Suprema Corte de Justicia de la nación
* Laudos derriban alcaldes
* Costos de la justicia laboral
* Incumplidos en capilla
Por I. León Montesinos
“Si no se cumplen las sentencias, el Estado de Derecho no es más que una ficción (...) Todas las partes en un juicio y especialmente cuando éstas son autoridades, deben cumplir las sentencias que emiten los tribunales”. (Luis María Aguilar, presidente de la SCJN).
Delegados de la Ciudad de México y alcaldes de Puebla y el Estado de México, aún no digieren las consecuencias de haber ignorado por más de una década el cumplimiento de los laudos laborales emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje para restituir sus derechos y hacer justicia a diversos trabajadores y empleados despedidos o inhabilitados de forma arbitraria.
Junto con sus antecesores en el cargo ahora se lamentan de haber hecho gala de esa impunidad que ha devastado al Estado de Derecho en un país donde nadie respeta las leyes, empezando por las autoridades, como atinadamente lo señaló el presidente del Máximo Órgano de Justicia del país.
El pasado 7 de noviembre la Corte ordenó destituir al jefe delegacional en Venustiano Carranza de la Ciudad de México, Israel Moreno Rivera, y consignarlo ante un juez penal federal; además, ordenó que el extitular de esa delegación y diputado local, José Manuel Ballesteros, fuera también consignado por el mismo delito.
El artículo 267 de la Ley de Amparo contempla pena de cinco a diez años de prisión, multa de 100 a mil días o en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.
Como todas las resoluciones que emite la Corte, tales fallos son inatacables; es decir, que no existe procedimiento jurídico para apelar.
En su supina ignorancia del tema, la ex dirigente del PRD y ahora candidata a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales, se atrevió a decir que la decisión del alto tribunal trastocaba los principios de la democracia. Lamentable y bochornoso que quien fuera líder de las aeromozas olvidó muy pronto sus orígenes sindicales y la defensa de los principios básicos de los derechos laborales de los trabajadores. En el mismo tenor se expresó el jefe de la bancada política perredista en la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, que perrunamente salió en defensa de sus compañeros de partidos.
Curiosamente, ninguno de estos políticos de supuesta izquierda, salió en defensa de los pisoteados derechos de los trabajadores que debieron luchar en los tribunales hasta por 14 años, para llegar hasta la última instancia, donde, por fin, se les hizo justicia.
Tras la destitución del delegado, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó a la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa, una terna conformada por Gabriela Loya Minero, Omar Roberto Garibay y Mónica López Moncada, esta última electa para ocupar el cargo.
En la discusión del dictamen los asambleístas alegaron intromisión de la Corte y ponderaron que al ser votado “por el pueblo” sólo éste tenía competencia para remover a Israel Moreno.
El diputado perredista José Manuel Ballesteros López, planteó en la tribuna: ¿dónde queda el debido proceso? ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Pero pasó por alto mencionar, como el resto de sus compañeros, que también los trabajadores son pueblo y tienen derechos que no deben ser pisoteados desde los altos cargos de la función pública ni legislativa.
Y cuando se pensaba que las aguas se aquietarían dejando en reposo los roces entre el Poder Judicial y el Legislativo, otros asuntos, del mismo tenor, brincaron en Puebla y el Edoméx. El pasado 17 de enero los ministros ordenaron la destitución y presentación ante un juez de los presidentes municipales, y sus respectivos cabildos, de los municipios de Coacalco de Berriozábal, en el Estado de México y de Tlacotepec de Benito Juárez, en Puebla, debido a incumplimientos de sentencias
El pleno decidió por unanimidad, destituir a Erwin Javier Castelán Enríquez (PRI), alcalde de Coacalco, así como al síndico, tesorero y los respectivos regidores del municipio, debido al incumplimiento de un laudo laboral que dictamina, desde el 2013, la restitución de la plaza laboral en la alcaldía, a Julián Domínguez Zamudio, así como el pago de 4.1 millones de pesos a éste mismo por salarios y prestaciones. También con responsabilidad apareció el ex alcalde y actual diputado federal, David Sánchez Isidoro, que en el mayor de los desparpajos legales, lejos de afrontar su responsabilidad jurídica, ya hasta se registró nuevamente como aspirante a la alcaldía, por el PRI.
De Puebla, se removió a Pablo Pérez Maceda, alcalde del PAN por Tlacotepec, además del síndico y regidores de la localidad, a causa de incumplir en el pago de un terreno que ocupó dicha alcaldía, que se encontraba a nombre de Luminosa Pérez Huerta, y por el cual el ayuntamiento no pagó 967,397 pesos y 54 centavos, equivalentes a su valor comercial.
Igual suerte corrió el alcalde de Paraíso Tabasco, Bernardo Barradas Ruiz y sus diez regidores por el incumplimiento de un laudo emitido desde el 2012 a favor de 23 trabajadores; mismos a los que desde el 2006 se les quedaron a deber 38 millones de pesos, negándoles su reinstalación.
Tan de sorpresa cayó la decisión de la Corte que, por ejemplo, hasta hace unos días el ayuntamiento de Coacalco estaba sin pies ni cabeza. Suponemos que deberá ser el Congreso mexiquense la instancia que deberá nombrar un sustituto del alcalde y del cuerpo edilicio inhabilitado.
Ahora es el momento para que los alcaldes y delegados que tengan laudos por atender se avoquen a obtener recursos para subsanar tanto su apatía como la de sus antecesores en la atención de los laudos pendientes, antes de que los ministros de la Corte empiecen a cortar más cabezas. Tan sólo en la delegación Cuauhtémoc, como señaló el ex delegado, Ricardo Monreal, hay 25 laudos a los que les han salido telarañas por los años acumulados en los juzgados, y que no se han subsanado por falta de recursos.
La justicia laboral en México se tarda en llegar pero cuando lo hace se lleva de pilón a muchos políticos acostumbrados a cobijarse en la impunidad.
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