidas por medio de la violencia — ha sido oficialmente eliminado.
En su lugar se implementarán, a nivel nacional, juicios orales y públicos que ahora incluirán contrainterrogatorios y que dependerán de laevidencia, bajo la reforma constitucional aprobaba en 2008 con un plazo de implementación fijado para el 18 de junio de 2016.
Según María de los Ángeles Fromow, la titular encargada de implementar la reforma, ésta es “la transformación más profunda que se ha visto en nuestro país en más de cien años”.
Por fin se ha eliminado el sistema arcaico basado solamente en testimonios escritos, en los que los acusados presenciaban sus juicios desde la cárcel y — en la mayoría de los casos — sin la presencia de un juez.
En su lugar se implementará un sistema transparente y responsable, pero no de inmediato. CIDAC, un grupo de estudios independientes que ha estado evaluando la reforma, piensa que tomará 11 años realizar una implementación total.
El nuevo sistema significa que “cuando las cosas vayan mal, podrán percibirse y corregirse”, dijo David Shirk, un profesor en la Universidad de San Diego y director del proyecto Justicia en México que ha utilizado fondos de EU para capacitar a abogados. “Hasta ahora, el sistema ha sido invisible e incorregible”, él aseveró.
Agustín Acosta, el abogado de Florence Cassez, una francesa, quien fue liberada por la Corte Suprema en 2013 debido a errores de procedimiento, dijo: “Nadie está preparado. Están implementando esta reforma en un momento de crisis de derechos humanos”.
La investigación más polémica de México — sobre la desaparición de 43 estudiantes — ha sido fuertemente criticada por expertos internacionales por su falta de rigor y por su dependencia de confesiones obtenidas bajo tortura.
Fromow dice que, para familiarizar a los mexicanos con el nuevo sistema, el gobierno está en conversaciones con productores sobre la posibilidad de crear una versión mexicana del programa televisivo Law & Order. Pero el antiguo sistema seguirá en efecto para todos aquellos detenidos antes de la implementación de la reforma.
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