Maltrato infantil, foco rojo

Eduardo Guerrero Gutiérrez




En marzo de 2015 el cuerpo de una niña de dos años fue hallado dentro de una maleta abandonada en la calle Berlín, CDMX. La necropsia reveló que la causa de su muerte fue un traumatismo en las vértebras cervicales. El cadáver también presentó signos de abuso sexual y desnutrición.

Ángela, como la llamaron los trabajadores del Instituto de Ciencias Forenses, fue sepultada el mes pasado. Nadie reclamó su cuerpo. Para evitar que fuera enviada a la fosa común, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CDMX, Edgar Elías Azar, reclamó el cuerpo, y entre él y otros funcionarios del Tribunal adquirieron para ella un lote en un panteón.

En julio de 2015 un niño de seis años fue rescatado de su domicilio en Reynosa, donde vivía con su madre y su padrastro, pues lo golpeaban y presentaba desnutrición extrema. En septiembre de 2015 una mujer en Monterrey asesinó a cuchilladas a su hija de cuatro meses e hirió gravemente a sus hijos de cuatro y cinco años, para luego intentar suicidarse. En octubre de 2015, 24 menores fueron rescatados de un albergue en Oaxaca, donde los golpeaban y abusaban sexualmente de ellos. Este mes, tres menores, víctimas de explotación sexual, fueron rescatados de un bar en Tuxtla Gutiérrez.

Este no es mero anecdotario de nota roja o una lista de incidentes aislados. México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los 34 países miembros de la OCDE. La Fundación en Pantalla Contra la Violencia Infantil (FUPAVI) ha señalado que en México el 78 por ciento de los infantes maltratados son menores de tres años. Este grupo de infantes es altamente vulnerable a los traumas craneoencefálicos. Cuando llegan a sobrevivir las golpizas tempranas, a estos niños violentados les aguarda un largo periodo de maltrato físico, sexual y emocional. Serán propensos a enfermarse, tendrán malformaciones físicas y sufrirán depresión crónica.

La adicción al alcohol y las drogas, y su ingreso a pandillas violentas o grupos criminales serán, muy probablemente, dificultades con las que lidiarán cuando arriben a la edad adulta. De acuerdo con la PGJ de la CDMX de 88 bandas criminales desmanteladas recientemente, en 33 participaban jóvenes de entre 12 y 17 años.

Un aspecto que hace especialmente complejo el problema del maltrato infantil es que no se trata de una situación atribuible sólo a omisiones y negligencia de la autoridad pública, sino a conductas que se albergan en las propias familias. La política pública contra el maltrato infantil debe contemplar la protección de los infantes de sus propios progenitores o cuidadores, quienes se han convertido en sus victimarios. Según el TSJ de la CDMX, en más del 90 por ciento de los casos de homicidios de menores de edad, los victimarios fueron uno o ambos padres (cifras de 2010-2011).

Por otro lado, las deficiencias para perseguir delitos en contra de los infantes han quedado en evidencia recientemente. El mes pasado un grupo de padres de familia presentó denuncias de abuso sexual a menores de entre dos y cinco años de edad en un kínder Montessori de la CDMX. Entre otras cosas, el caso ha dejado ver una muy preocupante ausencia de protocolos y de personal calificado para atender estas situaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX. De aquí que ahora los padres de los menores agredidos denuncien la re-victimización que han sufrido sus hijos.

Así las cosas, ¿qué acciones son necesarias para avanzar en soluciones al maltrato infantil?

Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se ha pronunciado por un cambio profundo en la administración pública y en la reordenación del presupuesto para garantizar los derechos de los niños y adolescentes, y que estos sean beneficiarios de mayores programas y proyectos gubernamentales, pues en la práctica hay un interés superior en implementar políticas destinadas a los adultos. Además, como se trata de un problema del ámbito familiar, resulta esencial la participación de la sociedad civil. En el ámbito burocrático, un primer paso es lograr una integración coordinada y focalizada de las secretarías de salud, educación, desarrollo social, agencias investigadoras y organismos de impartición de justicia. También se requiere la producción de una regulación específica, protocolos, mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, y programas para identificar, prevenir, atender y combatir este tipo de violencia. En el ámbito de la sociedad civil, me parece esencial fomentar la denuncia ciudadana.

¿Cuáles serían las consecuencias de no trabajar en esta enorme tarea? Muchas, pero una –fundamental– es que diariamente continuarán muriendo bebés e infantes asesinados a golpes.