Documentar la corrupción

En 1996 la prensa mencionó la palabra corrupción en 502 notas. Para 2014 el número de menciones había crecido a ¡29 mil 587! O sea, se pasó de 1.4 menciones por día a 81. Para desgracia de todos nosotros, la mayor exhibición de la corrupción no ha redundado en una menor incidencia de este tipo de delitos.

Por María Amparo Casar

No cabe duda que el periodismo de investigación, la academia y los think tankshan hecho una gran labor para poner el tema de la corrupción en la agenda pública mexicana. La siguiente cifra es lo suficientemente elocuente: una búsqueda en Infolatina enseña que en 1996 la prensa mencionó la palabra corrupción en 502 notas. Para 2014 el número de menciones había crecido a ¡29 mil 587! O sea, se pasó de 1.4 menciones por día a 81. Para desgracia de todos nosotros, la mayor exhibición de la corrupción no ha redundado en una menor incidencia de este tipo de delitos o faltas administrativas ni tampoco en la disminución de la impunidad que los rodea. Las redes sociales también han hecho su parte. En un país en el que se lee poco, muy poco, se han convertido en un gran magnetófono y amplificador de la denuncia.

Pero parece que hace falta más que esto y más que la sola apelación a la ética y la legalidad para que los gobiernos y nosotros mismos nos comencemos a tomar en serio el problema. A estos esfuerzos de los medios tradicionales y de las redes sociales debe sumarse el conocimiento puntual sobre la corrupción y sus consecuencias. Si no sabemos de qué tamaño es la corrupción y qué tanto nos afecta como país y como individuos, difícilmente nos comprometeremos con su combate. Es posible que cuando damos una mordida de 100 pesos para acelerar un trámite no aquilatemos lo que ello significa pero cuando pasamos al agregado y descubrimos que los hogares mexicanos destinan 14% de su ingreso a las mordidas (Transparencia Mexicana), entonces las cosas parecen más graves.

Hace unos años, el G20 adoptó dentro de su agenda global el combate a la corrupción. Lo hizo como parte de su misión central: coadyuvar a encender los motores del crecimiento, promover la inversión y disparar el comercio internacional. Dentro de este esfuerzo se encargó a la OCDE un estudio sobre los obstáculos que la corrupción representa para el crecimiento económico y que ha sido publicado recientemente. Por cierto, este estudio fue preparado bajo el liderazgo de la mexicana Gabriela Ramos, chief of staff de la OCDE

(http://dx.doi.org/10.1787/9789264230781-en). La idea es precisamente la de dimensionar los costos de la corrupción.

El estudio propone reforzar el imperativo moral y legal en contra de la corrupción con el interés político y, sobre todo, el económico. La idea es sencilla: la corrupción es y debe ser parte de la agenda de política económica, porque afecta negativamente el potencial de crecimiento y desarrollo económico de las naciones y porque mina la credibilidad en las autoridades públicas y en las instituciones de la democracia.

Aunque el reporte no es sobre México, parece estar bordado a mano para nuestro país, pues recaba información y analiza el impacto de la corrupción en cuatro sectores particularmente relevantes y sensibles en estos momentos: la industria extractiva, la infraestructura, la salud y la educación. Dada la apertura del sector energético, los proyectos de infraestructura anunciados por el gobierno, la Reforma Educativa y los planes en salud, los datos y recomendaciones que ofrece el estudio no podrían ser más oportunos.

Del lado de “los privados”, el estudio documenta que la corrupción provoca distorsiones en el mercado que desalientan la competencia y la inversión, que incrementa los costos de hacer negocios y que estos costos son finalmente trasladados a los consumidores.

Del lado de “lo público” el problema es que las decisiones se toman con criterios políticos o incluso personales y éstas resultan en asignaciones presupuestales, regulaciones sectoriales y barreras comerciales o a la entrada en el mercado que acaban por dañar el interés social e incluso el interés gubernamental, pues estas decisiones conducen a la pérdida de ingresos para el Estado.

Para cada uno de estos sectores se hacen recomendaciones particulares de acuerdo a las peculiaridades de la provisión de bienes y servicios o de acuerdo a, si se requiere o no, la asociación de capital y gerencia pública y privada. Pero también hay recomendaciones generales para cualquier actividad económica, independientemente del giro de ésta.

La primera es el imperativo de combatir simultáneamente el lado de la oferta y el de la demanda de la corrupción: no hay una sin la otra. La segunda es la necesidad de tener sistemas regulatorios y legales diseñados de acuerdo a los principios de independencia y competencia para que sean capaces de prevenir, detectar y castigar los actos de corrupción. En tercer lugar, se enfatiza la conveniencia de que la comunidad empresarial y la sociedad civil contribuyan en el diseño e implementación del combate a la corrupción. Finalmente, el estudio evidencia la necesidad de desarrollar una nueva generación de datos que nos permitan comprender la dinámica de la corrupción para, a partir de ella, elaborar políticas públicas basadas en la evidencia empírica. A ello contribuye ampliamente el reporte de la OCDE.