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“La Retención 32 por ciento” es el recurso que el Gobierno federal usó para la adquisición de medicamentos, pero hasta ahora el desabasto persiste
El gobierno de la Cuatroté retuvo 32 mil 974
millones de pesos entre 2020 y 2022 a los estados para que el Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi) realizara la compra consolidada de medicinas en el país, y hasta ahora el desabasto de
medicamentos persiste, revela el Informe de Resultados 2023 de ese
instituto.
Bajo el nombre de "Retención 32 por ciento",
la Cuatroté retiró en el periodo referido esos 32 mil 974 millones de
pesos del presupuesto que iba destinado a brindar servicio médicos y medicinas
a las personas más pobres del país y que no cuentan con seguridad social.
El Insabi documenta que en el caso de la CdMx la
falta de medicinas y material de curación en noviembre de 2022
provocó que se estableciera junto al gobierno local mesas de seguimiento
semanal para mejorar el abasto de claves.
“Al inicio de las reuniones se identificó que la Ciudad de
México tenía un nivel de abasto cercano a 62 por ciento, habiendo
logrado un incremento de 93 por ciento de abastecimiento de recetas surtidas en
las unidades de primer y segundo nivel de la Secretaría de Salud y de
los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México”, aseguró.
Además, se realizaron mesas de trabajo para homologar los
catálogos de medicamentos y material de curación en todas las
unidades de salud, así como las gestiones necesarias para surtir de
los medicamentos suficientes a todos los Centros de Salud de las 16
alcaldías.
Sin embargo, reconoce que se requirieron acciones
extraordinarias para dotar “más de 650 mil piezas de medicamentos y material
de curación para garantizar la prestación de los servicios en las unidades
hospitalarias”.
El documento especifica que la Ciudad de México,
durante el primer trimestre de 2023, el nivel de desabasto es de 39
por ciento. “(La CdMx) ha recibido 61 por ciento de los medicamentos que
se programaron para la atención de la demanda durante el año 2023”.
Entre 2020 y 2022, la Cuatroté envió a los estados 174 mil
638.2 millones de pesos para atender a la población sin seguridad social y
de ellos casi 33 mil millones fueron retenidos para la compra consolidada
de medicinas.
En 2020 fueron nueve mil 382 millones de pesos, después 12
mil 836 millones de pesos en 2021 y de ahí se redujo la retención a 10 mil 756
millones de pesos el año pasado.
El aumento de recursos para la compra consolidada
de medicinas coincide con los tiempos de elecciones intermedias de 2021 y
también con el segundo año de la compra consolidada que el gobierno del
presidente López Obrador encargó a la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS).
Para brindar atención a los mexicanos que no están
incorporados como derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, de los
servicios de las Fuerzas Armadas o particulares, es que los gobiernos
estatales tienen a su cargo unidades, clínicas y hospitales en todo
el país.
Es a través de la denominada Transferencia de Recurso
del Programa Presupuestario U013 como la 4T estableció cómo entregar los
recursos a los estados, una vez iniciada la transformación en el sistema de
salud.
A pregunta expresa, el Insabi dijo que la "Retención 32
por ciento" es el recurso que el Gobierno federal usó para la compra
de medicamentos y otros insumos.
Uno de los indicadores de ese programa —identificado como
U013— señala que el papel del Gobierno federal es “vigilar que las entidades
estén destinando la proporción correcta del presupuesto asignado para la compra
de los medicamentos relacionados directamente con la atención de la población
sin seguridad social, el cual debe ser hasta de 32 por ciento del monto
asignado” o transferido desde la Federación.
“Ese dinero que se retuvo para la compra no sólo hizo que
los medicamentos llegaran tarde, sino que incluso hubo medicinas que
no llegaron, lo cual impactó el desempeño de los servicios de salud y de los
pacientes que no cuentan con los servicios médicos”, dijo Andrés Castañeda, de
la organización Cero Desabasto.
Explicó que otra cosa que se requiere revisar es el monto de
la retención y los términos de los convenios para determinar si se trató de una
“retención voluntariamente a fuerzas” establecida en los convenios con
el Gobierno federal.
Relató que en administraciones pasadas tampoco era opcional
que los estados aportaran para la compra, incluso las entidades deberían
aportar recursos estatales para ello. “Había una cuota social definida y el
estado ponía 0.5 y la Federación aportaba 1.5 por ciento por cada derechohabiente”.
Con la nueva propuesta del gobierno de la Cuatroté se
fijó un monto “a partir de las asignaciones históricas y a los estados se les
retiene ese 32 por ciento para la compra de medicamentos a cargo de Insabi y
UNOPS”.
Los registros en los estados, agregó Castañeda, indican que
Jalisco y Guanajuato pudieron “sortear la situación con recursos propios, pero
Chihuahua acentuó su situación”.
Las cifras de inversión que reporta Insabi revelan que
tampoco hay criterios claros para el monto de retención a las entidades en esos
tres años, ya que mientras en la CdMx los recursos aumentaron 85.2
por ciento, en los estados gobernados por la oposición como Tamaulipas, los
recursos bajaron 29.8 por ciento, en Chihuahua se redujeron 7.6 por ciento, en
Guanajuato 1.3 por ciento y en Jalisco 0.29 por ciento.
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