Explicó que esta cifra podría elevarse durante el proceso de solventación de las acciones correspondientes (que tienen un plazo de 30 días hábiles), a 50 mil 721 millones de pesos. En años anteriores, se ha logrado recobrar un promedio de 22 por ciento del total de las recuperaciones determinadas que equivaldrían a 12 mil 435 millones de pesos.
Ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que preside el perredista José Luis Muñoz Soria, informó Juan Manuel Portal que se llevaron a cabo mil 413 auditorías individuales, y derivado de la fiscalización practicada se emitieron 10 mil 861 acciones de las cuales 6 mil 902 son recomendaciones, 783 son solicitudes de aclaración, 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, mil 321 promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias y mil 798 pliegos de observaciones.
Indicó que las denuncias de hechos correspondientes a la Cuenta Pública 2013 se presentarán, conforme a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, cuando se tengan los elementos para tal efecto, como lo ha venido haciendo en años anteriores la ASF.
Explicó el titular de la ASF que se definieron tres tipos de riesgo a partir de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2013. En primer lugar, se consideran riesgos estratégicos aquellos que pueden llegar a tener un impacto en la totalidad de la gestión de los entes públicos; estos riesgos requieren una especial atención, puesto que muestran debilidades estructurales del Estado mexicano.
El segundo tipo de riesgo es el vinculado a la rendición de cuentas y transparencia; y finalmente, los riesgos de operación: son aquellos que se materializan en la actividad normal de los entes auditados y que limitan la oportunidad o el alcance de los resultados obtenidos, situaciones que resultan en una afectación al interés de la sociedad.
Agregó que para la Cuenta Pública 2013 se distinguieron trece áreas de riesgo de mayor impacto y representatividad en el sector público, que son:
Integridad gubernamental; cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos; rendición de cuentas en las entidades federativas; padrón de beneficiarios de los programas sociales; revelación de pasivos y gasto; integración efectiva de la participación ciudadana en la gestión de programas públicos; adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado.
Así como también: Proyectos de infraestructura sin planeación, supervisión ni seguimiento; participación de intermediarios en la dispersión del gasto público; subejercicios; incorporación de tecnologías de información en el ejercicio gubernamental; programas públicos duplicados, sin coordinación o injustificados; y, servicios suministrados por particulares.
Juan Manuel Portal al inicio de su mensaje, comentó que ante los momentos que actualmente atraviesa el país, uno de los elementos más representativos del sentir general es la crisis de confianza por la que atraviesan las instituciones de la República.
Distintos sectores de la ciudadanía han asumido una actitud de escepticismo y de reserva respecto a la actuación del Estado, llegando, en algunos casos, hasta a asumir tintes de disenso y confrontación, aseveró.
La arena política presupone la existencia de visiones y perspectivas opuestas, que deben buscar establecer un acercamiento a través del diálogo y la negociación. En este contexto ¿cuál es el papel que deben desempeñar las instituciones?
"A mi parecer, los órganos del Estado tienen la obligación de sustraerse a la dinámica existente en la confrontación política y proporcionar elementos de certidumbre y objetividad, más allá de cualquier interés de grupo, preferencia personal, o apremio de la ciudadanía", manifestó.
Juan Manuel Portal habló de la necesidad de avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización, que está concebido a partir de distintos mecanismos de coordinación, intercambio de información y ejecución de acciones conjuntas entre las instituciones fiscalizadoras y los órganos internos de control de los entes auditados. Dijo que espera que los vínculos de la ASF con la Secretaría de la Función Pública se vean reafirmados en esta nueva etapa de sus labores.
Pero también señaló que se requiere que este sistema trascienda la acción de ser un mero marco teórico o normativo; "es necesario que se convierta en un elemento constitutivo de la programación y planeación de auditorías, así como de la atención conjunta de distintas instituciones a un problema específico".
Consideró que el Sistema Nacional de Fiscalización, en construcción y operación parcial desde hace cinco años, debe ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como un subsistema cuyos insumos resultan de un gran valor para la contención y la disuasión de actos irregulares. "Este aporte simplemente no puede ser omitido en el diseño de una estrategia de mayor alcance", señaló.
Consideró dos aspectos que podrían ser retomados en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción: la necesidad de adelantar la fecha de la presentación de la Cuenta Pública; y, entregar, mediante informes individuales, los resultados de las auditorías conforme se vayan concluyendo, y no como actualmente ocurre, con una única presentación.
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