Por I. León Montesinos
* PRD, partido en vías de extinción
* Cuauhtémoc le dio la puntilla
* Crímenes pendientes de Aguirre
El padre político y guía moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas parece haberle dado la puntilla a las siglas bajo las que se cobijaron hace 25 años los miembros de la Corriente Crítica del PRI que en la figura del Frente Democrático Nacional (FDN), ganaron en los hechos la elección presidencial de 1988, pero cuyo triunfo no supieron pelear entregándolo tibiamente a Carlos Salinas de Gortari.
Para los despistados que ilusamente piensan que el PRD ha sido un partido de izquierda, debemos de recordarles que el ADN de su fundación es cien por ciento tricolor; de hecho, Jesús Ortega, “El Chucho mayor”, era bien conocido en la Secretaría de Gobernación, por su entonces titular, Manuel Bartlett Díaz –al que se le “cayó” el sistema electoral--, pues junto con su jefe desde el llamado PST (Partido Socialista de los Trabajadores) y más tarde el PFCRN (Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional) –también conocido como el “ferrocarril” por lo extenso de su nombre--, Rafael Aguilar Talamantes, sirvieron de alfiles al gobierno federal, léase PRI. El hoy senador de la izquierda, Bartlett acostumbraba a calificarlos de “tostoneros” por aquello de que se vendían a muy bajo precio.
No debe extrañar a nadie que la corriente de los “Chuchos”, encabezada por el mercenario y mercachifle de Jesús Ortega, hizo de las siglas partidistas un negocio personal que compartió con los líderes de las tribus. De hecho, son un puñado de vivales los que desde hace años usufructúan como franquicia al Sol Azteca brincándose como chapulines de un cargo de elección a otro, y colocando en las nóminas a sus familias enteras. Los auténticos líderes sociales, la gente realmente de izquierda no ha tenido cabida o ha sido marginada.
Ya vimos como los bribones “Chuchos” ni se inmutaron cuando su cliente Abarca –que ya tenía pensando comprarles su nominación como diputado federal--, se despachó al más puro estilo de la mafia siciliana a luchadores sociales perredistas en Guerrero. Ahora que se han puesto al descubierto sus corruptelas salen a darse golpes de pecho anunciando que en el PRD todo va a cambiar. Y en efecto, podría cambiar siempre y cuando salgan de ese partido las pandillas y tribus que lo han secuestrado en nombre de una inexistente izquierda.
Cuauhtémoc Cárdenas engendró al PRD y parece que él mismo se encargará de enterrarlo.
Por cierto que de la larga lista de pendientes delictivos por lo que el depuesto ex mandatario de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, aún debe responder y que inevitablemente caerá en el terreno del nuevo ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, está el homicidio del periodista Jesús Abel Bueno León, cuyo cadáver fue hallado el 22 de mayo de 1997 en la carretera de Chilpancingo a Tuxtla con múltiples golpes en la cabeza que prácticamente le destruyeron el cráneo. En una carta póstuma dejada a su esposa, el comunicador pidió que en caso de consumarse sus temores y sospechas, la primera línea de investigación debería encaminarse a la figura de Aguirre Rivero, entonces gobernador sustituto, responsable, según el comunicador de perpetrar “un gobierno de sangre y encarcelamientos”.
Bueno León era editor del Semanario 7 Días y aunque su muerte derivó en nutridas protestas de periodistas locales ante el gobierno de Guerrero, exigiendo la aclaración del crimen, cometido con inaudita saña --el vehículo del periodista fue quemado para evitar su identificación--, Aguirre Rivero desoyó los reclamos y ni siquiera se inmutó ante lo que en aquella entidad se sigue considerando uno más de los crímenes cometidos a la sombra de intolerancia y despotismo durante su interinato.
Muchos comunicadores guerrerenses aún recuerdan el acoso de que fue objeto Bueno León al grado de que dejó el domicilio conyugal para instalar oficinas aparte y de hecho, mudarse a vivir ahí para no exponer a su mujer y sus pequeños hijos de cinco y seis años. Por desgracia, los temores de ser asesinado se confirmaron, pero huelga decir el por qué nadie en el ámbito del gobierno local prestó oídos a lo denunciado por su viuda y el contenido de la carta dejada por el desaparecido comunicador donde también ligaba en una probable autoría intelectual al entonces Secretario de Gobierno de Guerrero, José Rubén Flores Catalán, el entonces todopoderoso funcionario.
A la macabra lista de asesinados a opositores e incómodos periodistas, en el interinato de Aguirre se sumó el homicidio del abogado universitario Norberto Flores Baños, cuya viuda, María Luisa Méndez Ríos, demandó en el 2002 la reapertura de las investigaciones del caso “para tocar fondo y llegar hasta el autor intelectual”. La ofendida señaló que debían también aclararse otros crímenes que se sucedieron en cadena y a consecuencia del primero.
En conferencia de prensa y al cumplirse, en mayo del 2002, el séptimo aniversario del asesinato, la viuda acompañada por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pioquinto Damián Huato, denunció que los ex gobernadores Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre, así como el entonces mandatario en funciones, René Juárez Cisneros, habían protegido al responsable intelectual, el ex secretario de Gobierno, Rubén Robles Catalán, el mismo al que señalara con claridad en su póstuma misiva el periodista Jesús Abel Bueno. Méndez Ríos dijo entonces que era más que evidente la impunidad y protección que los gobernadores en turno estaban otorgando al responsable intelectual de la muerte de su esposo, José Rubén Flores Catalán. No hay que olvidar que todavía hace unos años Aguirre Rivero formaba parte de la selecta grey priísta.
Para entonces habían sido procesados sólo los copartícipes del asesinato del abogado, Jaime León Sarmiento, Baltasar Rodríguez Olivares, Francisco de Jesús Morales y Miguel Ángel Gatica Levaro quienes fueron sentenciados a 32 años de presión pero León Sarmiento se fugó del penal el 29 de agosto de 1999. Mientras tanto el autor material del crimen, Miguel Ángel Gatica Levaro se encontraba prófugo de la justicia, lo mismo que el autor intelectual que, para María Luisa Méndez, es quien fungía como secretario de Gobierno en 1995, cuando ocurrieron los hechos, Rubén Robles Catalán.
La viuda recordó que quien contrató al responsable material y a sus cómplices fue el comandante de la Policía Judicial del Estado y compadre del ex secretario de Gobierno, Gaspar Miranda Altamirano, quien misteriosamente falleció dos años después del asesinato de su esposo.
Cuando fue victimado, Flores Baños se desempeñaba como asesor jurídico del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y era catedrático de la Escuela de Derecho de la UAG, y se distinguió por su permanente defensa de los derechos laborales de los trabajadores universitarios ante la administración central. Méndez Ríos lamentó que mientras los asesinos materiales y el autor intelectual de su esposo se encontraban libres muchos luchadores sociales estaban presos injustamente. Situación injusta que sigue prevaleciendo en Guerrero.
Contrario a lo que peticionó en el Senado de la República el panista Roberto Gil Zuarth al nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, de avocarse de inmediato a dos de prioridad nacional como Tlatlaya y Ayotzinapa, hay muchas otras aristas en Guerrero que deben investigarse a fondo pues constituyen los antecedentes e hilos conductos del grado de barbarie a que se llegó en la última gestión del depuesto Aguirre Rivero.
De hecho, gran parte de estos homicidios que siguen estando en la impunidad, no son obra de la casualidad ni de infaustas circunstancias sino elementos que explican buena parte de la conformación de los grupos mafiosos que se apoderaron del poder político en aquella entidad, muchos de cuyos operadores y exponentes todavía pululan en cargos públicos a nivel federal como es el caso del delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Guerrero, Héctor Vicario Castrejón, quien a finales del 2011, y en su calidad de líder de la fracción priísta en el Congreso Local, alentaba la postulación de José Luis Abarca como candidato a la alcaldía de Iguala, pero por el PRI. Situación que, como han expuesto algunos analistas, no se concretó para fortuna de su partido.
Se preguntara usted: ¿Y qué tendría de particular que Vicario impulsara a Abarca? A la luz de los sangrientos hecho, el tema cobra especial relevancia si consideramos que muchas de las mantas colocadas en Iguala y en sus alrededores, como parte de la lucha que sostienen las facciones de los distintos cárteles, ubican al ex diputado federal y local como el hombre pensante y operador del Cártel de los Guerreros Unidos, ligados al ex convicto ex alcalde de Iguala.
Hay otros elementos que no puede pasarse por alto: Héctor Vicario es y ha sido hechura política del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer; de hecho, ambos son originarios del municipio de Huitzuco y tanto él como el ahora cuestionado Aguirre Rivero, deben buena parte de su capital político a Figueroa. Vicario fue regidor en su natal municipio gracias al apoyo de Figueroa y más tarde fue nombrado Secretario de Finanzas y Administración durante su gobierno, cargo que ocupó hasta 1996.
Esta información no puede ser pasada por alta por el procurador Murillo Karam, ya que Vicario Castrejón, en efecto, es ubicado en Guerrero como un personaje que ha operado las partes oscuras de los negocios del ex gobernador por lo que ven como aventurada la información difundida en las narcomantas. De hecho, extraoficialmente hay quienes comentan que entre el actual delegado de la SEDETU y “El Borrado”, uno de los sicarios consentidos de los Beltrán Leyva, y hermano de María de los Ángeles Pineda Villa ---esposa de Abarca--, existían una estrecha relación más allá de la simple amistad.
Vicario no se cansa de exhibir las fotos donde aparece con el Presidente Peña Nieto, de quien se jacta, lo recomendó personalmente para el cargo que actualmente desempeña en el gobierno federal. ¿Será cierto?
Guerrero, como se observa, aún tiene mucho de qué hablar, por lo que el nuevo titular de la CNDH haría bien en echarle un vistazo a las decenas de expedientes que las delictivas autoridades han enviado al archivo muerto en las últimas dos décadas y donde está oculta parte de la cruenta historia que ahora empieza a conocerse. Luis Raúl González Pérez, tiene la palabra.
