El desorden legal que impera en el País en materia de regulación del ciberespacio dificulta la lucha contra el delito, advirtieron ayer especialistasMéxico, DF.- La falta de una legislación adecuada, la violación de derechos por la obtención de información a través de dispositivos personales, como teléfonos celulares y tabletas, el escaso control de proveedores de servicios de internet, son algunos de los obstáculos para el combate al llamado cibercrimen, dijeron los expertos.
De acuerdo con Víctor Manuel Pérez Navarrete, agente del Ministerio Público de la Federación y especialista en el tema, falta una norma que controle a los proveedores de internet.
“(Falta una legislación) que los obligue a almacenar los datos de conexión que permitan a las autoridades correspondientes realizar rastreos de mensajes generados y transmitidos a través de internet, hasta su origen”, expuso Pérez en el marco del Segundo Congreso Internacional de Cibercriminalidad, organizado por la PGR.
Los Países europeos suscritos al Convenio de Cibercriminalidad de Budapest, dijo, obligan a los proveedores a almacenar la información, por lo menos, durante un año, para que la autoridad cuente con el tiempo suficiente para identificar la evidencia que vincule a una persona con un delito.
En contraparte, la Ley Federal de Telecomunicaciones marca un periodo que no es respetado por las telefónicas y proveedoras de servicios, de forma que la información que serviría como “evidencia digital” muchas veces no es resguardada.
Asimismo, explicó, los peritos informáticos no pueden, debido a su alto grado de dificultad, obtener la evidencia proveniente de dispositivos tecnológicos en un periodo de 48 horas, tiempo máximo que establece el Ministerio Público para consignar a un presunto delincuente.
En cuanto a los ciberdelitos -incluyendo estafas, extorsiones y trata de personas- el especialista indicó que muchos de éstos no están tipificados penalmente, pero pueden perseguirse con base en una correcta interpretación del Código Penal Federal y de la Constitución mexicana.
“(Es necesario que) se desprendan cambios legislativos que permitan no sólo definir los delitos que se cometen a través de estos medios, sino establecer los mecanismos que sirvan como enlace, o que permitan la comunicación entre el dispositivo emisor y el receptor (…) con la finalidad de brindar certeza para localizar al responsable de cometer el acto”, consideró.
Tanto la recolección de datos en tiempo real, señaló, así como la preservación de la evidencia conseguida, son dos factores que no han sido incluidos dentro de la legislación.
Otro reto destacado por el litigante fue la obtención de evidencia a través de computadoras o dispositivos móviles, puesto que puede, en algunos casos, considerarse una violación de derechos constitucionales, similar a la apertura de una carta personal sin el consentimiento del destinatario.
Ciberdelitos como pornografía infantil y trata de personas, que para su comisión utilizan servidores ubicados en el extranjero, también implican un problema jurisdiccional para el Gobierno mexicano, que no puede aplicar sus leyes en otros países, agregó.
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