CIUDAD DE MÉXICO, 6 de septiembre.- El grupo de expertos comandados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estudiar la desaparición de 43 normalistas en Iguala hace casi un año presentará hoy sus conclusiones finales sobre el caso, al haber terminado su periodo de investigación.
Asimismo, el grupo de expertos solicitó al gobierno mexicano ampliar su mandato otros seis meses para continuar con la investigación, pero la petición todavía no ha sido respondida por el Ejecutivo, que tiene de plazo hasta el próximo 15 de septiembre.
Luego de varios viajes a México los últimos seis meses, los cinco miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) expondrán su análisis, tras haber entrevistado a detenidos, supervivientes, familiares y funcionarios, así como haber examinado el informe oficial del caso.
Creado en 2014, el grupo inició actividades en marzo. Tuvieron un primer encuentro privado con funcionarios y otro con estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, donde estudiaban los desaparecidos, y con padres de las víctimas.
“Queremos hacer un esclarecimiento de los hechos y vamos a tratar de llegar a la verdad”, dijo entonces el español Carlos Beristain.
Cuatro énfasis
Los expertos dividieron sus investigaciones en cuatro: el proceso de búsqueda, la investigación, atención las a víctimas y las políticas públicas ante la desaparición forzada.
Hicieron su primera valoración el 19 de marzo y alertaron del gran volumen del expediente y de que no estaba digitalizado. Desde el inicio de su visita exigieron al gobierno que continuara la búsqueda de los jóvenes estudiantes.
El 20 de abril pidieron a la Policía Federal examinar dos nuevos lugares, a petición de los padres, y acusaron que una gran dificultad era la fragmentación del caso, al tener a los imputados en un lugar, el expediente en otro, mientras los hechos ocurrieron lejos.
Entonces sostuvieron entrevistas con varios detenidos (más de 120, entre policías, funcionarios públicos y narcotraficantes) y viajaron varias veces al lugar de los hechos acompañados de normalistas sobrevivientes, para reconstruir lo sucedido.
En otra comparecencia, el 11 de mayo, afirmaron que algunos de los detenidos habían denunciado torturas. “Consideramos que las garantías legales, el análisis exhaustivo de esas denuncias es fundamental para evitar que eso genere problemas más adelante”, apuntó entonces Beristain.
Explicó la exfiscal guatemalteca Claudia Paz un posible escenario en el que “no se hubieran respetado los derechos de los detenidos sería muy negativo para el proceso y tendría consecuencias legales”.
Una de las principales peticiones de los expertos ha sido entrevistarse con el personal del Batallón 27 de la zona, quienes son señalados por familiares por sus posibles vínculos con la tragedia, pues aquella noche tuvieron contacto con algunos jóvenes.
En su siguiente valoración, del 29 de junio, los expertos se quejaron de que de las 100 peticiones de información al gobierno mexicano, sólo 30% había sido atendida de forma completa y pidieron la agilización de las respuestas.
Ese mes visitaron lugares relevantes vinculados con la investigación, como sedes policiacas, el basurero de Cocula, el río San Juan, una casa de seguridad y prisiones en el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit, donde hablaron con personas vinculadas con el caso.
En su conferencia de prensa del pasado 17 de agosto, los expertos denunciaron la destrucción de pruebas de video y explicaron que a su solicitud de hablar con los militares, el gobierno les había ofrecido una entrevista por escrito, opción que ellos rechazaron.
Dijeron que del total de solicitudes de información de la CIDH al gobierno mexicano, sólo 48% han sido atendidas en su totalidad.
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