México DF.- La Cámara de Diputados comenzó ayer por la tarde la discusión de 17 temas que concentran la crispación sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión en calidad de preferente.
Los puntos que frenan los acuerdos sobre la iniciativa presidencial se refieren a la regulación de las outsourcing, los contratos por uno, tres y hasta seis meses, el trabajo por horas, los despidos y el pago de salarios vencidos, el trabajo infantil, el derecho de huelga y la transparencia sindical, principalmente.
Estos temas han sido utilizados para argumentar que la propuesta federal ofrece mayor competitividad o para denunciar que busca afectar a los sindicatos y dejar indefenso al trabajador.
La realidad es que en el país, de 32 millones de mexicanos con empleo, 15 millones 300 mil aceptan trabajar por horas, durante algunos meses, sin contratos que los respalden y sin acceso a prestaciones sociales.
En general, el Ejecutivo federal propone realizar 51 cambios a la legislación vigente.
Desde la perspectiva de especialistas y sindicalistas la iniciativa, así como está planteada, no necesariamente representará un beneficio para los trabajadores.
Crispan 17 temas ley laboral
Trabajo decente, Outsourcing, despidos, contratos por hora, multihabilidades, derechos escalafonarios, transparencia sindical y registro gremial son algunos de los puntos polémicos que discuten los diputados.
Rodeada de polémica, porque autoridades, sindicalistas, empresarios y políticos no se ponen de acuerdo, la reforma a la Ley General del Trabajo que la Cámara de Diputados debe aprobar o rechazar esta semana tiene 17 temas que crispan la discusión, porque lo mismo sirven para argumentar competitividad que para acusar destrucción de derechos que dejan indefenso al trabajador.
Así, temas como la transparencia y democracia sindical; la contratación por horas; la regulación de outsourcing; el despido por correo certificado; las huelgas con tiempo determinado; la limitación a sólo un año para el pago de salarios caídos en caso de despido injustificado y los mecanismos para aumentar la productividad se han rodeado de tantas versiones que ya son la “mitología” de la reforma laboral.
Y es precisamente esa polémica, que el pasado fin de semana incluyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la que refleja la trascendencia de la decisión política que deberán tomar los 500 diputados esta semana y los 128 senadores el próximo mes, pues con ello afectarán directamente los derechos y nuevas formas de trabajo de 32 millones de mexicanos con empleo.
A decir del presidente Felipe Calderón y sus secretarios del Trabajo, Rosalinda Vélez, y de Hacienda, José Antonio Meade, así como de los diputados y senadores del PAN, la propuesta de reforma laboral debe aprobarse en sus términos, porque permitirá el empleo a los jóvenes, la protección de las mujeres, regula el trabajo doméstico y las outsourcing, elementos que ayudarán, junto con el empleo temporal, a elevar la productividad del país.
Los empresarios argumentan que son precisamente estos elementos los que permitirán la creación de más empleos en el sector formal de la economía y con ello la generación de inversión y desarrollo que requiere el país.
Pero frente a esos argumentos, con los mismos elementos, los sindicatos responden que la reforma laboral propuesta por el presidente Felipe Calderón tiene trampas que sólo buscan la destrucción de los sindicatos, al reducirle al máximo al trabajador su derecho a la defensa de su empleo y su fuerza para enfrentar las arbitrariedades de los patrones, incluso con medidas que no elevan la competitividad, sino que facilitan los despidos.
Los políticos, en tanto, se dividen en cuatro grupos. Los que integran la izquierda más radical, como el PT, argumenta que no debe pasar ni una coma de la reforma laboral; la izquierda más institucional, como el PRD, acepta la necesidad de la reforma laboral, pero no en los términos que propone el Presidente de la República; la derecha que representa el PAN, que acusa complicidades y corruptelas de quienes se niegan a la reforma, y el PRI, que se mueve entre los compromisos con grandes sindicatos aliados y su afán de mostrar un nuevo rostro que atiende las necesidades de competitividad del país.
En medio de todos ellos está la redacción de los 51 cambios que propone Felipe Calderón a la Ley Federal del Trabajo, contenidos en 665 de los mil 10 artículos que constituyen esta norma, y que han generado que 17 temas concentren el mayor nivel de confrontación conceptual entre competitividad y derechos laborales, sin que ello excluya las precisiones que tanto priistas como perredistas tienen para el resto del texto.
De acuerdo con el análisis realizado por los asesores de la Cámara de Diputados, estos 17 temas son el concepto de “trabajo decente”; la regulación del outsourcing; los contratos por tiempo indeterminado por uno, tres y hasta seis meses; el trabajo por horas; los despidos y el pago de salarios vencidos; la productividad, multihabilidades y derechos escalafonarios; trabajadores a comisión; hostigamiento y acoso sexual; protección a madres trabajadoras.
También el trabajo especial en minas; empleados domésticos; democracia y transparencia sindical; empresas y ramas de jurisdicción federal; riesgos de trabajo; derecho de huelga; modificaciones sindicales y registro de sindicatos.
La mitología de la reforma
Los sindicatos, sus dirigentes y su vida interna están en el primer lugar de la mitología de la reforma laboral.
El gobierno de Felipe Calderón argumenta que incluir en los artículos 357, 364 Bis, 365 Bis, 371, 373, 391, 395 y 424 Bis la obligación de los sindicatos a transparentar la forma en que utilizan las cuotas de sus agremiados, que un auditor externo verifique sus cuentas, así como a permitir procesos democráticos internos para renovar sus dirigencias y someterse a la transparencia constante aumenta los derechos de los trabajadores y protege su patrimonio sindical, sin lesionar ni la Constitución ni los acuerdos internacionales.
Pero este argumento se topa con cuatro realidades. Una, que muchos sindicatos sí tienen mecanismos de rendición de cuentas ante sus agremiados, y por lo tanto, consideran que esta parte de la reforma sólo es un engaño que esconde la destrucción del derecho laboral.
Dos, que el Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo, que México está obligado a respetar, protege la autonomía de los sindicatos, y dice expresamente que ninguna autoridad gubernamental ni persona ajena al gremio debe inmiscuirse en sus decisiones internas.
La tercera realidad con la que choca la argumentación presidencial es que hay gremios, como los telefonistas, que tienen al mismo dirigente, Francisco Hernández Juárez, desde hace 36 años, pero cuyos integrantes votan por él constantemente, porque los beneficios que ha conseguido para ellos son más importantes que la renovación en la dirigencia; u otros, como el de los maestros, que tienen a su lideresa vitalicia, Elba Esther Gordillo, pero que tiene renovación constante de su dirigente formal, el secretario general, y siempre por votación innegablemente mayoritaria.
Cuatro, que la reforma presidencial no incluye una sola referencia a la obligación del propio gobierno federal para transparentar los montos y objetivos de los subsidios extra que canaliza a sus sindicatos, como el de los maestros, los petroleros o los burócratas, a pesar de que se trata de dinero que sale del erario federal, y que de acuerdo con los sindicatos independientes, concentran la verdadera zona de opacidad sindical. Continuará…..
No hay comentarios :
Publicar un comentario