Esta visión es totalmente obsoleta y parcial, pues la razón de ser del Estado es mucho más amplia: la promoción del bien común. Sin embargo, no cabe duda que la seguridad pública es una de las condiciones que permiten el logro de ese fin, junto con la realización de estas condiciones que hoy forman parte del catálogo de los derechos humanos. La seguridad pública está hermanada con la realización de la justicia y también forma parte de ésta. Pero, desgraciadamente, en México estamos muy lejos de acercarnos a la vigencia de la justicia y de tener seguridad.
La inseguridad que priva en el país es lo que ha llevado a muchos a afirmar que México es un estado fallido. Y aunque no podemos afirmar que eso sea el único elemento que provocaría una fracaso de tal naturaleza, sí es una factor que incide sobre otros, como el desarrollo económico y social, que al estancarse o limitarse generan un círculo viciosos que alimenta la violencia en el país.
Los mexicanos consideramos, según la Encuesta Nacional Sobre Victimización y Percepción Sobre Seguridad Púbica del INEGI, que el primer y más importante problema que hoy vive el país es el de la seguridad. La opinión pública ha manifestado durante varios años su enojo y su exigencia por este tema, y aunque de palabra las autoridades ofrecen trabajar, los resultados son muy pobres.
De acuerdo con la Encuesta realizada en 2014, durante el año anterior en el 33.2 por ciento de los hogares se registró una víctima, pero por falta de confianza en la autoridad o por considerarlo una pérdida de tiempo, el 92.8 por ciento de los delitos no se denuncian. Y de los que se denuncian, sólo en el 10.7% de los casos se inició una averiguación previa, pero no se desprende de ello que se haya concluido y, menos aún, que se haya hecho justicia.
Durante un buen tiempo las extorsiones telefónicas eran un delito frecuente, pero la sociedad aprende y hoy sólo se registra el pago por parte del 5.4 por ciento. Esto significa que los candidatos han sido más eficaces que las autoridades, pues éstas no han podido frenar dicho fenómeno que, según se saben, se realiza incluso desde las cárceles de este país.
El resultado del clima de violencia que vivimos es que la ciudadanía se siente insegura de acudir a un cajero (81.3 %); de estar en un banco (68.4%); de transitar por las calles (67.6%) y de viajar en un transporte (67.4). En pocas palabras, se piensa que el hogar es el único lugar seguro, y ello porque se han hecho inversiones millonarias para tomar medidas al respecto en la vivienda por parte de los particulares. El gasto que se realizó en esta materia ascendió a 63 millones 600 mil pesos. Parecería que la seguridad en las casas es tal, que el Chapo Guzmán no podría salir de ellas.
Por otra parte, la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad es muy alta y hay quienes lejos de sentirse protegidos por la presencia policial, la perciben como un peligro. Y no se diga en el caso de los policías de tránsito, corrutos y extorsionadores, según los califica el 77% de la población. Y en esto se llevan la palma los del Estado de México y el Distrito Federal, que son especialmente voraces con quienes proceden del interior del país, aprovechando la muralla del Hoy no Circula o de la verificación, que prácticamente los discrimina y rechaza. Los agentes son especialistas en inventar infracciones y extorsionar a los automovilistas, y lejos de ponerles una mordaza, las autoridades modifican el reglamento de tránsito para que los conductores sean más vulnerables.
Pero llama la atención que la Encuesta del INEGI revele que la ciudadanía tiene más confianza en el Ejército y la Marina, que en las policías. Eso a pesar de la campaña sistemática que se ha realizado en contra de las fuerzas armadas, y en la cual participa activamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, azuzada por Emilio Álvarez Icaza y la izquierda apadrinada por él con el claro propósito de minar más la desconfianza y el prestigio de las autoridades en provecho de su facción.
Y aunque esto no significa que las fuerzas armadas en ocasiones han violado los derechos humanos y abusado de su poder, como consecuencia de que han sido preparados para la guerra y no para funciones policiales, no cabe duda de que su presencia en donde la violencia de los cárteles ha alcanzado niveles de alarma, siempre genera mayor tranquilidad entre quienes no tienen de qué preocuparse. Y los militares también han pagado un alto costo de vidas que la sociedad no siempre reconoce, pues son tan víctimas de los sicarios como se pretende convertir a éstos, olvidando que ellos son los que iniciaron una guerra –y así la denunció el Papa Francisco en la ONU- y han infeccionado a la sociedad.
Es una lástima y un gran dolor reconocer que México es un país inseguro y que está muy lejos de que se logre la justicia. Pero también hay que señalar que la causa remota de este problema está en el sistema educativo, que desechó los valores, y en la injusticia social. Todos ellos temas pendientes en la agenda del Estado Mexicano.
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