La violencia continúa creciendo en el país y los cárteles de
la droga siguen ampliando sus territorios en lucha permanente por conquistar
más, dice Raymundo Riva Palacio.
Raymundo
Riva Palacio
La reunión de gabinetes de seguridad entre México y Estados
Unidos, que se llevará a cabo hoy en Washington, enfrentará al más débil
gobierno mexicano, y con la mayor vulnerabilidad política ante sus
contrapartes, al realizarse en un contexto de humillación para el Ejército y
las fuerzas federales por la sumisión, por omisión, ante los cárteles de la
droga. El hipertexto lo proveen los correos de la Secretaría de la Defensa
hackeados por el grupo que se autollama Guacamaya.
Son millones de mensajes extraídos de sus sistemas de
seguridad, pero unos cuantos encontrados al azar en un inmenso volumen de 36
mil documentos, que son la primera puerta que abrió Guacamaya mientras se
terminan de descargar los seis terabytes que ha proporcionado selectivamente,
abrieron una ventana a la información sobre el crimen organizado.
El Ejército tiene el mapeo preciso de todos los cárteles de
la droga, las bandas criminales que están asociadas a estas grandes
organizaciones, las redes de protección institucional que incluye protección de
gobernadores, la compra de alcaldes, diputados y regidores, sus sistemas de
inteligencia para saber los pasos y planes de grupos de interés y sociales. Su
inteligencia humana y tecnológica es vasta y sistemática.
Sin embargo, la violencia continúa creciendo en el país y
los cárteles de la droga siguen ampliando sus territorios en lucha permanente
por conquistar más. Es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
es donde se ha registrado el mayor número de muertes en tiempos de paz, aunque
se vive una especie de guerra civil entre criminales, donde el Estado mexicano
es, básicamente, testigo pasivo. Sólo de manera fortuita o extrema se han
involucrado las fuerzas federales en una lucha donde, por instrucciones
presidenciales, deben ser observadores y estar a la expectativa, pese a
disponer de toda la información necesaria para impedirlo.
No hay mejor botón de muestra que lo que sucedió hace unos
días en San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, donde la
primera línea de investigación de las autoridades federales señala al líder
de La Familia Michoacana en la entidad, José Alfredo Hurtado
Olascoaga, la Fresa, como el responsable del asesinato del alcalde Conrado
Mendoza, de su padre Juan Mendoza, que fue también edil, y de 18 personas más.
Cuatro días después, el Ejército desplegó soldados y artillería pesada a esa
zona en busca de los autores de la masacre.
Como ha sido el patrón sexenal, fueron reactivos, no
activos.
La masacre, como muchas otras en el país, pudo evitarse si,
como demuestran los correos hackeados por Guacamaya, hubieran actuado conforme
a lo que la ley le exige al gobierno federal. La Fresa debió sentirse tan
impune que, sentado en un mullido sillón y vestido con ropa y reloj de lujo,
grabó un video para YouTube donde pichó desinformación. Hurtado Olascoaga y su
hermano Jhonny (sic), el Fish, que controlan esa región de
Tierra Caliente, nunca habían dado la cara de esta manera. Ahora lo hacen
porque deben estar seguros y confiados de que el gobierno no los tocará.
Los correos hackeados mencionan al detalle a
alcaldes y alcaldesas que protegen a delincuentes en Guerrero, sin que haya más
justicia contra ellos que la que los propios criminales les aplican para dañar
a sus enemigos. Igual pasa con el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde,
pese a tener conocimiento claro de quiénes son, dónde están o qué vínculos tienen
con autoridades al más alto nivel estatal en algunas entidades, no se ha
actuado contra sus líderes. La consecuencia ha sido que, como se vio en
Jiquipilas, en la frontera de Chiapas con Oaxaca, estén desafiando abiertamente
al Cártel de Sinaloa, que es el amo de las rutas de la droga en ese tramo
del Pacífico mexicano.
Lo mismo puede decirse del mapa criminal que elaboró la
Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México sobre los grupos criminales que
operan en la capital federal. Hasta hace muy poco era una especie de santuario
para sus líderes y familias, y de almacenamiento y redistribución de drogas de
los cárteles. Ya no. Las organizaciones criminales, pese a que el gobierno de
Claudia Sheinbaum, a contracorriente de la estrategia de su jefe político,
López Obrador, sí utiliza información de inteligencia de la Marina y realizan
acciones conjuntas, para combatirlos, los están rebasando a niveles
preocupantes. El sábado pasado, lo que nunca había sucedido, pasó: un convoy de
criminales circulando en la alcaldía Milpa Alta.
Si saben que, por la capacidad de vigilancia en las calles
de la capital y el elevado número de fuerzas de seguridad locales y federales
que se concentran en la Ciudad de México, un convoy no registrado puede ser
detenido en un máximo de 90 segundos, ¿por qué lo hicieron? La impunidad es la
variable en su desafío. ¿Y cómo no van a tener esa percepción si quien lo
convierte en realidad es el propio Presidente, que ante la menor crítica
sostiene que no enfrentará a los criminales?
La autoridad policial o militar en México no es autoridad.
Las humillaciones a soldados, a quienes metafóricamente tiene el Presidente
amarrados de las manos, son intolerables e inaceptables en cualquier país donde
la ley sí es ley, y existe el Estado de derecho. La estrategia de López Obrador
era insostenible antes de Guacamaya, y se convierte hoy en un hándicap al
conocerse el detalle de la información en manos del Ejército: todo lo sabían y
nada hicieron.
Los cárteles avanzan en su expansión territorial y el
trasiego de drogas crece. La preocupación de Estados Unidos es por el
fentanilo, que asesinó a más de 100 mil de sus ciudadanos el año pasado, y que
mayoritariamente pasa por México, concentrándose 76% de la exportación en
Sinaloa, como demostró otro correo hackeado.
Desnudo estará el gabinete de seguridad mexicano ante el
estadounidense, sin respuestas a sus preguntas, ni margen para resistir
presiones. Los gritos de la guacamaya han resultado más sonoros que los pericos
de Palacio Nacional.
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