Reconoció que algunos propietarios de estos giros rojos y negros mantienen los sellos de clausura en el frente de los establecimientos, pero ingresan a la clientela por la parte posterior y, por esa razón, ya también se interpusieron las denuncias correspondientes ante la PGJEM, pues esta violación se ha detectado tanto en el valle de Toluca, como en el de México.
Díaz Juárez afirmó que se denunció debidamente ante la PGJEM que establecimientos que habían sido debidamente suspendida su actividad por violaciones a la normatividad sanitaria, siguen funcionando y la PGJEM está actualmente en la fase de integración de las carpetas de investigación para actuar en consecuencia, es decir, asegurar el establecimiento y fincar las responsabilidades penales a que haya lugar.
Informó que si bien, la suspensión por parte de la Secretaría de Salud a través de Coprisem es un acto administrativo, la violación de los sellos de clausura por quienes operan estos establecimientos constituye ya otro delito.
Aceptó que en algunos de estos denominados giros rojos y negros se llegaron a detectar actos de trata de personas, explotación sexual y venta de alcohol a menores, entre otros ilícitos, por lo que los operativos se realizaron con el acompañamiento del Ministerio Público, para que se procediera a asegurar a las personas e iniciar las carpetas de investigación correspondientes.
Consideró que la Coprisem tiene una estrecha coordinación con los gobiernos federal y estatal, así como con las instancias encargadas de la investigación de probables actos ilícitos, por lo cual cada instancia actúa en consecuencia y de acuerdo con sus atribuciones.
Por otra parte, señaló que en los operativos para decomisar medicamentos caducos en 2014, se lograron decomisar más de 100 toneladas en la entidad, mientras que las visitas de supervisión permanentes a establecimientos con venta de alcohol permitieron clausurar más de mil 200 establecimientos clausurados por esa y otras causas durante el año pasado.
Explicó que entre las causas para la suspensión de estos negocios se encuentra la venta de alcohol adulterado y la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, además de no contar con la documentación como el dictamen de factibilidad de impacto sanitario que exige la ley para poder vender alcohol para el consumo inmediato y al copeo.
Díaz Juárez manifestó que estas supervisiones se realizan en operativos conjuntos con la Procuraduría General de Justica del estado, con la Sedena, con la Marina, con la PGR en algunas ocasiones, igual que la Cofepris y la Profeco, pues se realizan de manera multidisciplinaria y cada instancia actúa en el tema de su competencia y atribuciones.
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