Prisiones en México, “listas para estallar”

Más de la mitad funcionan al 124% de su capacidad

México, DF.- Un nuevo informe de una Organización No Gubernamental ofrece un vistazo a las causas de la sobrepoblación en las cárceles de México, arrojando luces de por qué el sistema penitenciario mexicano se ha convertido en una “bomba de tiempo”, lista para estallar en forma de violencia, según reseña una publicación de Insight Crime, un organismo con sede en Estados Unidos, dedicado al análisis de temas de seguridad en América Latina.

"México Evalúa" recopiló estadísticas de cada una de las prisiones federales, estatales y municipales del país en un estudio que examina la naturaleza de la población carcelaria de México y las condiciones dentro de las cárceles, con el objetivo de determinar la capacidad de estas instalaciones para servir a su propósito constitucional como centros de rehabilitación.

Más de la mitad de las prisiones del país se encuentran en condición de hacinamiento, operando actualmente a una capacidad de 124% con más de 242 mil prisioneros en espacios diseñados para 195 mil. Los estados con las cárceles más sobrepobladas son Nayarit, que trabaja a una capacidad actual de 188%; el Distrito Federal, al 184%, y Jalisco al 176 por ciento.

Dos prisiones de alta capacidad en la Ciudad de México superan su ocupación incluso en más de 200 por ciento. Estos números son alimentados en parte por el alto porcentaje de prisioneros –58.8%– que se encuentran cumpliendo una condena de menos de tres años, según el estudio que establece: “Los datos sugieren que la capacidad de persecución criminal del Estado es baja y se limita a los eslabones más débiles de la cadena delictiva”.

La gran mayoría –193.194– de los prisioneros del país están cumpliendo condena por delitos comunes, en lugar de delitos federales: 72 mil de ellos por robo. Un segundo factor de la sobrepoblación es el uso excesivo de la prisión preventiva: 41.3% de los prisioneros en las cárceles no tienen condenas. Aunque este porcentaje se ha mantenido bastante estable en los últimos años, las cifras se han duplicado desde mediados de los años noventa. México ocupa el octavo puesto en una lista que clasifica a 66 países según el número de prisioneros en comparación con las condenas, con 1.54 personas en prisión por cada sentencia dictada.

Esta cuestión prevalece en los estados de Baja California Sur, Durango, Oaxaca y Quintana Roo, donde más del 60% de los prisioneros están detenidos bajo el amparo de la prisión preventiva.

El porcentaje nacional es mucho más grande para los delitos federales, ya que los prisioneros detenidos preventivamente representan más de la mitad de la población carcelaria en 24 estados. El caso más extremo es el de Tabasco, donde el 94.5% de todos los prisioneros acusados de delitos federales no han sido condenados.

La sobrepoblación carcelaria no es atendida por un número correspondiente de trabajadores penitenciarios: a nivel nacional hay cinco prisioneros por cada guardia, pero este número es mucho mayor en estados como Quintana Roo, con cerca de 19 presos por cada guardia, y Tabasco, con cerca de 14.

“Bombas de tiempo”

El estudio señala que “en un contexto de creciente inseguridad y violencia (…) las políticas de mano dura se vuelven atractivas y populares. (…) la cárcel surge como la solución lógica y más inmediata”.

No obstante, la experiencia de muchos países latinoamericanos demuestra que estas políticas de línea dura a largo plazo, que dependen del encarcelamiento de más y más personas, pueden crear más problemas en vez de resolverlos.

El hacinamiento extremo en las prisiones de México ha ayudado a convertirlas en “bombas de tiempo” que están bajo el control de ciertos prisioneros y no del Estado, señala el estudio. El carácter ingobernable de las prisiones se refleja en los 269 enfrentamientos registrados, ocurridos entre 2010 y mayo de 2013, que resultó en la muerte de 568 prisioneros.

El estudio también señala que la percepción de inseguridad entre la población carcelaria ha aumentado. Si bien las cifras de México son preocupantes, no son tan altas como en Venezuela, donde las prisiones están funcionando a más de 290% de su capacidad y 591 presos murieron tan sólo en 2012. Las condiciones tampoco parecen ser tan malas como en El Salvador, donde las cárceles se encuentran en casi a 300% de su capacidad y las pandillas tienen un control casi completo.

No obstante, las prisiones de México muestran tendencias preocupantes. Un informe de 2011 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró que 60% de las prisiones del país estaban controlados por grupos criminales, y se cree que algunos de los episodios más violentos de los últimos años en las prisiones han sido causados por las acciones de los principales carteles de la droga.

Una masacre de 44 prisioneros, en febrero de 2012, del Cartel del Golfo y la posterior fuga masiva en Nuevo León se han atribuido a los Zetas, al igual que la fuga de 130 prisioneros en Coahuila, en septiembre del mismo año. El estudio establece que: “(…) las autoridades [mexicanas] han tomado como un indicador de efectividad del sistema el número de arrestos, consignaciones y encarcelamientos”.

Sin embargo, como ha señalado InSight Crime, las detenciones no necesariamente significan mucho. Las cuotas que deben cumplir los policías en México no diferencian entre el valor de sus objetivos, es decir, muchos policías persiguen a pequeños criminales en lugar de objetivos de alto perfil con el fin de alcanzar estas cuotas, lo que ayuda a explicar el elevado número de presos que cumplen condenas pequeñas. Estos delincuentes comunes, a su vez, pueden terminar conectándose fácilmente con las principales redes criminales durante su tiempo en la cárcel.

El fracaso de las prisiones de México para ofrecer una función de rehabilitación o de prevención también se refleja en el hecho de que, a nivel nacional, 15.5% de los prisioneros reinciden, aunque en el Distrito Federal, el área más afectada, la tasa de reincidencia es poco más del doble.

Aunque las cárceles de México no han llegado a los extremos observados en las prisiones notoriamente fuera de control en Venezuela y El Salvador, la creciente población carcelaria, junto con un bajo número de personal, han ayudado a crear el mismo tipo de condiciones que sólo se deteriorarán si no se abordan.