Hay veces que la realidad ciertamente supera a la ficción. Cuando el sábado por la noche empezaron a circular los rumores de la fuga, yo estaba en una reunión con comunicadores y con otras personas vinculadas con el sector seguridad. Todos pensamos que era una broma. No era, los rumores se confirmaron, estábamos ante otra vergüenza nacional: por segunda ocasión Joaquín Guzmán Loera, el criminal más célebre del mundo, se le fugaba a las autoridades de nuestro país. Esta vez la nota le dará la vuelta al mundo. Para regocijo de los críticos del presidente –y de las giras faraónicas al extranjero– los medios no hablarán de otra cosa durante la visita de Estado a Francia. Sería cómico, si no fuera también trágico e imperdonable.
Más allá del ridículo, la fuga del Chapo es significativa. El gobierno mexicano pierde una fuente de información con enorme potencial para la estrategia de combate al crimen organizado. Las autoridades mexicanas también pierden credibilidad, sobre todo en su relación con agencias norteamericanas de seguridad (cuya colaboración sigue siendo central para el intercambio de información que ha hecho posible, entre otras cosas, las capturas de capos). Nuestros vecinos tendrán un argumento contundente para pedir que les mandemos a la brevedad a todos los narcotraficantes de renombre que hoy se encuentran recluidos en nuestros penales.
En su momento el procurador Murillo Karam desestimó la extradición del Chapo; en su opinión, Guzmán Loera debía cumplir primero su condena en México. La decisión de Murillo Karam –junto con la afirmación del presidente de que una fuga sería “imperdonable”– resultó desafortunada, pero no por ello equivocada. El error no fue no haber extraditado. México no puede renunciar a su derecho a procesar y recluir en territorio nacional a criminales de alto perfil. Los capos presos son un activo de valor incalculable en términos de inteligencia. Entregarlos sin más al gobierno norteamericano implica renunciar de forma injustificada a dicho activo, y colocar a México en una posición de desventaja en las negociaciones binacionales en materia de seguridad.
La fuga es un duro golpe al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (que no era, dentro de lo que cabe, visto como una institución incompetente). Dentro de todas las deficiencias que han exhibido las instituciones de seguridad en los últimos años, los penales federales eran, por así decirlo, de lo menos malo. Operan a un altísimo costo, eso sí. En 2015, para la administración del sistema federal penitenciario se destinaron 17 mil millones de pesos (algo así como tres cuartos de millón de pesos para cada una de las 22 mil o 23 mil personas internas en el sistema). Los proyectos para ampliar la capacidad del sistema se han retrasado o se han ejecutado con una erogación injustificable para el erario. Sin embargo, no vimos en los penales federales los episodios de autogobierno, violencia criminal y fugas masivas que hace unos años plagaron a los penales estatales. Había un nivel aceptable de confianza en que, una vez en un penal federal, los criminales al menos cumplirían sus sentencias. Evitar la fuga del Chapo era la prueba de fuego, y hoy esa confianza se ha quebrantado.
Resulta obvio que la fuga sólo fue posible con la colusión de parte, si no es que la mayor parte o la totalidad del personal del Penal del Altiplano, así como de quienes son responsables de supervisar desde fuera la operación de dicho penal. Máxime porque hubo alertas de que algo andaba mal. Apenas en junio se reportó en medios que, Guadalupe Lucero Sánchez, diputada local en Sinaloa, era investigada por la PGR por utilizar documentos falsos para visitar al Chapo. El incidente resultaba especialmente sospechoso porque el centro de reclusión cuenta con equipo de identificación biométrica (lo que debió bastar para que la visita se impidiera). Aun así, y a pesar del perfil del detenido involucrado, la respuesta fue lenta. No sólo eso, por la modalidad del escape, resulta claro que muchos funcionarios dentro y fuera del penal –sobornados o intimidados– decidieron hacerse de la vista gorda, y no llevar a cabo las inspecciones y protocolos que seguramente contempla la normatividad, y a los que en todo caso obliga el sentido común.
La fuga del Chapo exhibe todo lo que el Estado mexicano tiene de bananero. El sistema de readaptación social sirve para encarcelar pobres, poco importa si son inocentes o culpables. Pero dobla las manos cuando se enfrenta a personajes con recursos. Ahí están también las repetidas capturas y liberaciones del Menchito. Cuando las autoridades lidian con actores con recursos ninguna omisión es inverosímil, ni siquiera permitir la construcción de un túnel kilométrico en el penal de máxima seguridad del país.
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