México DF.- De un total de 152 casos de desapariciones forzadas estudiadas en siete estados del país, en 85 estuvo involucrado uno o más funcionarios públicos, documenta en una investigación de la organización Amnistía Internacional. El informe “Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México” revela que la mayor parte de las desapariciones se realizaron en Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero, en la mayoría de los casos, con la ayuda de autoridades.
“La organización cree que, sobre la base de la información disponible, en al menos 85 casos hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos, lo que convierte lo convierte en un delito de desaparición forzada tal como está tipificado en el derecho internacional”, dice el documento.
El informe detalla que la policía y las fuerzas de seguridad están infiltradas por bandas criminales y por ello, muchos funcionarios públicos colaboran en las desapariciones realizadas por estas bandas criminales.
Amnistía expone en su investigación que en el resto de los casos, existe una clara falta de diligencia por parte de las autoridades para localizar a la víctima, investigar las circunstancias de la desaparición o respetar los derechos de los familiares.
“A pesar del número escalofriante, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso en las situaciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes.
El fracaso sistemático por parte de las autoridades federales y estatales de tomar en serio las crecientes denuncias de desapariciones ha contribuido a crear un clima de tolerancia hacia estos crímenes”, dice el informe. La organización señala en su reporte, que además de los más de 26 mil desaparecidos durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la justicia mexicana arrastra alrededor de 700 desapariciones forzadas ocurridos entre 1960-1980 durante la llamada “guerra sucia” y que siguen sin resolverse.
Amnistía dice que al no investigarse los casos de forma eficaz e integra, se transmite a los delincuentes un mensaje de impunidad, donde desaparecer a alguien es fácil.
CUALQUIERA PUEDE DESAPARECER
Según la investigación realizada por la organización, en México cualquier persona puede ser víctima de una desaparición forzada. Pueden proceder de estratos y profesiones diversas y la mayoría son jóvenes hombres con edades que oscilan entre los 17 y 50 años. “Muchas víctimas recorrían un trayecto habitual cuando fueron obligadas a detenerse por hombres armados o por fuerzas de seguridad en controles.
Algunas acababan de salir de casa para ir a una tienda cercana o para visitar a un amigo, pero nunca regresaron. Otras se encontraron con actividades criminales, en las que a veces estaban implicados funcionarios públicos.
En ciertos casos, las propias víctimas eran agentes de policía o soldados. En otros, la policía de tránsito las obligó a detenerse por infracciones de tránsito falsas y las entregó a bandas criminales o a otras fuerzas de seguridad”, señala Amnistía.
Entre los desaparecidos hay algunas mujeres, personas que visitaban la ciudad por viaje de negocios y hasta personas que fueron secuestradas mientras buscaban a sus familiares o amigos extraviados. La organización también documentó algunos casos de migrantes mexicanos y centroamericanos que desaparecieron mientras intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos.
Amnistía dice que en la mayoría de los casos no hay responsables identificados ni detenidos por falta de investigación. “Debido a la casi completa impunidad de que disfrutan los autores de estos crímenes, los motivos que subyacen a las desapariciones no están claros. No obstante, los indicios disponibles apuntan a diversos motivos posibles, entre ellos: rescate, extorsión, robo, error de identidad, ajustes de cuentas entre bandas, represalia por no cooperar con bandas, reclutamiento forzado, trata de personas, interrogatorio de sospechosos, detención de personas con presuntos vínculos con bandas delictivas o para aterrorizar a comunidades para controlar barrios”, dice.
Ante la falta de atención de las autoridades, las familias investigan la desaparición de sus familiares, arriesgando su vida. Los parientes que buscan a sus desaparecidos, son víctimas en muchas ocasiones de amenazas de muerte.
DOS SENTENCIAS
Amnistía indica en su informe que pese a las denuncias e indicios que existen sobre muchos desaparecidos sólo se tienen dos sentencias condenatorias durante el periodo 2006-2012 por la Procuraduría General de la República (PGR).
Ambos casos estaban relacionados con delitos ocurridos en 2009 y las condenas se lograron gracias a confesiones. “En las jurisdicciones estatales no ha habido procesamientos ni declaraciones de culpabilidad por desaparición forzada.
En su informe de actividades de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó de que se estaban investigando 2 mil 126 casos de desaparición forzada y de que había recibido quejas de familiares en relación con 565 personas registradas como desaparecidas o no localizadas.
La Comisión emitió cinco recomendaciones sobre casos de desaparición forzada en 2012 y tres en 2011. Ninguna ha dado lugar a sentencias condenatorias”, indica el documento. El estudio señala que muchas familias entregan a los investigadores información detallada, teléfono celular de las víctimas, el número de la matrícula, datos bancarios, localización de cámaras importantes de seguridad o datos de posibles testigos, para que se agilice la búsqueda. Sin embargo estos datos ni siquiera han llegado a los expedientes.
REPORTE SIMILAR AL DE HUMAN RIGHTS WATCH
Los resultados de Amnistía Internacional son similares a los de la asociación civil Human Rights Watch, que en febrero denunció la colusión de autoridades policiacas con bandas del crimen organizado al menos en 60 casos y en 149 la intervención de fuerzas del Estado. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, señaló en esa ocasión que hay pruebas testimoniales, documentos oficiales, fotografías y videos que comprometen a servidores públicos en casos de desaparecidos.
“Esto es el resultado de una guerra sin controles, el récord de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos se produjo durante el gobierno de Felipe Calderón”, indicó en febrero. El director de la organización humanitaria explicó que México vive una crisis de seguridad que está en manos del gobierno de Enrique Peña Nieto y que debe combatirse con investigación judicial de cada uno de los casos, no sólo de los documentados por Human Rights, sino de los miles que se estiman. La investigación de la organización se realizó durante un año de trabajo y se tradujo en un informe de 193 páginas donde documenta 250 desapariciones durante el sexenio pasado.
En 20 casos perpetuados entre junio y julio por el Ejército, la Marina y Seguridad Pública en Nuevo León y Tamaulipas, por el modus operandi de estas desapariciones se llegó a la conclusión de que pudieron ser planeados y coordinados. También se encontró evidencia de que policías locales en Pesquería, Nuevo León, detuvo a 19 trabajadores de la construcción en mayo de 2011 y los entregó al crimen organizado.
El común denominador de todos estos casos es la actuación del Agente del Ministerio Público, el cual no inicia una búsqueda de los desaparecidos ni investiga a los posibles responsables. Al igual que el informe de Amnistía, las familias son las que se encargan de realizar las investigaciones de campo, a pesar de poner en riesgo sus vidas. Según lo que Human Rights Watch dio a conocer en febrero, México lidera en Latinoamérica en desapariciones forzadas, pues ni la dictadura militar en Brasil ni la de Chile, Argentina y la Guerra Sucia en México, dejó tantos desaparecidos como el sexenio anterior.
La cifra oficial de desaparecidos en Brasil durante la dictadura militar fue de 137 personas, mientras que en Chile con Augusto Pinochet fueron 3,000, en Argentina la cifra ascendió a las 10 mil y durante la Guerra Sucia en México a 500, cantidades rebasadas por mucho durante la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, dijo José Miguel Vivanco en febrero.
“Este fenómeno constituye una de las crisis más grandes de América latina en las últimas décadas, por las cifras, por el número de desaparecidos, por la falta de investigación, por la impunidad local”, dijo.
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