Pancho Búrquez
Hoy ya nadie lo duda: el gobierno es un pésimo maestro de obra. Su actuar se caracteriza por la ineficiencia, la corrupción y el despilfarro de recursos de todos los mexicanos. Por ello, la idea detrás de las asociaciones público privadas (APPs) parece buena. Se trata de que el gobierno pudiera aliarse con empresas privadas para llevar a cabo proyectos de una manera más eficiente y económica.
Sin embargo, hoy se pretende pervertir esto y convertir a las APPs en mecanismos para ocultar nuevos pasivos, para eliminar la transparencia y para saltarse el control y la vigilancia al Gobierno que debe ejercer el Congreso. Así, nos ha llegado al Senado, proveniente de la Cámara de Diputados, una minuta para reformar la Ley de Asociaciones Público Privadas.
En primer lugar, la reforma plantea eliminar un párrafo del artículo 14 de la Ley. Este párrafo hoy obliga a la Secretaría de Hacienda a realizar “una evaluación del impacto de los proyectos de asociación público-privada en las finanzas públicas durante su ciclo de vida”.
En otras palabras, este párrafo garantiza que los proyectos sean transparentes y permite una adecuada planeación financiera. El eliminarlo nos impedirá conocer el costo total del proyecto. Haciendanos pedirá el dinero para el enganche de la hipoteca, pero no nos dirá el valor de lo que se va a comprar ni mucho menos de a cuánto nos van a salir las mensualidades.
En el artículo 23, la reforma plantea que podrá haber proyectos que no requieran pasar por el Congreso para su aprobación. Esto no solo viola la Constitución al establecer pagos no previstos en el presupuesto, sino que supone mayores deudas ocultas. Se trata de proyectos que tendrán un costo para el erario pero que no estarán reflejados en el presupuesto aprobado, ¿de dónde saldrán los recursos?
De nuevo estamos ante un problema de transparencia que amenaza la rendición de cuentas, la separación de poderes y la planeación financiera. El gobierno insiste en ocultar el verdadero costo de los proyectos. Ni el Congreso, ni los ciudadanos tendremos conciencia del peso que supondrán para nuestros bolsillos.
Además, al no pasar por el Congreso se destruyen los necesarios contrapesos a los que debe estar sometido el gobierno. Preocupa que saltarse al Congreso se esté convirtiendo en una práctica común por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). No olvidemos que pese a sus promesas de no subir impuestos, ya los ha subido dos veces de manera oculta y sin pasar por el Congreso. Primero con el IVA a las comidas preparadas y después con el IEPS a productos lácteos. El Congreso no puede seguir perdiendo su papel de contrapeso al Ejecutivo.
No podemos seguir consintiendo mecanismos como este que hipotecarán todavía más el futuro de los mexicanos. La deuda pública en México ya ha alcanzado niveles muy preocupantes. Hoy debemos casi la mitad de nuestro PIB, cada mexicano nace debiendo 70 mil pesos.
Este endeudamiento no nos sale gratis. Aun con tasas de interés en mínimos históricos, hoy los mexicanos pagamos 500 mil millones de pesos al año sólo para pagar los intereses de la deuda. Esto es diez veces el presupuesto del programa Prospera-Oportunidades y casi lo mismo que todo el presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos ante una bomba de tiempo, una bola de nieve que no para de crecer.
Sin embargo, el gobierno lejos de poner un freno a esta situación únicamente busca mecanismos para ocultar deudas. Así, a la par de un endeudamiento visible de más de 600 mil millones de pesos para 2016, se han establecido diversos mecanismos para ocultar deudas. Las reformas a las asociaciones público privadas y los llamados bonos educativos son solo algunos ejemplos.
A grandes males, grandes remedios. El pasado mes de octubre presenté en el Senado una iniciativa para prohibir en la Constitución el endeudamiento, para que los gobernantes salden sus deudas antes de dejar el poder y para que los políticos que endeuden a los ciudadanos enfrenten sanciones penales.
La bancada del PAN en el Senado me acompañó en este esfuerzo. Aunque es difícil que otros se sumen y la hagan realidad, continuaremos ese esfuerzo. Espero que, al menos, existan las voluntades de decir no a esta reforma y se generen los consensos para hacer las correcciones que eliminen toda posibilidad de ocultar más deuda pública. Los mexicanos no merecen menos.
