El pasado 19 de enero, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) detalló la instrumentación del Programa de Blindaje Electoral 2015 con el que “garantiza la legalidad, transparencia e imparcialidad en el uso de los recursos destinados a la superación de la pobreza” en los comicios de junio próximo.
Especialistas consultados en su momento por calificaron la medida como “insuficiente”, pues dentro de las medidas de la Sedesol están la reprogramación de apoyos de los programas (45 días naturales, del 23 de abril al 7 de junio); el resguardo de recursos muebles e inmuebles, y la capacitación de los servidores públicos; difusión de las medidas de Blindaje electoral con la difusión de la Guía de los derechos de los beneficiarios de los programas sociales, pero sólo en las actividades de esa dependencia.
Es decir que de los 5 mil 904 programas y acciones sociales que tiene registrado el Coneval, 233 son federales y de éstos sólo 20 están “blindados” por ser competencia de la Sedesol.En el plano estatal y municipal son cerca de 5 mil 671 (3, 788 en el primero y 1, 883 en el segundo rubro) programas y acciones que tampoco participan en el blindaje. Sólo en los 17 estados en los que habrá elecciones locales son 2,012 los programas no protegidos.
“[Es] Un universo muy grande de programas que quedan sin ningún tipo de blindaje”, afirmó Paola Contreras Peña, coordinadora del Observatorio de Incide Social.
Desde la perspectiva del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, las acciones no difieren de las que dicha dependencia ha venido implementando en procesos anteriores, por lo que hace un llamado al Ejecutivo Federal para anunciar un blindaje que abarque todas las dependencias que manejan programas y acciones sociales; además de realizar un esfuerzo similar en los niveles estatal y municipal donde también se concentran miles de estas actividades.
Paola Contreras aseguró que el gobierno federal debe revisar y dar seguimiento a los blindajes, puesto que en otras ocasiones se han realizado y no se han visto resultados concretos. Asimismo, refirió la responsabilidad de gobiernos estatales y municipales, porque cada uno maneja programas sociales y no sólo es Sedesol.Comentó que es un problema estructural de la política social que ha sido recurrente; además que aunque se suspendan las medidas estos 45 días hasta el día de la jornada electoral quienes operan lo hacen desde mucho antes, por lo que insistió “es un asunto que se tiene que resolver desde una esfera más amplia”.
La coordinadora de la organización agregó que como todos los partidos y legisladores están involucrados, se tiene que llamar a la responsabilidad de todas las dependencias que tienen programas sujetos a reglas de operación y a todas entidades federativas y todos los municipios para cambiar esto desde un punto estructural.
Sin embargo reconoció que los cambios que sugieren exceden a la propia Sedesol debido a su forma de operar, ya que funciona a través de delegaciones en las entidades y “se diluye un poco la responsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno que participan”.
Para Contreras Peña, le corresponde al Poder Legislativo y al gobierno federal tomar cartas en el asunto. “Es un tema que debería tomar realmente en sus manos el Poder Ejecutivo y hacer un anuncio de blindaje de todos los programas y todas las dependencias y no sólo en las de Desarrollo Social”, dijo.
El verdadero blindaje electoral
Debido a que el uso político electoral de los programas sociales representa unos de los fenómenos más dañinos para el desarrollo, el Observatorio ha insistido en un blindaje estructural de la política social. “El verdadero blindaje tendría que pasar por una reforma real a la Ley general de desarrollo social”, advirtió Paola Contreras.
La coordinadora del Observatorio explicó que la verdadera problemática de la política social tiene que ver con la capacidad de que las personas usuarias se asuman como derechohabientes y cuenten con resortes institucionales efectivos para su exigencia.
Porque –expuso– “no son dádivas de los gobiernos, [sino] son una responsabilidad para tratar de equilibrar las desigualdades y las disparidades”.
El organismo expuso que ese blindaje estructural de la política social no se resuelve con una guía a difundir un mes antes de la elección, sino que las personas tienen que saber que es su derecho tener acceso a esos programas.
Contreras Peña detalló “nuestra guía para orientarnos son los instrumentos internacionales y los pronunciamientos que han hecho los relatores sobre algunas de las cuestiones que han pedido modificar en los programas sociales de México”.
En 2011, por ejemplo, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, se refirió a los principales puntos a a modificar en los programas sociales, y mencionó:
–La definición de beneficiarios de los programas debería ser más clara en la legislación, con el objeto de que las familias excluidas injustificadamente puedan presentar quejas de conformidad con la Ley General de Desarrollo Social; si bien esto está previsto de alguna forma, deben establecerse recursos efectivos ante los tribunales u órganos cuasijudiciales independientes con la potestad de ordenar la concesión de prestaciones;
–Se debe definir a los beneficiarios como titulares de derechos y mejorar los procedimientos de selección de los mismos.
Asimismo en el Informe de la experta independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda Carmona, se plante que los programas de transferencia de efectivo pueden plantear inquietudes por los abusos que los gestores de los mismos puedan cometer, por ello, “es esencial que todos los programas de transferencia de efectivo tengan mecanismos de rendición de cuentas a fin de evitar la corrupción, el abuso, la mala gestión y la manipulación política. La transparencia y acceso a la información son elementos esenciales de la rendición de cuentas”.
La relatora ha señalado que cuando no se disponen de mecanismos de rendición de cuentas ni de reparación, las personas no ven este tipo de programas como derechos.
Por ello, pueden convertirse en instrumentos de clientelismo y manipulación por parte de los actores políticos, por tanto deben establecerse mecanismos que permitan supervisar la administración de los programas, no sólo para protección de los beneficiarios, sino para la mejora de la eficacia de los programas; debe haber procedimientos de queja que incluyan procedimientos de apelación accesibles, sencillos, justos y eficaces, en los cuales haya garantías de anonimato y la posibilidad de presentar quejas tanto individuales como colectivas, con el fin de reducir los desequilibrios de poder.
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