Al interior de la Concanaco-Servytur se analizan las acciones legales, incluidos los amparos, que se pudieran interponer en torno a la afectación que implica para los particulares y para sus empresas el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, llamada Ley 3de3.
Así lo dio a conocer el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Enrique Solana Sentíes, en referencia al polémico artículo 32 que obliga a personas físicas y morales que reciban recursos públicos o contraten con el gobierno para presentar su declaración patrimonial y de intereses.
En México era impostergable contar con un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para combatir esta extendida práctica que ha representado un grave costo económico al país, sentenció Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco-Servytur.
De ahí que extendió un reconocimiento a la sociedad por su participación activa en este tema y al Poder Legislativo por haber aprobado las ocho iniciativas que conforman al SNA, dándole con ello a México una mayor certeza jurídica en este grave problema.
Sin embargo, con respecto al controvertido artículo 32 y la adición de último minuto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas -que contempla la obligación por parte de las personas físicas y morales que reciban recursos públicos o contraten con el gobierno para que presenten su declaración patrimonial y de intereses-, dijo que Concanaco ya analiza las acciones legales, incluidos los amparos, que se pudieran interponer en torno a la afectación que implica para los particulares y para nuestras empresas este artículo.
Ante esto, anunció que la Confederación mantendrá un acercamiento constante y un diálogo abierto con los legisladores, luego de que los coordinadores de las principales bancadas han reconocido que la Ley 3de3 fue aprobada con algunas imprecisiones en esta materia y que por consiguiente trabajarán para establecer claramente quién debe presentar la declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de interés.
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