Las alzas en las cuotas van de 1.25 y 2 por ciento para los servidores; del 2 por ciento para pensionados y pensionistas y el mayor incremento se haría en las aportaciones de las instituciones públicas, que van de 1.77 al 5.5 por ciento.
De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, el sistema de seguridad social se encuentra en riesgo, pues el número de servidores en activo crece en un promedio anual del 4 por ciento y el de pensionados y pensionistas en un 8 por ciento.
También admite que los sistemas de seguridad social atraviesan por una crisis financiera severa que merma su capacidad de ofrecer servicios.
Para justificar la propuesta de reformas, el Gobierno advierte que casi el 40 por ciento del presupuesto del ISSEMyM se destina al pago de pensiones, y alerta que de continuar así, a principios del 2014 el instituto ya no tendrá los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones de servicios de salud, y después con el pago de pensiones.
"La iniciativa que se presenta responde a un grave desequilibrio en el sistema de seguridad social del Estado de México, ya que su déficit se ha vuelto evidente y en el futuro cercano sería por demás difícil asegurar su continuidad", precisa el documento.
La propuesta prevé modificar el artículo 32 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos de la entidad y los municipios, a fin de aumentar el porcentaje de las cuotas obligatorias del 3.5 al 4.75 de su sueldo que los servidores deben cubrir para las prestaciones del servicio de salud.
Además se elevaría del 5.5 al 7.50 por ciento los descuentos al sueldo para financiar pensiones; y de ese porcentaje, el 6.10 por ciento se iría al sistema solidario de reparto; el 1.40 por ciento al sistema de capitalización individual y el 0.875 por ciento a gastos de administración.
Además, los pensionados y pensionistas pasarían de pagar cuotas del 4.5 al 6.5 por ciento de su pensión, que se destinarían a salud.
Por su lado las instituciones públicas tendrían que aportar el 10 por ciento del sueldo de los trabajadores para salud y el 9.27 por ciento para el financiamiento de pensiones, cuando en estos momentos entregan un 4.5 por ciento del sueldo para salud y un 7.5 por ciento para pensiones.
La iniciativa plantea reformas a los artículos 88, 91 y 93 de esa Ley para establecer que la pensión por jubilación se entregará a servidores con 65 años de edad, en lugar de los 57 años que antes se establecían, mientras la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio a quienes hubieran cumplido 65 años.
Actualmente, la edad establecida en la ley es de 60 años.
